Schiaretti y Llaryora, por cambios de fondo en plena crisis
Sin elecciones en el corto plazo, con un sector privado en agonía y una cuarentena sanitaria que impone restricciones inéditas para la protesta gremial, los gobiernos de Juan Schiaretti en la Provincia y de Martín Llaryora en el municipio capitalino están convencidos de que es la oportunidad histórica para modificar cuestiones estructurales que hacen al “costo Córdoba” y que, en determinados frentes, vuelven inviables las gestiones.
En algunos frentes, la batalla excederá la pulseada por el uso de los fondos públicos: se trata de quitar al gremio de la mesa de las decisiones. Perder el cogobierno será, en algunos casos, más gravoso para el frente gremial que renunciar a ciertas conquistas.
El foco inmediato está puesto en la administración municipal, ya que con la reforma previsional sancionada y Epec medianamente controlada, la Provincia apuesta a trasladar recursos técnicos, humanos y tecnológicos al gobierno de la Ciudad.
Lo paradójico es que en varios casos lo que se trata de modificar son concesiones que fueron dando los propios gobiernos peronistas. Es más: fueron de esta gestión de Unión por Córdoba, ahora Hacemos Córdoba, que universalizaron derechos que en los estatutos del ’70 fueron contemplados sólo para algunos. Eso había pasado en Epec.
Aunque está gobernada por primera vez por el peronismo después de varias décadas, el municipio es el mejor ejemplo de este fenómeno. Las bonificaciones que cobran los municipales van del 20 al 50% del sueldo básico y están previstas como reconocimiento por realizar tareas insalubres o muy específicas. Pero los diferentes intendentes las fueron ampliando y hoy las perciben 8 de cada 10 empleados.
Llaryora no tocó esas bonificaciones, pero avanzó en recortes de horas extras y prolongaciones de jornada, que el Suoem considera derechos adquiridos. Eso fue antes de la reducción de una hora de la jornada laboral aprobada por el Concejo Deliberante.
Eso explica, en el fondo, el desencanto profundo de las bases gremiales, plafones electorales por excelencia del peronismo local: leen esa quita como una traición directa, con el agravante de que no hay otros en la oposición que puedan asumir masivamente la representación de los trabajadores.
Esa orfandad de las bases requerirá un esfuerzo adicional de la conducción: negociar. Un arte que los dirigentes gremiales de UTA, Suoem, Surrbac, Luz y Fuerza Córdoba y Aoita casi desconocen: siempre se impuso el reclamo por las malas, a fuerza de paros o amenazas.
En este contexto, que no será eterno, lo inédito es que ni el paro ni la amenaza funcionan con el poder de presión que siempre tuvieron.
Los choferes de media distancia hace casi 45 días que están de paro y los urbanos, 16 días. La falta de servicio –sin clases, ni administración pública y con el comercio reducido– es vista hasta con alivio por parte de las autoridades sanitarias, porque el colectivo hoy es el factor principal del contagio del coronavirus.
También la dirigencia política está obligada a discernir y acordar con inteligencia: no hay posibilidad alguna de cambiar convenios colectivos sin acuerdo de los gremios. La mesa de discusión es el Ministerio de Trabajo nacional, pero más allá de quién gobierne en la Nación, la chance de reescribir los convenios es cero si no hay acuerdo gremial. Pasó con Luz y Fuerza Córdoba durante la gestión de Mauricio Macri: se negaron a discutir y no se pudo hacer la reforma.
Obligados por la crisis
Hay un punto no menor. En este momento, juzgado como único e irrepetible por la dirigencia, pesa más el quebranto económico de las administraciones que la restricción que impone la cuarentena a los gremios. Fue la necesidad de reducir el déficit de la Caja lo que llevó a Schiaretti a reformar por tercera vez en la gestión peronista una ley previsional gestada por el angelocismo.
Detalle histórico: lo que se acaba de sancionar implica calcular el 82% del haber sobre el salario de bolsillo del trabajador activo, lo mismo que el exgobernador Ramón Bautista Mestre planteó con el famoso decreto 1777.
En otras palabras: a la reforma, si se concreta, se llegará más por la urgencia económica que por el convencimiento de las partes. Todos en el Gobierno provincial repiten que “esto es lo que había que hacer”, pero lo real es que fue el derrumbe de la economía –y la falta de certeza sobre los envíos nacionales a la Caja de Jubilaciones– lo que definió los cambios. Se agotaron todas las cajas, no se pueden emitir bonos y no hay financiamiento.
Es la primera vez que un gremio como la Unión Tranviaria Automotor (UTA) Córdoba conoce las penurias propias que aquejan a tantos gremios privados: sus afiliados cobraron la mitad del sueldo de abril, y a nadie le parece un escándalo porque muchos trabajadores están en la misma.
Los empleados municipales cobraron en tiempo y forma, pero sin prolongaciones ni horas extras para los que no están trabajando. Los trabajadores del Surrbac han asumido en el Ente de Servicio y Obras Públicas varias tareas que antes resistían, como la limpieza de basurales y el mantenimiento integral de plazas. También aceptaron pagos no remunerativos de algunos ítems.
¿Barbas en remojo? Es probable. También son conscientes de que hay un límite nuevo y ajeno a la pandemia: la presión social. Ése fue el principal límite con el que se encontró Luz y Fuerza Córdoba en la larga disputa por el ajuste en la empresa provincia. El caso Epec es el que todos miran.
Epec, caso testigo
En abril de 2018 la conducción de la distribuidora eléctrica denunció una serie de puntos del
PROVINCIA Y MUNICIPIO DECIDIERON APROVECHAR LA COYUNTURA DE LA PANDEMIA PARA LOS AJUSTES DE FONDO.