Los jueces, contra la reforma previsional

convenio colectivo: venía subiendo sus tarifas por transportar y distribuir desde 2008, mientras la energía en sí (el insumo que vende) estaba congelada.

La administración de Macri actualizó en tres años 900% la energía y dejó al desnudo la ineficiencia de Epec. Sin ajuste interno, la Provincia debía poner plata y Schiaretti dijo que no: era hora de poner límite a lo que la propia Unión por Córdoba había dejado hacer en la empresa.

Reemplazó a los gerentes con ascendencia gremial por técnicos propios y planteó 13 puntos a reformar en el convenio colectivo, de los cuales tres salieron por ley: la suspensión de la Bolsa de Trabajo (que obligaba a contratar gente propuesta por el gremio), un 2% que aportaba la empresa al gremio para que compense a sus jubilados y el límite a la energía gratuita que recibían empleados y jubilados de la distribuidora. Pero la medida más efectiva en términos de contención del gasto salarial fue lograda con cuatro resoluciones internas que acotaron el pago de las horas extras y suspendieron las licencias automáticas, entre otros gastos corrientes.

Hubo una tarea de ingeniería profunda, en términos financieros y de recursos humanos, para detectar dónde estaban los desbordes.

Paralelamente, se buscó negociar con los tres gremios que tienen representación. El primero que quebró el frente gremial fue Villa María, que firmó a los ochos meses “un acta acuerdo de implementación convencional”, mediante la cual avalaba todos los cambios al convenio. Después se sumó Río Cuarto. A los que firmaron, Epec les pagó antes el aumento salarial.

Hay un actor casi invisible en la mesa y es el Poder Judicial, que también parecería haber comprendido el cambio de humor histórico. De la absoluta permisividad a las acciones gremiales, los fiscales estuvieron más activos ante los desbordes sindicales en el conflicto con Epec y aparecen ahora muy atentos a lo que pasa en el Palacio 6 de julio: aunque las partes niegan un pedido de participación, la imputación inmediata de algunos de los delegados de Suoem y UTA que marcharon en cuarentena es una señal.

El ajuste en Epec sirvió para el aumento de tarifa refleje la suba de costos y limitó el impacto para los usuarios de los beneficios de los que gozaban sus empleados. Llaryora imagina algo parecido: no habrá menor presión impositiva –de hecho, los impuestos municipales subieron–, pero sí más recursos disponibles para la ciudad y no para que sean engullidos puertas adentro del Palacio 6 de Julio.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba divulgó un duro comunicado ante el recorte jubilatorio aprobado el miércoles.

Entre otros puntos, la entidad que hoy lidera el juez Luis Paoloni señala que se trata de una ley que provoca una “conculcación” de los derechos adquiridos y que “confisca” los incrementos salariales. Adelanta también que la entidad apoyará acciones legales para evitar su aplicación, y señala la rapidez de la discusión y el hecho de que haya ocurrido en pleno aislamiento social.

“La aplicación de su articulado producirá una reducción en forma definitiva del haber previsional, importará un ‘diferimiento’ de la movilidad (manifiestamente grave ante el público y notorio proceso inflacionario), una ‘confiscación’ de incrementos, como asimismo una reducción sin precedentes en quienes gocen de más de un beneficio, en grave perjuicio a un sector de la ciudadanía que se encuentra en la etapa de mayor vulnerabilidad”, dice el comunicado.

Señala también que los cambios “afectan la garantía de intangibilidad de haberes previsionales de magistrados, y las garantías de justa remuneración, igual remuneración por igual tarea e igualdad ante la ley”, entre otros.

APROBADA LA REFORMA JUBILATORIA, LOS FOCOS SE CONCENTRAN EN EL MUNICIPIO, CON PROTESTAS DE LA UTA Y DEL SUOEM.