El costo salarial de la Municipalidad bajó $ 400 millones respecto de enero
En enero había erogado 1.843,5 millones en sueldos. En junio, serán 1.445,5 millones. La baja nominal fue del 21,5%. Pero la caída supera el 30% cuando se considera la inflación.
El nivel de conflictividad entre la gestión del intendente Martín Llaryora y el gremio de los empleados municipales (Suoem) es inversamente proporcional al comportamiento de la partida del gasto salarial del municipio. Por estos días esa tensión tiene un pico y la explicación se encuentra en el liquidador de haberes: los sueldos que se pagarán en los próximos días tienen un costo total para el municipio de 1.445,5 millones de pesos, 400 millones menos que los erogados en enero pasado.
La magnitud del ajuste aplicado en el municipio desde el inicio de la cuarentena se evidencia a pleno con los sueldos de junio, puesto que ya impacta de lleno el recorte de jornada que rige para algo más de la mitad de los municipales.
De acuerdo con las cifras informadas por la Secretaría General del municipio, la caída del costo salarial entre enero y junio fue del 21,5 por ciento en términos nominales. Cuando a esto se agrega la inflación –que superó el 11 por ciento hasta mayo–, la cuenta se eleva por encima del 30 por ciento.
Si el municipio hubiese seguido pagando salarios idénticos a los de enero, hubiese erogado algo más de 11 mil millones de pesos hasta junio. La cuenta total de lo gastado en sueldos en los primeros seis meses, en cambio, totaliza 10.145 millones de pesos sin considerar el medio aguinaldo.
El ahorro generado por las sucesivas medidas de ajuste supera los 900 millones de pesos en el semestre y explica por sí mismo el profundo conflicto que enfrenta a Llaryora con el Suoem.
Mes a mes
En enero pasado, el salario bruto promedio municipal superó los
135 mil pesos y marcó un récord. Ese mes se pagó el penúltimo aumento de la paritaria con “cláusula gatillo” que venía de la gestión del exintendente Ramón Mestre, y el costo salarial total fue de
1.843,5 millones de pesos. En febrero fue el último aumento, pero se abonó de modo no remunerativo, y comenzaron los recortes de horas extras, por lo que el gasto tuvo una leve baja: 1.787,8 millones.
En marzo –cuando el Suoem esperaba discutir la paritaria 2020–, se pospuso sin plazo esa negociación y siguió el recorte de horas extras, por lo que el gasto bajó ese mes a 1.750,9 millones.
En abril, además, se dieron de baja las prolongaciones horarias de los 2.800 agentes que están sin trabajar por el receso sanitario, y la erogación salarial bajó a 1.714,7 millones de pesos.
En mayo llegó el ajuste más contundente, que fue la reducción de una hora de la jornada laboral. Esa medida impacta en una reducción salarial del 14,2 por ciento en los sueldos de más de la mitad de los empleados, y aunque sólo estuvo vigente en la segunda quincena de mayo, hizo que la partida salarial de ese mes bajara a 1.602,4 millones.
En junio, con la aplicación plena de la reducción de jornada y de nuevas medidas de ajuste, el costo total se redujo a 1.445,5 millones.
En proceso
No obstante, esa cifra no evidencia aún el impacto pleno de medidas como la quita de bonificaciones del 30 por ciento a los tres centenares de inspectores que perdieron su chapa, la eliminación de 185 jefaturas que estaban cubiertas por interinos o la no renovación de 119 contratos que acaba de ser notificada por el Ejecutivo. El gasto salarial consignado incluye a la planta política y a los más de 10 mil empleados municipales efectivos y contratados.
La gestión Llaryora no incluyó nuevos agentes bajo el régimen que prevé el Estatuto del Empleado Municipal, pero sí lo hizo bajo otras figuras: contratos de locación de servicios (monotributistas), becarios, el plan social Servidores Urbanos y el cuerpo de Promotores de Convivencia, compuesto por más de 90 abogados que facturan 40 mil pesos mensuales.
En todos los casos, esas modalidades suponen un costo muy inferior al de los agentes municipales.
El conflicto gremial que se generó a consecuencia de todos esos recortes es el más prolongado desde la gestión del exintendente Germán Kammerath, pero está lejos de ser de los más intensos: en el pasado, el Suoem paralizó por completo el municipio, aplicó métodos violentos y colapsó los servicios por medidas de impacto muy inferior.
La cuarentena, la digitalización y las vías alternativas generadas por el Ejecutivo para frenar el poder gremial son las claves de esa realidad. Las vías de diálogo entre las partes son escasas y hasta ahora se limitaron a los temas vinculados al área de Educación.
El Suoem pide una reapertura de las discusiones y el viernes reclamó que el propio Llaryora encabece esa mesa de diálogo. Hasta ahora no hubo respuesta del Ejecutivo, que tampoco anunció todavía cómo pagará del medio aguinaldo.