Consensos posibles
La aprobación de la prórroga de la emergencia alimentaria, votada casi por unanimidad en la Cámara de Diputados este último jueves, aún es demasiado reciente como para prever sus efectos en los sectores sociales a los que está destinada.
¿Servirá para paliar el hambre y la mala alimentación? ¿Será un instrumento que dinamice la ayuda para quienes más lo necesitan? Por lo pronto, hay que decir que, incluso en medio de la crisis económica y de la campaña electoral, es posible lograr consensos básicos entre el oficialismo y la oposición.
En principio, la ley permite al Poder Ejecutivo agilizar los procesos administrativos (realizar compras por contratación directa y no por licitación) y cambiar el destino de dineros públicos del Presupuesto, en este caso sobre programas alimentarios y nutricionales, que administra el Ministerio de Desarrollo Social.
Además de prorrogar la emergencia hasta diciembre de 2022, establece un aumento mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias ejecutadas para políticas alimentarias en 2019. En concreto, es una suma extra de entre ocho mil y 10 mil millones de pesos que no implica un gasto adicional para el Estado –lo cual incrementaría el déficit–, pues se trata de dineros que el Gobierno puede tomar de otras partidas ya previstas en el presupuesto y que todavía no fueron ejecutadas.
Si en un primer momento varios referentes del Gobierno nacional o de la coalición Juntos por el Cambio –como el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, o el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto– se mostraban renuentes a admitir la necesidad de esta declaración, a la hora de los votos en el Congreso y ante la presión de las organizaciones sociales en las calles, decidieron que sería una señal positiva de cara a la sociedad.
La misma Casa Rosada terminó acompañando la iniciativa, de modo que si esta tenía un supuesto componente de especulación electoral de parte de quienes la impulsaban –entre ellos, dirigentes sociales aliados al Frente de Todos–, ese elemento cuestionable se disolvió en el acuerdo parlamentario.
Sería pecar de ingenuidad suponer que la clase política argentina se ha vuelto madura de un día para el otro. En realidad, también en este caso hubo mucho de ajedrez antes de que se declararan “tablas” entre los principales contrincantes.
Lo importante es que las partidas lleguen a quienes deben llegar, porque tanto la pobreza como el hambre son realidades en el país y no simples consignas para demostrar quién es más sensible. Ojalá en el futuro también se logren consensos sobre cómo transformar a la Argentina en un país productivo, donde la pobreza y el hambre sean sólo malos recuerdos.