Alejandra Beresovsky reflexiona sobre la judicialización de la práctica médica.
El lunes 13 de abril, el Ministerio de Salud de la Provincia presentó una denuncia penal contra el geriátrico Santa Lucía, de Saldán, por el brote de Covid-19.
Esa jornada, en diálogo con los medios, Alejandro Gauto, secretario de Coordinación del Ministerio de Salud de Córdoba, explicó las razones. Aludió principalmente al incumplimiento de “los protocolos previstos” tras la detección de un caso.
Ese día –y los siguientes–, los espacios para comentarios de lectores en las notas periodísticas relacionadas se llenaron de expresiones que elogiaban la decisión.
“Es muy lamentable lo sucedido en el geriátrico de Saldán”, decía uno de esos pronunciamientos informales en el artículo que sobre el tema publicó La Voz .“Yel médico tiene que ir preso por propagar el virus...”, completaba otro. Sólo dos ejemplos de las opiniones que se imponían en ese momento.
Tres días después, la Provincia anunciaba la implementación de un protocolo especial para la atención de residencias geriátricas en la provincia. La medida era posterior a la denuncia. Es decir, previamente no había protocolo específico para las residencias.
Otra vez, las manifestaciones de los lectores asumían un tono crítico e iban en la línea de la búsqueda de responsables.
En paralelo, cualquiera que habitara una comunidad más o menos cerrada del territorio cordobés (desde edificios hasta ciudades enteras, pasando por barrios cerrados) compartía o recibía datos en tono de “alertas” sobre personas que presuntamente tenían diagnóstico de Covid-19.
En fin, asumámoslo: se había impuesto –al igual que en diversas partes del mundo– un espíritu de persecución, de seguimiento de pacientes y de equipos sanitarios que, en vez de recibir muestras de contención y de apoyo, eran señalados como posibles causas de un problema para el resto.
Esta reacción social, esta demostración de conducta poco solidaria, tiene antecedentes en otras epidemias y pandemias.
Las antiguas descripciones pictóricas o literarias de las personas con lepra o con tuberculosis son un recordatorio permanente de la tragedia que implicó para la humanidad sumar el estigma a una patología.
Las denuncias penales contra el geriátrico Santa Lucía derivaron la semana pasada en imputaciones judiciales. Y los profesionales de toda la provincia pidieron que se frenara la criminalización del acto médico y que terminaran el hostigamiento y la discriminación.
Estigmatizar a alguien por tener una enfermedad no sólo es moralmente repudiable, sino que conspira contra la prevención: muchas epidemias han mostrado cómo el miedo a sufrir condena social impidió que algunas personas dieran a conocer síntomas tempranamente.
La movilización histórica del equipo de salud del lunes 25 provocó mucha adhesión social. Hubo apoyo de ciudadanos, de políticos, de medios de comunicación. Y las críticas se desviaron hacia la Justicia y su decisión.
El proceder judicial, su transparencia, está en juego. Pero también lo está nuestro comportamiento como integrantes de una comunidad que debe entender que las enfermedades infecciosas no entienden de profesiones, ni de segmentos sociales, ni de edades. Todos podemos enfermarnos por un virus y todos podemos transmitirlo.
El ataque a colectivos sociales ha generado tragedias que no tuvieron remedio. Pero si las conductas que vimos estos dos meses se repiten, habrá más posibilidad de llegar antes a una vacuna contra el Covid-19 que a la erradicación del estigma de la enfermedad.