Una ayuda imprescindible
Através de distintos mecanismos, el Gobierno nacional puso en marcha el pago de sumas de emergencia para grupos vulnerables, con el objetivo de superar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus en el país.
Jubilados y pensionados nacionales que ganan hasta 18.869 pesos, beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH) y por embarazo (AUE) y de planes sociales recibirán un bono extraordinario en las próximas semanas.
El Gobierno dispuso también el pago de un ingreso familiar de emergencia (IFE) para trabajadores informales y para los monotributistas de las categorías A y B, en las que está inscripto el 60 por ciento de los
3,6 millones de monotributistas registrados. En todos los casos, se trata de ayudas necesarias e impostergables para atender la caída en los ingresos que soportan los sectores más vulnerables de la población, o bien de jubilados y pensionados.
Sin embargo, más allá de reconocer la oportuna reacción oficial, la ayuda resulta insuficiente.
Los jubilados que realizaron aportes por
30 años y cobran un haber apenas superior al mínimo, que resulta más que precario, también están urgidos en la emergencia.
Casi cuatro de cada 10 trabajadores se desempeñan en la informalidad, la mayoría en las industrias y prácticas más castigadas por el receso, como son el turismo, la gastronomía, el entretenimiento y los deportes. En no pocos casos, son el sostén de esas actividades.
Casi 1,5 millones de monotributistas tampoco tendrán un haber de emergencia pese a que tributan por un ingreso mensual promedio apenas superior a los 26.100 pesos; por caso, los inscriptos en la categoría C. Ese monto resulta hoy insuficiente para atender la supervivencia digna de un núcleo familiar.
Tampoco es claro el mecanismo que se usará para abonar el ingreso de emergencia a los trabajadores informales que carecen de cuenta bancaria, dada la necesidad de contar con la presencia del individuo para habilitar ese mecanismo, en tanto permanezcan cerradas las entidades financieras.
Existe, además, un universo de trabajadores autónomos y cuentapropistas que no han sido alcanzados por ninguno de los beneficios anunciados, los cuales están obligados a generar en la recesión los recursos para la alimentación y el pago de servicios e impuestos.
Lo realizado por las autoridades nacionales debe ser valorado, pero la urgencia obliga a encontrar mecanismos de compensación para la supervivencia de trabajadores y de emprendedores.
La vida y la salud de millones de argentinos exigen hoy respuestas por parte del Estado, aun en la precariedad de los recursos.