Córdoba, a las puertas de dos picos: contagios y tensión social

Fueron dos ajustes contundentes. Y casi simultáneos. La Provincia achicó un tercio del déficit previsional y el municipio capitalino recortó de modo permanente al menos el 10 por ciento de su masa salarial.

Con las arcas extenuadas y al amparo de las restricciones que impone la cuarentena, Juan Schiaretti y Martín Llaryora resolvieron que la pandemia es el momento para empezar a cerrar buena parte de los drenajes por los que durante décadas la Provincia y la Municipalidad de Córdoba permitieron que fluyeran recursos extraordinarios aportados por todos los cordobeses hacia la Caja de Jubilaciones y los sueldos municipales.

Todo indica que ahora será el turno de un gremio que depende de la regulación municipal, la UTA. Allí, los fondos fluyen por la vía de subsidios y de un boleto que casi siempre está más caro en Córdoba que en el resto del país.

Llaryora encabeza una cruzada de intendentes del interior para que la Nación cubra con mayores subsidios ese bache y trata de negociar con la UTA en la empresa municipal Tamse. El estado de colapso en que la pandemia dejó a ese servicio otra vez es causa y oportunidad. Pero difícilmente esa circunstancia evite el estallido gremial.

La evidente estrategia política del peronismo tiene a la sideral crisis económica como disparador, al aislamiento social como facilitador y a la Justicia como vía de asistencia: ya hay decenas de dirigentes gremiales imputados. Esto permitió reducir a marchas sólo testimoniales los estruendosos conflictos que en otro momento hubieran estallado en las calles a la hora de la aprobación del recorte de la reducción de jornada de los municipales o la reforma jubilatoria que en unas horas despachó la Legislatura por teleconferencia.

Pero si la pandemia es la oportunidad, muy pronto puede convertirse también en el límite. Lo más riesgoso de la crisis sanitaria aún está por llegar, y todo indica que ese momento coincidirá con un pico de tensión gremial. Vienen días difíciles para los habitantes de la Capital.

El cada vez más dificultoso consenso social en torno de la cuarentena y sus desastrosas consecuencias económicas ya genera abiertos desafíos en el sector privado –también hay comerciantes imputados por protestar– y es difícil que resista el desacato al aislamiento que varios gremios están dispuestos a concretar. UTA convocó el viernes a una marcha multitudinaria para el martes próximo. Lo hizo minutos después de que la Justicia provincial citó a los abogados del gremio para advertirles que las movilizaciones están prohibidas.

Los municipales, a su vez, avanzan cada día un poco más contra las órdenes sanitarias y judiciales, pese a reiteradas advertencias. La total parálisis de los servicios, que siempre fue lo determinante para el éxito gremial, hoy parece un detalle menor.

Con el sector privado pagando sueldos con plata de la Nación y la pobreza carcomiendo la tolerancia de un sector cada vez más alto de la población, la tensión gremial y el riesgo de desbordes violentos –cada día más latentes– son amenazas concretas a la estrategia oficial.

Y a este escenario le falta todavía despejar la incertidumbre sobre el pago de los sueldos estatales de mayo.

Las dos reformas de fondo aprobadas en el Concejo Deliberante y en la Unicameral se votaron de manera subrepticia, sin discusión y con buena parte de los legisladores sin leer los respectivos proyectos. Lo escandaloso de las formas elegidas por el peronismo evitó una vez más la discusión que toda la política cordobesa elude desde hace décadas: cuánto más deberían aportar los contribuyentes de Capital para seguir sosteniendo los sueldos gerenciales de los municipales, y cuánto los habitantes de toda la provincia para el pago de las 107 mil jubilaciones que generan un déficit de casi 30 mil millones de pesos al año.

En ambos casos, la oposición política eligió quedarse en el pavor por las formas.

Pero en el fondo de ambos conflictos está la propia dirigencia cordobesa; su incapacidad creciente para llegar a acuerdos mínimos sobre temas trascendentes y el cálculo corto de los costos políticos.

Está también, por cierto, la defensa de un sistema que beneficia a los empleados públicos –que, en gran proporción, ellos mismos siguen acomodando a su paso por el poder– y a los propios dirigentes, que terminan jubilados como exfuncionarios o exlegisladores. En muchos casos, también como exjueces. Con 20 años en el poder, el peronismo tiene la cuota mayor de responsabilidad en la Provincia. Pero el radicalismo viene de gobernar ocho años la ciudad.

El abismo que separa del resto de la población a ese universo estatal que hoy está en tensión no para de crecer. El conflicto estalló porque, por primera vez en años, Provincia y municipio entendieron que no pueden pedirles más a unos contribuyentes que ya estaban al límite antes de la pandemia.

Alguna vez tenía que suceder.

LA DIRIGENCIA CORDOBESA MOSTRÓ SU INCAPACIDAD CRECIENTE PARA LLEGAR A ACUERDOS MÍNIMOS SOBRE TEMAS TRASCENDENTES.