El transporte bate récords de parálisis sin solución a la vista
Los interurbanos ya llevan 47 días de inactividad. Los urbanos de la Capital, 21. El intendente Llaryora insiste en la necesidad de un mayor aporte de subsidios nacionales.
Las reuniones se suceden, pero la solución no llega. Los sistemas de transporte público de pasajeros interurbano y urbano de la Capital y de las grandes ciudades de la provincia sostienen una parálisis que no registra antecedentes, y que causa enormes perjuicios a quienes deben trasladarse.
El paro de los choferes de Aoita (interurbanos) lleva ya 47 días de duración, mientras que los afiliados a la UTA (urbanos) no trabajan desde hace tres semanas.
Esto sólo ha sido posible por el marco de restricción de la movilidad que impuso la cuarentena motivada por la llegada de la pandemia del coronavirus. En ambos sistemas, la falta de pago de los salarios motivó el cese de las tareas.
En el ámbito de la ciudad de Córdoba, hoy tendrá lugar una nueva reunión entre choferes y empresas, pero son pocas las expectativas de un acuerdo. El intendente Martín Llaryora redobla sus esfuerzos para lograr que el Gobierno nacional aporte más fondos en subsidios para destrabar el conflicto.
En el interior, la ausencia de los interurbanos causa graves problemas a los ciudadanos, especialmente a los que deben trasladarse de una localidad a otra para trabajar. Claro ejemplo de esto es el Gran Córdoba, que alimenta de trabajadores a la Capital.
Toda Córdoba lleva semanas sin transporte público, afectada por dos paros que baten cualquier récord de duración: el de los interurbanos, que lleva 47 días; y el de los urbanos, que hoy cumple tres semanas. A esto, se suman los servicios de larga distancia paralizados por las medidas de aislamiento obligatorio dispuestas por el Gobierno nacional.
Esas mismas medidas son las que mitigaron sensiblemente el efecto negativo de no tener ómnibus circulando. Cuesta imaginar paros tan prolongados en circunstancias de normalidad.
Las dos medidas tienen el mismo origen: empresas prestatarias que no pagaron de forma completa los salarios a los choferes. En el caso del interurbano, fue el de marzo. En el urbano capitalino, el de abril.
Por eso el parate en el servicio provincial lleva 47 días. Se inició el pasado 12 de abril y todavía no logra destrabarse. El gremio Aoita, que representa a los choferes de estos servicios de corta y media distancia, sigue negociando algún mecanismo de pago con las autoridades provinciales.
El paro del urbano comenzó el viernes 7 de mayo. El sindicato UTA sigue participando de las audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Hoy hay un nuevo encuentro, pero no hay ningún elemento que indique que se pueda resolver el conflicto. Los empresarios insisten en que no tienen fondos suficientes para completar el pago de los sueldos. Y se encolumnaron detrás del reclamo del intendente de Córdoba Martín Llaryora para que la Nación reparta de manera más equitativa los subsidios nacionales que destina al transporte público de pasajeros.
El escenario se completa con una cantidad de pasajeros que apenas alcanzaba al 10 por ciento de lo habitual en la semana previa al inicio del conflicto. Eso ocurrió por las regulaciones impuestas por la cuarentena: sólo podrían subirse a los ómnibus los trabajadores de rubros considerados esenciales.
Así, el panorama se completa con un Estado –en sus tres niveles– que desalienta el uso del transporte y por lo tanto, saca provecho del paro: no hay mejor forma de desalentarlo que con los colectivos guardados en las empresas.
La cuestión es que es una situación que no se puede sostener por mucho tiempo más. A medida que se va relajando el aislamiento, la demanda va a subir. Pero, ¿con qué escenario nos encontraremos?
Al borde del colapso
Los investigadores Julia Brusa, Juan Pablo Carranza, Claudio Falavigna, Carlos Lucca, Alicia Riera y Héctor Taborda, del grupo de Transporte Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (Iifap) de la UNC elaboraron un documento en el que plantean ese futuro cercano y cuáles son las políticas que se deberían adoptar.
Los investigadores toman como referencia la caída en la demanda producto del Covid-19 y además los efectos económicos de las medidas preventivas, como el cierre de comercios y empresas, despidos y la implementación del teletrabajo.
El transporte público tiene “demanda derivada”: eso significa que hay pasajeros si hay actividad económica que demande movimiento de personas. En el trabajo, recuerdan el escenario posterior a la crisis de 2001, que significó una caída de pasajeros y de ingresos en las prestatarias.
“Diversas estimaciones señalan que se registrará una contracción de la economía en nuestro país, lo que generará un incremento en el nivel de desempleo, y como consecuencia de ello una caída en la demanda de viajes”, advierten.
También señalan que es posible
que la pandemia genere un cambio permanente no sólo en los patrones de movilidad sino también en la organización laboral (facilitando el teletrabajo), lo que naturalmente impactará en las necesidades de movilidad de las personas.
Así, los ingresos por corte de boleto caerán afectando “los ya debilitados esquemas financieros de algunos de los sistemas”. La situación tampoco permitirá compensar esto con aumentos de tarifa: tendrían que superar el 67 por ciento para mitigar la caída por menos pasajeros. El panorama a mediano y largo plazo se completa con posibles quiebres de empresas, paros y más conflictividad.
El grupo de investigadores llama a garantizar, en ese posible contexto, el funcionamiento de los servicios mínimos en el corto plazo y revisar el equilibrio financiero de las empresas en el mediano y largo plazo. En ese sentido, remarcan la importancia de los subsidios y de medidas “regulatorias” que permitan que se pueda seguir operando a precios accesibles para los sectores más vulnerables.
También aconsejan optimizar la oferta regulando la demanda, con el escalonamiento horario del inicio de las distintas actividades (productivas, comerciales, educativas, de servicios).
Para recuperar pasajeros, proponen entre otras medidas más vías exclusivas y prioritarias. Y en el caso de colapso, analizar el rediseño de la oferta en líneas troncales manteniendo la frecuencia y diseñando alternativas de interconexión en las zonas periférica.
Sobre movilidad, proponen expandir ciclovías y bicisendas, poner en marcha el sistema público de bicicletas y el ensanche de veredas en cuadras estratégicas para permitir la distancia social.
Aconsejan que se permita transportar bicicletas en los ómnibus y la creación de un consejo de expertos ad honorem que colaboren en la elaboración de un plan de movilidad para el Gran Córdoba.
EL TRANSPORTE PÚBLICO FUNCIONA CON DEMANDA DERIVADA, QUE DEPENDE DEL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
INVESTIGADORES ADVIERTEN QUE EL SISTEMA DE CÓRDOBA PODRÍA SUFRIR UN COLAPSO POR LOS EFECTOS DEL COVID-19.