Opinión. Horacio Etchichury escribe sobre la importancia de que el Estado genere trabajo.
La crisis sanitaria está dejando paso a otra, igualmente grave: la crisis de empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta sobre la creciente pérdida de horas de empleo en todo el mundo.
En Argentina, el desempleo no implica sólo una tragedia económica y social: configura también la violación de un derecho constitucional y de un derecho humano.
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –que tiene la misma jerarquía que la Constitución– consagra en su artículo 6 el derecho “a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”.
El Estado –agrega el mismo artículo– “tomará medidas adecuadas para garantizar este derecho”.
Nuestra Constitución no apuesta a que el desempleo se resuelva solo, sino que obliga al Estado a combatirlo. Trabajar es un derecho, como votar, publicar ideas, tener salud o educarse.
Ninguna crisis –sanitaria o productiva– elimina derechos. Al contrario: siguen en pie como deberes del Estado hacia su población. Cualquier salida de la crisis –cualquier política económica– debe respetar los derechos.
Mientras protegemos la salud de todos mediante la cuarentena, ¿qué pasos dio Argentina para garantizar el derecho a un trabajo? Se han tomado medidas preventivas: prohibir los despidos por un cierto tiempo; subsidiar a las empresas privadas con dinero público, para que puedan pagar sueldos y no despidan personal. No faltan voces que proponen, otra vez, un trueque ilegítimo: recortar derechos a cambio de conservar la posición.
Pronto iremos dejando atrás las medidas de aislamiento. ¿Qué nuevas medidas buscarán remediar la pérdida de puestos? Es probable que se adopten mecanismos indirectos: estimular el consumo para que una mayor demanda impulse más contrataciones.
Otra línea, en cambio, insistirá en mejorar la “empleabilidad” de las personas, instruirlas, aunque sin garantizarles una ocupación.
Pero en esa gama de medidas falta la opción más directa: crear puestos de trabajo. Es que la capacitación no basta: con empleos escasos, el problema permanece.
Philip Harvey, profesor de Rutgers University, lo explica con una metáfora. Al igual que en el “juego de la silla”, no importa cuán hábiles sean los participantes: siempre uno queda de pie, porque hay una silla de menos.
Los mecanismos directos son bien conocidos en otros derechos: para garantizar educación, construimos escuelas, abrimos hospitales a fin de brindar salud, financiamos un sistema electoral que asegure el sufragio. ¿Y qué hacemos con el derecho a trabajar?
Vieja idea novedosa
¿Podemos concebir una política activa de creación directa de empleo? Contra la desocupación, la salida más obvia es, precisamente, que el Estado ofrezca, al menos como última opción, “un trabajo libremente escogido o aceptado”, con salario y condiciones dignas, tal como exige el artículo 6 del Pacto.
La propuesta de una garantía estatal de empleo viene siendo promovida desde hace años por académicos estadounidenses como Amy Kapczinsky (Yale), Pavlina Tcherneva (Bard College), James Galbraith (University of Texas) y Daniel Carpenter (Harvard).
La pandemia ha reforzado sus argumentos. Hoy hace falta, coinciden, emplear grandes cantidades de personas para labores de urgente interés público: control y seguimiento de casos y de contactos, desinfección permanente de espacios públicos, asistencia a personas aisladas por su riesgo de salud.
Siempre manteniendo todas las medidas de seguridad sanitaria, otras posibles tareas incluyen adaptar los lugares de trabajo y de reunión, reconstruir ciudades y desarrollar infraestructura, conservar el ambiente, cuidar de la infancia y de la ancianidad, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas.
La idea suena novedosa, casi revolucionaria. Sin embargo, estos profesores señalan su origen en el siglo pasado: la política laboral del presidente Franklin Delano Roosevelt para salir de la Gran Depresión.
El mandatario creó la agencia estatal Works Progress Administration (WPA): ella empleó a millones de personas entre 1935 y 1943 para llevar adelante grandes obras públicas y culturales en la amplia geografía norteamericana.
Pensemos en la Argentina después de la pandemia. El desempleo llegará con sus costos productivos, sociales y familiares. ¿Ha llegado la hora de garantizar el derecho de toda persona a tener un trabajo? ¿O habrá quienes nos inviten a continuar el “juego de la silla”?
LA CAPACITACIÓN NO BASTA: CON EMPLEOS ESCASOS, EL PROBLEMA PERMANECE.
* Investigador de Conicet (UNC); director del Grupo de Investigación en Derechos Sociales (Gides)