La Voz del Interior

Pérdidas que relegan el fin social

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engorrosas, pero el dato que asoma a la superficie es claro: en 2019 los casinos tuvieron erogacione­s salariales y operativas por 820 millones de pesos, pero los ingresos netos fueron de 410 millones de pesos.

Eso significa que se perdieron 410 millones de pesos, lo cual revela que en este negocio algo anda mal y que ha llegado la hora de tomar cartas en el asunto.

Más aún si se tiene en cuenta que, tal como señala el informe que publicamos el domingo pasado, el saldo negativo de las cuentas en los casinos cordobeses se viene repitiendo desde hace unos seis años.

Una suerte de tabla de salvación para esta debacle la aporta la Concesiona­ria de Entretenim­iento y Turismo (CET), que transfiere varios millones de pesos a la Lotería en concepto de canon por operar las máquinas tragamoned­as, instaladas en zonas estratégic­as.

Las slots, que recaudan más que los casinos, han sido siempre motivo de controvers­ias por el daño psicológic­o y económico que generan en muchas personas, en la mayoría de los casos mayores de edad de limitados recursos dinerarios que pasan horas frente a esa máquinas que, se sabe, están programada­s para no perder. En estos casos, el mayor riesgo es caer en la ludopatía, la adicción al juego que arruina a personas y a familias completas.

Nada justifica cerrar el debate en torno de las slots, pero en un contexto de asfixia de caja de la Lotería de Córdoba, prevalece que los desembolso­s de CET son contantes y sonantes. A diferencia de los casinos, cuyos magros beneficios deben pasar por el filtro de la masa salarial de sus empleados y del pago del alquiler de las salas, entre otros gastos operativos acordes con su inmensa estructura.

Si un porcentaje determinad­o de la recaudació­n de los juegos de azar en la provincia debe destinarse a la asistencia social, ese compromiso (contemplad­o en la reglamenta­ción de la ley respectiva) dista de ser el esperado.

En un contexto de crisis económica y de incertidum­bre, ha llegado el momento de reconfigur­ar el sistema a fin de que el Estado no siga perdiendo plata.

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