Dice Georgieva que el plan lo hará ella Edgardo Moreno
La caída de la economía argentina en abril pasado fue la mayor de la historia. Un fenómeno inusual, que combina el derrumbe previo de la actividad, que ya venía en picada, con el efecto fulminante de la fase más dura de la cuarentena. La curva de la economía no fue una curva, sino un clavado de cabeza en vertical.
Las consecuencias sociales de ese declive abrupto son por el momento impredecibles. Nunca antes se vio un colapso de esa profundidad y con tanta aceleración. Para imaginar las consecuencias políticas, es necesario combinar esa caída libre con otras dos variables: la distancia con las expectativas previas y el contexto sistémico de desacuerdo dirigencial.
En términos políticos, una crisis no es sólo el conjunto de indicadores desfavorables concentrados en un período de tiempo. Es también el contraste entre lo que la sociedad esperaba para ese momento y lo que finalmente obtuvo. Y la eventual red de acuerdos entre coaliciones disímiles para contener la frustración y el desencanto.
El gobierno de Alberto Fernández cumplió 200 días de mandato con 100 de cuarentena. La gestión que venía a encender la economía se encontró con la caída más rápida de la historia. Así de disruptiva es la relación entre lo que se esperaba y lo que ocurrió.
Mientras, el sistema político en su conjunto se dispone a enfrentar la peor crisis sin ningún acuerdo. El oficialismo actual tiene allí una responsabilidad inexcusable: se encuentra partido en fracciones asimétricas. Una muy minoritaria, referenciada en el Presidente, que le adjudica racionalmente el tamaño inédito de la crisis a la pandemia y acepta posponer por la emergencia la mayor parte de su agenda propia.
Y otra fracción, muy prevalente y liderada por Cristina, que le adjudica toda la responsabilidad de la caída a la oposición. Y que empuja una agenda de represalias, sin reparar en las limitaciones de la emergencia. Esa retaliación de Cristina es el principal obstáculo para un acuerdo político amplio que extienda redes de contención frente a la crisis. Un obstáculo adentro del oficialismo y también para explorar consensos extracoalicionales.
Como para Alberto Fernández la cuarentena eterna ha dejado de ser un manantial de aprobación política para transformarse en un lastre, el Presidente apunta a cerrar rápido el acuerdo por la deuda externa en cesación de pagos. Coagular esa hemorragia es ahora su apuesta central para retomar la iniciativa política. Es algo que Cristina no puede hacer.
El ministro Martín Guzmán perdió un tiempo valioso intentando darle al mundo una lección académica sobre la reestructuración de deuda soberana. No fue el único: también el Presidente le destina una deferencia diplomática inconcebible al debate de jubilados, en el Grupo de Puebla.
Quien añora al difunto Hugo Chávez acaso puede, en el mundo de los vivos, recibir del cielo a Nicolás Maduro. Pero seguro no despertará el interés de los adversarios globales de la dictadura venezolana. Como la Unión Europea, a la que acaban de echarle la embajadora.
Durante ese tiempo perdido, la propuesta de Guzmán para alcanzar la soberanía monetaria se devaluó tanto que una parte de los acreedores privados ya se está dando por satisfecha. Otra fracción más ambiciosa y con poder de bloqueo quiere exprimirle un poco más el bolso. La prueba de que Guzmán viene retrocediendo en chancletas es que el Fondo Monetario Internacional prendió la luz amarilla: es el principal acreedor.
Kristalina Georgieva lanzó una advertencia entre mística y agorera. Dijo que reza para que haya un acuerdo, pero que también se prepara para lo peor.
Y para todos los que incordian a Alberto y Cristina reclamándoles un plan económico para salir de la crisis, Georgieva avisó con cortesía que el FMI tiene uno listo: la receta estricta de un crédito de facilidades extendidas.
LA CRISIS MÁS PROFUNDA, SIN ACUERDO POLÍTICO Y UN SOLO PLAN PARA EL “DEFAULT”.