Piden ampliar los plazos de la UNC para denunciar violencia de género
El máximo es de cuatro años. Afirman que ese lapso no contempla características específicas de las situaciones denunciadas. Solicitan que los plazos de la reglamentación interna se asemejen a los de la Justicia ordinaria.
Los casos de violencia de género son transversales a toda la sociedad, desde el ámbito doméstico hasta ámbitos educativos, pasando por empresas e instituciones públicas y privadas.
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por tanto, no es ajena a los delitos de acoso, abuso u otras formas de ejercerla. Hace cuatro años se creó un programa especial para atender estos casos dentro del ámbito universitario que hoy se denomina Unidad Central de Políticas de Género, cuyas funciones incluye la de receptar y acompañar denuncias de violencia.
Sin embargo, la legislación actual de la universidad contempla un plazo de prescripción de las causas que, consideran muchos, no son acordes a la problemática.
El reglamento de investigaciones administrativas de la UNC establece en el artículo cuarto del capítulo tres –concerniente a las infracciones del personal docente– que la acción disciplinaria prescribe a los dos años desde la fecha en que la Universidad toma conocimiento del acto o hecho punible o a los cuatro años de cometido el hecho (lo que ocurra primero). Sin embargo, según aclara el artículo, “la intervención de la Fiscalía Permanente, así como la iniciación de una información sumaria, de un sumario o de un juicio académico, interrumpen la prescripción”.
A raíz de algunos casos graves denunciados en el ámbito universitario, cuyas causas fueron archivadas por considerarse prescriptos los plazos de denuncia, agrupaciones políticas y feministas pidieron la modificación de estos plazos.
“Consideramos urgente la modificación normativa y reglamentaria concerniente al Plan de Acciones de la UNC, que a cuatro años de su implementación aún no se han realizado”, indicaron desde la misma Unidad de Políticas de Género en un comunicado. “Es necesaria la revisión con perspectiva de género de los tiempos de prescriptibilidad, de la noción de ámbito universitario que trasciende la cuestión geográfica, entre otros aspectos relevantes”, agregaron.
El tema trascendió luego de que se conoció que una causa por abuso sexual contra un profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades se había archivado ya que el hecho denunciado había ocurrido hacía más de cuatro años.
Desde la Defensoría de la Comunidad Universitaria aseguraron que ya hay un proyecto presentado en el Consejo Superior.
En la Justicia ordinaria, cada causa prescribe según el delito, cuando pasa el máximo de la escala prevista. Por ejemplo: en el delito de robo, la escala de la pena es de un mes a seis años; entonces, la prescripción es a los 6 años. Para un casos de abuso sexual con acceso carnal, al imputado le correspondería una pena de entre seis y 15 años (incluso, podría ser más en caso de que ejerciera una función pública) y en este caso en particular, la prescripción del delito sería de 12 años, según lo establece el artículo 62 del Código Penal.
En caso de que la persona denunciada ejerciera una función pública –por ejemplo, si fuera profesor–, según el artículo 67, el plazo de los 12 años no comenzarían a correr hasta tanto el agresor dejara de ser docente.
Lo que desde el ámbito universitario se pide es que los plazos de la reglamentación interna de la institución se asemejen a los de la Justicia ordinaria.
Dos canales
No siempre las denuncias radicadas en el ámbito universitario conllevan una denuncia en la justicia ordinaria. Eso depende de la víctima y también del delito. Si se trata de una falta al reglamento que para la Justicia no fuera delito, la denuncia se debería radicar sólo en el ámbito universitario. En cambio, si se tratara de un delito para ambos organismos, podría realizarse en ambos ámbitos o sólo en uno de ellos, según decida la persona denunciante.
Argumentos
¿Por qué se pide que se amplíen los plazos de prescripción?
Desde que el conocimiento de las características específicas sobre los casos de violencia de género y su diferenciación de otros delitos, las leyes y la Justicia han ido incorporando modificaciones para su correcto abordaje.
Una de esas características es que las víctimas tardan más en denunciar los delitos contemplados dentro de la violencia de género. Hay estudios según los cuales mientras más grave o más prolongado en tiempo ocurrió el delito, más se tarda en denunciar.
Para graficar: si una alumna sufriera abuso por parte de un profesor o un directivo en su institución educativa, se debe contemplar que denunciar a una persona con autoridad en el mismo ámbito donde desarrolla su carrera es más difícil. Aunque desde todos los ámbitos que trabajan con violencia de género se trata de generar conciencia sobre la importancia de la denuncia inmediata, la realidad y la repercusión psicológica de estos hechos supera ampliamente un calendario.
Procedimiento
¿Cómo sería los pasos institucionales para una reforma?
Como la reglamentación de las investigaciones administrativas se realiza con base en los convenios colectivos de trabajo, fuentes universitarias especializadas en el tema indicaron que primero se deberían modificar estos convenios.
El primer paso para que esta demanda de la comunidad universitaria sobre los plazos de prescripción se materialice, es que el Consejo Superior recomiende al rector de la universidad que plantee la necesidad de que se modifiquen por acuerdo paritario los plazos de prescripciones establecidos en los convenios colectivos en los temas referidos a violencia de género.
Luego, se debería llamar a los gremios para cambiarlos en forma conjunta con la universidad (no se pueden modificar unilateralmente) y a partir de ello, recién allí se podría modificar la reglamentación interna.
En caso de que llegue a cambiarse la reglamentación, los nuevos plazos regirán para los hechos ocurridos a partir de esa modificación.
Una vez que se recepta la denuncia, se deriva la causa a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que realiza un dictamen (aconseja) a la unidad académica a la que pertenece el o la denunciada para que se inicie o no un sumario. Si se dictamina que se abra el sumario, la causa pasa por la Dirección de Sumario, en la que se podrá ratificar la denuncia y analizar las pruebas. Y, una vez concluida esa etapa, recién se cita al denunciado.
NO HAY ARMONÍA CON LAS LEYES NACIONALES PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Flavia Dezzuto, decana de Filosofía y Humanidades