Cómo es la trama judicial tras el brote de Saldán
El fiscal Andrés Godoy lleva 10 meses en el cargo de una fiscalía subrogante y llegó allí “de rebote”, tras un fallido concurso. Los dos fiscales generales adjuntos y un vocal del TSJ también quedaron en el medio de un caso que convulsiona el escaso ritm
Andrés Rubén Godoy llegó casi de rebote a la Justicia provincial de Córdoba. Con varios años en el fuero federal, en el que se desempeñó como secretario de la Fiscalía N° 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, durante 2018 concursó para ocupar la vacante en la Fiscalía N° 1 en lo Penal Económico y Anticorrupción. Logró arribar a la terna final, pero el ungido fue, un año después, Franco Jesús Mondino, pese a los cuestionamientos de dos legisladores por una asesoría que este abogado había prestado en una comisión de la Unicameral que dirigía la legisladora oficialista Graciela Brarda.
Pero Godoy y el tercer postulante, Franco Pilnik, no se quedaron con las manos vacías una vez que el concurso terminó.
Es que, casi de manera simultánea, los dos fiscales generales adjuntos, José Gómez Demmel y Héctor David, ordenaron la creación de dos fiscalías especiales: una abocada a delitos informáticos, cibercrimen, y la otra subrogante, para actuar sólo en casos en que lo ordene la Fiscalía General.
Ambos quedaron al frente de esa unidad clave acéfala desde 14 de marzo del año pasado: mientras más se demore su reemplazo, más tiempo convivirá el futuro fiscal General –de mandato de cinco años– con el próximo gobierno provincial.
Pilnik fue a la primera fiscalía y Godoy terminó en la segunda, previo paso por la Unicameral, donde tiempo después algunos legisladores de la oposición juran no recordar en qué momento se trataron esos pliegos. Distracciones, que le llaman.
Godoy fue nombrado en julio de 2019 y quedó al frente de una unidad fiscal también nueva: se trata de una fiscalía subrogante, sin turnos ni distritos, que tomará casos que queden en algún limbo judicial, según se comunicó en aquella oportunidad.
En estos 10 meses, su nombre fue casi una anécdota en Tribunales 2, hasta que llegó la crisis sanitaria por el coronavirus y toda la Justicia provincial ingresó en un estado de parálisis casi total, a mediados de marzo.
El 17 de ese mes, Gómez Demmel y David resolvieron la creación de la “Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), para dar tratamiento a los hechos delictivos vinculados a la propagación de la pandemia”. Y apuntaron a Godoy como su responsable.
“Estos delitos pueden ser los de su propagación, la violación del aislamiento u otras medidas dispuestas por el Gobierno nacional, o desobedecer a la autoridad en las órdenes que dicte al respecto”, se agregó en la gacetilla oficial.
Y como secretario nombraron a Tomás Díaz Reyna, cuyo nombre había sido repetido en medio de una polémica pública, meses atrás, cuando el gremio de los judiciales reprochó que en la órbita del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Fiscalía General aún continuaban los nombramientos “a dedo” por fuera de los concursos.
Este cuarteto, conformado por Gómez Demmel, David, Godoy y Díaz Reyna, quedó ahora en el centro de los dardos de los gremios de los médicos que el lunes realizaron una movilización que asoma para la historia, en protesta por la imputación de dos médicos (Lucas Figueroa y Marcelo Santiago Lázaro) a raíz del brote de coronavirus en el geriátrico Santa Lucía, de Saldán, caso que derivó en 11 muertes y en 45 contagiados más.
En realidad, la doble imputación fue sólo una parte del reclamo de los manifestantes, que no tuvieron problemas para violar la cuarentena obligatoria, lo que pone en evidencia el temor del Poder Judicial ante semejante movilización.
Hasta ahora sí habían sido imputados comerciantes, abogados y gremialistas que protestaron por diversas causas durante el aislamiento social obligatorio.
En simultáneo
Las imputaciones se conocieron el viernes último (aunque el vocero del Ministerio Público Fiscal asegura que habrían sido firmadas el jueves), justo horas después de que se reveló el vínculo familiar directo entre el dueño de ese geriátrico, Rafael López Peña, y el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sebastián López Peña. Padre e hijo.
Sebastián fue ungido como vocal del TSJ en 2015, cuando tenía 40 años. Fue el abogado más joven en llegar a ese puesto. Durante el análisis de su pliego, se destacó el apoyo que recibió por parte de la Academia Nacional de Derecho, la Asociación de Magistrados de Córdoba, el Colegio de Abogados y la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba, la Bolsa de Comercio, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, magistrados de las justicias provincial y federal y catedráticos locales y del exterior.
En aquel momento, sólo hubo algunas voces en contra, que recordaron que había sido socio del exfiscal General de la Provincia Darío Vezzaro y que trabajó para la empresa Kolector, encargada de la gestión de cobro provincial, con lo que daban a entender alguna afinidad con el mismo gobierno que lo había propuesto para ese cargo.
La pista del brote
El sábado 16 de este mes, Rafael López Peña dejó una extraña frase en una entrevista con La Voz: “Yo estimo que el fiscal va a desestimar la denuncia”.
El hombre, de 70 años, se quejó de que le hubieran clausurado el geriátrico, dijo no tener claro cómo se había originado el brote y cuestionó que el Ministerio de Salud de la Provincia lo hubiera denunciado por incumplimiento en su deber de prestador de cuidado de los adultos mayores a su cargo.
En esos días, Sebastián ya había dejado trascender en algunos lugares que él hacía años que no tenía mayor contacto con su padre.
Lo concreto es que, hasta el viernes pasado, cuando aún no se había revelado de manera pública el vínculo familiar entre este vocal y el dueño del geriátrico, el expediente no se había movido demasiado.
Al igual que lo que ocurrió con el brote en el hospital Italiano, vinculado de manera directa al geriátrico, desde la Justicia se indicó que ambas investigaciones iban demoradas porque el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) no había autorizado a los investigadores a que ingresaran en los primeros días.
Los testigos declaraban por videollamadas y todos los trámites de rigor se ralentizaron por la burocracia de la mediación tecnológica y por la distancia física.
Incluso, informantes judiciales aseguraron que, en el caso del geriátrico, habían tenido dificultades para acceder al registro de visitas de ese centro.
La secuencia del viernes fue frenética: se conoció el vínculo familiar, se publicaron las imputaciones de los dos médicos y se comenzó a viralizar el llamado a protesta por parte de la comunidad médica.
Fue entonces cuando, en Tribunales 2, el ritmo interno se agitó como nunca antes en esta cuarentena. El domingo, de manera inusual, el vocero del MPF envió un comunicado en el que la fiscalía intentaba explicar los motivos de las acusaciones.
Desde la Ufes, precisaron que durante la instrucción se detectaron “graves y serios incumplimientos por parte del personal médico que desempeñaba tareas en el geriátrico mencionado, básicamente en lo que respecta a los protocolos elaborados por la autoridad sanitaria, como así también a la específica normativa que rige el desempeño de profesionales médicos, en particular la de aquellos que llevan a cabo tareas en este tipo de instituciones”.
Se destacó que la investigación nació tras una denuncia del Ministerio de Salud de la Provincia y que, entre otros puntos, había un informe del Pami sobre las condiciones de higiene de ese geriátrico.
Al mismo tiempo, uno de los voceros de los fiscales comenzó a enviar audios a los periodistas en los que aseguraba que la imputación no era “caprichosa” y que había “sobrados elementos” para la imputación.
Pero, a la luz de la manifestación del lunes, todas estas explicaciones no fueron bien recibidas por los médicos, que, entre tantos conceptos en la manifestación del lunes, volvieron a sacar a relucir uno de los que más duelen en la Justicia de Córdoba: el perejil.