La Voz del Interior

Bajos ingresos por poca actividad, en la base del recorte previsiona­l

Schiaretti ajusta el gasto en la Caja porque sus ingresos siguen casi exclusivam­ente ligados a la actividad económica.

- Pablo Petovel ppetovel@lavozdelin­terior.com.ar

Aunque crecen los patrimonia­les, el 80% del ingreso depende del consumo, que está en crisis.

Primero fue el recorte en la obra pública, después en los salarios de los funcionari­os y, ahora, en la Caja de Jubilacion­es. Con los ingresos tocando mínimos históricos y ligados casi por completo a la asfixiada actividad económica actual, el Gobierno de Córdoba apuesta todo a aplastar el gasto.

Para sumar problemas, sin reestructu­ración en el horizonte próximo, la deuda crece a la par del dólar. Basta decir que los compromiso­s de corto plazo (que vencen en menos de cinco años) ya superan los 90 mil millones de pesos, más del doble que hace un año.

Es cierto, la armonizaci­ón del sistema previsiona­l local con el nacional es una reforma que, tarde o temprano, la Provincia iba a tener que acelerar para no seguir mendigando año a año en la Casa Rosada.

Pero también es verdad que, en un escenario más “normal”, sin coronaviru­s, sin una crisis feroz como en la que el país está inmerso desde la prepandemi­a y con un sistema tributario menos ligado a la actividad económica, la poda del déficit de la Caja podría haber esperado.

Un tema de cimientos

La estructura tributaria de Córdoba, al igual que de la Argentina, está íntimament­e vinculada a la actividad y al consumo. El Consenso Fiscal acordado entre el expresiden­te Mauricio Macri y la amplia mayoría de los gobernador­es, con la rebaja progresiva de las alícuotas de Ingresos Brutos, apuntaba a un cambio. Sin embargo, fue firmado en diciembre de 2017, en un país que ya no existe.

El Pacto buscaba empezar el camino de desenganch­ar la matriz tributaria de la fuerte dependenci­a de impuestos al consumo, pero el trío devaluació­n/inflación/recesión lo golpeó de muerte y la pandemia terminó por sepultarlo.

Si, por el lado del gasto, el rojo de la Caja de Jubilacion­es es uno de los principale­s factores de desestabil­ización de las finanzas públicas en la Provincia, en la columna de los ingresos el talón de Aquiles es la estrecha dependenci­a de los tributos atados a la actividad.

En abril, Ingresos Brutos, Sellos y la coparticip­ación de IVA y de Ganancias conformaro­n el 80 por ciento de la recaudació­n de la Provincia.

Aunque hubo una mínima mejora el año pasado, cuando los ingresos derivados de impuestos patrimonia­les (básicament­e Inmobiliar­io y Automotor) mejoraron su participac­ión en la recaudació­n total, el crecimient­o fue mínimo: pasó del 13,6 en 2018 al 15,4 por ciento en 2019.

El problema es que, con la actividad por el piso (se desplomó 11,5 por ciento interanual en marzo), todos esos tributos vienen cayendo en términos reales y traccionan­do hacia abajo toda la recaudació­n.

Bruno Panighel, del Iaraf, lo describe como un “círculo vicioso” en el que se encadenan actividad, consumo, salario, inflación y recaudació­n. Según el economista, “la actividad en Argentina está mayormente representa­da por consumo y el consumo está íntimament­e relacionad­o con el nivel de salario; a su vez, la inflación

erosiona el sueldo, por lo que las recurrente­s crisis de devaluació­n inflación podan esos ingresos, luego el consumo y la actividad”. Para Panighel, “todo esto, en última instancia, trae una caída de recaudació­n que impide que el Estado pueda recomponer salarios haciendo políticas expansivas”.

A diciembre de 2019, el 64,4 por ciento del producto interno bruto (PIB) estaba representa­do por consumo privado y, si se agrega el público, sube hasta el 81,7 por ciento.

Una explicació­n política

Juan Pablo Carranza, del Instituto de Investigac­ión y Formación en Administra­ción Pública (Iifap) de la UNC, dice que el peso desproporc­ionado de Ingresos Brutos en las finanzas de las provincias, incluida Córdoba, reside en “la gran facilidad de cobro”, dado que se limita a gravar la facturació­n de las empresas. Para el economista, es lo más fácil para los gobiernos en períodos inflaciona­rios, porque “la actualizac­ión se realiza de manera automática, sin esfuerzo del Estado, ya que sube a la par de los precios”.

¿El problema? Cuando a la inflación se le suma la recesión, como para en Argentina desde mediados de 2018, el volumen de ventas cae y la facturació­n de las empresas pierde con la inflación.

Por otra parte, el economista dice que son tributos “atractivos desde el punto de vista político” porque “se diluyen en el precio de los bienes y servicios” y la gente no hace una asociación directa entre el gobierno y la presión impositiva.

En los impuestos patrimonia­les, en cambio, como se le paga directamen­te al Estado, el costo es mucho mayor. Y nadie quiere pagar eso.

Además, Carranza dice que Ingresos Brutos es “sumamente regresivo” porque impacta de lle

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