La doble moral deslegitima la política
Desde hace muchos años, con cierta frecuencia, en la política argentina se discute la doble vara o la doble moral con la que se juzga a sus diferentes actores.
Si hubiera un único parámetro para determinar lo correcto, lo ético, lo razonable, etcétera, se aplicaría por igual a todos los sectores en general, y a toda la dirigencia en particular. Por el contrario, lo que se hace, se dice o se propone es juzgado según si su agente es parte de una fracción política o no. En ese sentido, habrá que decir que el tiempo presente es pródigo en ejemplos.
Si se corroborara aquel principio de que, pasada cierta cantidad de eventos, la repetición de cualquier fenómeno deja de ser información meramente cuantitativa para transformarse en un dato de significación cualitativa, acaso no esté lejos el momento en que la sociedad demande un cambio de valores y promueva una nueva cultura política.
El recuerdo de un reciente gobierno no peronista ayuda a la comparación. Entonces, por poner un ejemplo, los gremios exigieron la denominada “cláusula gatillo” para asegurarse aumentos salariales mensuales equivalentes a la inflación.
Ahora, como gobierna una coalición peronista, los mismos dirigentes gremiales firman incrementos semestrales o anuales por debajo de la inflación registrada. O quienes antes manifestaban incluso con violencia porque el gobierno recurría al Fondo Monetario ahora guardan silencio mientras se negocia con el mismo organismo.
Como hemos dicho en otras oportunidades, esa conducta faccionaliza la política: la misma cosa estará bien si la hace uno de los nuestros y mal si la hace el adversario.
En lenguaje coloquial, se lo puede traducir en estos términos: nosotros no evaluamos a los nuestros con los conceptos que les imponemos a los otros. O también: no nos pidan que actuemos como les exigimos a los demás que lo hagan.
Por cierto, no hace falta violar ninguna cláusula legal para que esta doble vara se ponga en funcionamiento. El diputado Máximo Kirchner –principal impulsor de un “impuesto a la riqueza” aun siendo millonario– le adeuda al Estado desde hace años los impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias. Redondeando, estamos hablando de unos cuatro millones de pesos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) aceptó que los saldara en 96 cuotas con un mínimo interés.
Como su patrimonio orilla los 300 millones de pesos, no cabe duda de que podría abonar la deuda en un solo pago. Con la moratoria, terminará de pagar en 2028.
No estamos queriendo decir que el esquema admitido por Afip sea ilegal, sino que se trata de una conducta éticamente reprochable. Sería una señal positiva, claro está, que la dirigencia política admitiera que la ética debe seguir regulando por igual las acciones de todos, sin importar el partido al que pertenezcan.
Más aún, insistimos, la sociedad debiera exigir que todos se atengan a un único patrón de comportamiento y reprobar fuertemente a los transgresores.