El reparto más injusto
Los datos del Ministerio de Transporte de la Nación son contundentes: de cada 10 pesos de subsidios que repartió en 2019, nueve quedaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
La gestión de Mauricio Macri incrementó la coparticipación a las provincias, pero recortó los subsidios y no alteró la concentración de esos aportes en el sistema de transporte público de pasajeros de Capital Federal y de Gran Buenos Aires.
Alberto Fernández no modificó ese desbalance. Pero debería hacer algo de inmediato, porque el transporte del interior del país ya estaba en crisis antes de la pandemia, que ahora encarece los costos de funcionamiento por efecto del distanciamiento social, pues obliga a reducir la cantidad de pasajeros por unidad.
Si por cada 10 pesos las provincias reciben uno, para que las 22 jurisdicciones no comprendidas en el Amba tengan su parte, cuando cada una de ellas tomó su primer peso de la cuenta, el Amba ya acaparó 198 (22 veces 9). Así, se quedó con unos 63 mil millones de pesos y las 22 provincias restantes, con unos siete mil millones.
Si la distribución entre ellas fuese igualitaria, a cada una le habrían correspondido unos $ 318 millones. Ese dinero no alcanza para subsidiar el transporte de una ciudad como Córdoba, ni siquiera si erróneamente supusiéramos que la capital provincial tiene derecho a ser la única beneficiaria en nuestro territorio. Tampoco alcanzaron los tres mil millones de pesos que aportó la Provincia.
Eso explica al menos dos cosas. Por un lado, que la tarifa promedio en el Gran Buenos Aires sea de apenas $ 12,75, mientras que en Córdoba es de $ 31,90.
Por otro lado, que casi todo el transporte del interior está de paro porque colapsó en medio de la pandemia, mientras que en el Área Metropolitana sigue funcionando gracias a los subsidios nacionales.
El panorama se complejiza más aún por efecto de la tarjeta Sube, que rige en Amba y en algunas ciudades del interior, como
Santa Fe y Mendoza, donde el Estado nacional subsidia a los usuarios. El año pasado se repartieron unos 11 mil millones de pesos, y Amba recibió el 79 por ciento.
Córdoba no puede recibir ni un peso por su relación contractual con Red Bus, un sistema parecido que no está contemplado a la hora de subsidiar al pasajero.
El intendente Martín Llaryora entiende que, mientras no se discuta el reparto de estos dineros, será imposible resolver el problema de fondo. Quienes administran otras ciudades importantes del interior comparten ese criterio.
La gran pregunta es cómo se convence a la administración nacional de que tiene que quitarle dinero al Amba, principal bastión electoral del país.