¿Quién atiende los derechos humanos?
Sexto día de cuarentena en Perú. Me levanté temprano esperando una confirmación de la embajada argentina en este país que finalmente no llegó. Desde la sede consular habían alentado acerca de la posibilidad de enviar dos vuelos charter desde Cusco, ciudad en la que me encuentro varado, hacia Lima, para luego volver a Argentina.
Cada vuelo unos 170 pasajeros, 340 posibilidades de volver al país. Sin embargo, los turistas encontramos por la tarde de ayer una explicación nada satisfactoria de las autoridades del consulado.
“Los vuelos dependen estrictamente de las autoridades peruanas, para el desplazamiento por tierra y la realización de charters sanitarios”, indicaron. Líneas más abajo de un comunicado oficial emitido en la página de Facebook, enunciaron que “la embajada carece de potestad para decidir vuelos y partidas” dando cuenta de la falta de autorización de parte del Gobierno peruano para operar las aeronaves. “Estamos imposibilitados”, concluyeron.
Decepcionado, me abstraje de la bronca en los grupos de WhatsApp de los varados argentinos y pensar en cómo seguir. Cristian, un profesor colombiano de fútbol, que integra el grupo de 11 turistas que convivimos está cuarentena, ofreció una clase de gimnasia en el patio del hostel. Entre planchas y sentadillas decidí que la presión internacional podría ser una herramienta.
Ayer, el mendocino Carlos Ortiz (70), un paciente oncológico (autorizado por su médico) que está en esta ciudad, se vio bastante afectado. “Tiene los glóbulos blancos muy bajos, el estrés hace que le bajen las defensas y es población de riesgo ante el coronavirus”, contó su hija Lorena. Había que hacer algo.
Al impedirnos el traslado a Lima para abordar un avión hacia Ezeiza, el gobierno del presidente Martín Vizcarra viola el artículo 13 inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Vizcarra, en una medida tomada el 16 de marzo, decidió cerrar fronteras, vuelos y viajes terrestres, decretando toque de queda. Esto dejó a cientos de turistas varados y para ellos no emitió salvoconducto para abandonar el país, obviando cuestiones humanitarias como falta de recursos económicos para solventar la obligada estadía o problemas de salud.
Además, al persistir en su decisión de no resolver la situación de cientos de extranjeros y endurecer su postura, viola también el artículo 30 de la misma declaración.
Por ese motivo, luego de repeticiones de ejercicios, con lápiz y papel reescribí un texto que compartimos entre los varados cordobeses para emitir denuncias y envié una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los derechos humanos están por encima de la decisión de un presidente.
LOS TURISTAS ENCONTRAMOS EN LA TARDE DE AYER UNA EXPLICACIÓN NADA SATISFACTORIA DEL CONSULADO.