Falo evadió U$S 1,5 millones y pagará una multa de $ 90 mil
Una condena que pasó inadvertida se decidió el pasado lunes 18 en la Justicia federal de Córdoba. Se trató de la sentencia contra Marcelo Falo, el exsecretario General y de Información Pública de José Manuel de la Sota y exlegislador provincial.
Falo protagonizó un sonado escándalo en 2010, durante la primera gobernación de Juan Schiaretti, al conocerse que había librado 107 cheques sin fondos, por 3,2 millones de pesos. Ese año debió renunciar a su banca en la Legislatura por este motivo.
En su momento el fuero judicial Anticorrupción de la Provincia se negó a investigar el caso, y el resto de las denuncias en su contra, principalmente de particulares que fueron afectados por la falta de pagos de los cheques, se fueron diluyendo.
La causa que siguió avanzando tuvo como querellante principal a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), porque se comprobó que Falo evadió el pago del impuesto a las ganancias por un monto total de 6.326.396,81 pesos.
Esto, porque omitió presentar la declaración jurada del impuesto en 2011, correspondiente al período fiscal 2010, ocultando que había recibido acreditaciones en sus cuentas bancarias del Banco Macro y Banco Córdoba por 18.117.694,17 pesos.
Según estableció en el juicio que acaba de finalizar el fiscal general Carlos Casas Nóblega, lo evadido por Falo en 2010 equivalía a más de un millón y medio de dólares.
Se trató de un perjuicio contra las arcas del Estado nacional, ya que el exfuncionario ocultó su real situación económica y patrimonial.
En la sentencia que se acaba de emitir, Falo fue condenado a dos años y 10 meses de prisión condicional por el delito de evasión tributaria simple, y a pagar una multa de solamente 90 mil pesos.
Al precio del dólar blue del viernes 22 de mayo, eso equivale apenas a 708 dólares.
Es decir, la cifra representa solamente el 0,047 por ciento de lo que evadió.
Si mantuviéramos en pesos la cifra evadida por Falo, teniendo en cuenta la inflación argentina hasta 2019, los más de seis millones de pesos de 2010, no rendidos en 2011 alcanzarían hoy 71.526.066 pesos, sin sumarle la inflación en lo que va de 2020.
Este monto no alcanza para pagar siquiera los gastos de la investigación judicial y administrativa que llevó nueve años, con la intervención de peritos y numerosos funcionarios judiciales.
De cualquier manera, la multa es a los efectos del proceso judicial, no es un mecanismo compensatorio del monto evadido.
Una fuente de la Justicia federal consultada al respecto dijo que tampoco se tenía conocimiento de que Falo hubiera cancelado su deuda. “En los últimos años hubo planes de sinceramiento que podría haber utilizado para solucionar el tema de la deuda, pero si hubiera pagado es improbable que hubiera sido condenado porque la acción se habría extinguido”.
Confesión por Zoom
El juicio fue abreviado, luego de que Falo admitiera que cometió la evasión en un acuerdo firmado el 12 de mayo, y se desarrolló por teleconferencia, vía Zoom.
El fallo fue emitido por un tribunal unipersonal ocupado por el camarista José Fabián Asís.
Falo fue asistido por el defensor oficial Rodrigo Altamira, y en representación de Afip participaron Elisa Diez y Bustos Marún.
La causa había sido investigada por el fiscal Enrique Senestrari, quien consiguió demostrar la evasión cometida por el exlegislador provincial, quien llegó a ser vocero y mano derecha del exgobernador José Manuel de la Sota.
La Justicia determinó el pequeño monto de 90 mil pesos de multa debido “al tiempo transcurrido de más de nueve años desde la comisión del hecho, como así también las condiciones personales del imputado, una persona relativamente joven que desde la comisión del hecho no ha cometido nuevos delitos, logrando reinsertarse en la sociedad” y que además prestó colaboración en el proceso judicial.
En su momento se habían valorado como agravantes de la conducta de Falo que hubiera realizado complejas maniobras con la emisión de cheques sin respaldo, que exigieron premeditación y planificación.
También, la gran repercusión pública de su conducta, que no sólo lesionó el erario público sino también el prestigio de la institución legislativa que él representaba.
Falo siempre respondió que “hay una deuda real que existe, lo que no existe es estafa”.
Su principal jefe político, José Manuel de la Sota, evitaba referirse a la conducta de su colaborador cada vez que se lo consultaba. Sólo declaró haberlo “llorado” en junio de 2011.
Los antecedentes de Falo no le impidieron desempeñarse como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación hasta diciembre de 2019. En la actualidad, según declaró ante la Justicia, es consultor de tres estudios jurídicos y vive en la ciudad de Villa Allende.