Crece la tensión sanitaria y judicial en Brasil
Mientras la cantidad de muertos y de contagiados de Covid-19 aumentan de manera alarmante, crecen los escándalos.
Con respaldo de Bolsonaro, la Justicia investiga por corrupción al gobernador de Río de Janeiro.
Brasil sufre por la pandemia y también por la grave crisis institucional por la que atraviesa.
Según cifras oficiales, hasta ayer se registraban 363.211 contagiados y 22.666 muertos. Sin embargo, una investigación de la Universidad federal de Pelotas, señala que los infectados con Covid-19 serían siete veces más a los que informó el gobierno de Jair Bolsonaro.
En tanto, junto a la cruenta realidad sanitaria, los escándalos por corrupción vuelven a estar en los primeros planos del gigante sudamericano.
Ayer, el mandatario felicitó a la Policía federal por una operación en la que se allanaron las residencias particulares y oficiales de uno de sus principales rivales políticos, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, en una redada anticorrupción realizada por supuestos fraudes en contrataciones médicas para enfrentar la pandemia.
“Felicito a la Policía federal; me enteré por los medios; felicitaciones a la Policía federal”, dijo Bolsonaro, haciendo la señal de que estaba sonriendo por debajo del barbijo, al hablar con periodistas y militantes en la puerta del Palacio de la Alvorada.
Para el gobernador Witzel, también considerado un ultraderechista que dejó de ser aliado de Bolsonaro a fines del año pasado y profundizó las diferencias frente a las decisiones oficiales sobre cómo afrontar la pandemia, se trata esta megaoperación en su contra de una “interferencia evidente” del Gobierno nacional en su contra.
Witzel fue blanco de diferentes allanamientos, incluida su residencia oficial en el marco de la investigación por un supuesto fraude en la contratación de empresas de salud para la construcción de hospitales de campaña contra la pandemia.
La Policía federal precisó que se realizaron 12 allanamientos, entre ellos uno en el Palacio Laranjeiras, residencia oficial del gobernador Witzel.
El caso fue autorizado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), corte de tercera instancia que tiene competencia para actuar en las gobernaciones, y la operación había sido anticipada por la diputada Carla Zambelli, bolsonarista que defiende una mayor acción de la Policía federal contra los gobernadores que se oponen al plan oficial de abrir la economía.
La Operación Placebo también allanó la oficina de la esposa de Witzel, Helena, y diversas empresas contratistas del área de la Salud.
La causa tiene que ver con unos 160 millones de dólares, adjudicados sin licitación por la emergencia sanitaria, a una empresa contratista especializada en insumos médicos para construir hospitales de campaña.
Fueron prometidos siete hospitales de campaña para los infectados por la pandemia pero apenas se inauguró un ala médica al lado del estadio Maracaná.
Con 17 millones de habitantes, Río es el segundo mayor foco de contagios del Covid-19 en Brasil, con cerca de 40.000 infectados y más de 4.000 muertos
La operación ocurre en medio de la tensión generada por la investigación contra Bolsonaro sobre su intención de manipular las pesquisas de la Policía federal contra sus rivales políticos y para proteger a su familia.
El mandatario brasileño insulta habitualmente a Witzel por haber roto su alianza con él y decidido implementar acciones de aislamiento social.
Bolsonaro también acusó a Witzel de intentar vincular a él y a sus hijos en la investigación de sicarios de bandas parapoliciales detenidos por el homicidio de la concejal socialista Marielle Franco, en marzo de 2018.
La tensión sobre el funcionamiento de la Policía federal llevó al titular del Ministerio de Justicia, el exjuez Sérgio Moro, a renunciar a ese cargo el mes pasado, cuando pegó un portazo acusando al Presidente de querer acceder a informaciones secretas e investigaciones contra sus allegados.
En los últimos tres años fueron presos cinco exgobernadores de
Río por corrupción.
Corrupción generalizada
Gobiernos de otras regiones del país también se han visto envueltos en escándalos de corrupción relacionados con la gestión de fondos públicos durante la pandemia y están en la mira de las autoridades que adelantan operativos por todo el país.
El lunes la Policía registró varios inmuebles en Fortaleza por irregularidades en la compra de unos respiradores que llevaron al desvío de 4,6 millones de dólares.
El Gobierno de Santa Catarina también es foco de supuestas irregularidades por la compra de 200 respiradores por 6 millones de dólares. En San Pablo se investiga la compra de 3.000 respiradores de China por 100 millones de dólares, de los que sólo 150 fueron entregados hasta ahora.