Volverán a juzgar a un femicida que logró una condena atenuada
FALLO JUDICIAL. Recibió 22 años, ya que el jurado popular aplicó una visión restrictiva sobre la violencia de género. El TSJ fijó un nuevo juicio.
El 29 de octubre de 2016, Rosana del Valle Salinas (30) fue asesinada en la localidad de La Pampa, departamento Totoral. Dante Emiliano Aguirre, su expareja y padre de sus hijas, fue condenado en julio de 2018 a 22 años de prisión por homicidio calificado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación.
El fiscal de la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, Hugo Almirón, había pedido en su alegato que Aguirre fuera condenado por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género (femicidio), acusación que sólo admite la pena de prisión perpetua.
Sin embargo, en el juicio los jurados populares resolvieron, por mayoría, condenarlo a 22 años de prisión por homicidio calificado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación.
Los jurados valoraron como atenuante que como Rosana había comenzado una nueva relación, Aguirre había sido blanco de humillaciones y burlas en el pueblo.
Almirón presentó un recurso de casación en contra de aquella condena, argumentando que no pueden aplicarse atenuantes cuando se trata de un crimen en el que hubo violencia de género, y pidiendo que se consideren los otros agravantes que había solicitado entonces: violencia de género y alevosía.
“Está probado el hecho (homicidio) y la participación del imputado Dante Emiliano Aguirre, esa parte no es motivo de un nuevo examen, pero sí deben revisarse los agravantes y la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación que no son válidas si hubo violencia de género”, precisó Almirón a La Voz.
El Tribunal Superior de Justicia resolvió el 30 de octubre pasado hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el fiscal Almirón, y anular en parte el debate y la sentencia de 2018 dictada por la Cámara Criminal y Correccional de 8ª Nominación con jurados populares “sólo en cuanto concierne a la determinación de la existencia del hecho nominado primero y el contexto de violencia en contra de la víctima del homicidio”.
La Sala Penal, integrada por Aída Tarditti, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bolatti, ordenó el reenvío de la causa a otra cámara, también integrada con jurados populares, para garantizar la imparcialidad del tribunal.
“Con esta sentencia, el TSJ pide que se vuelva a juzgar, en juicio oral y público, pero que no se vuelva a debatir lo que ya está probado: lo que se debe debatir es la existencia del ánimo intimidante en el primer hecho, las amenazas y el contexto de violencia de género que ha sido desoído en el primer fallo”, detalló Almirón.
Para el fiscal no se valoró correctamente el contexto de violencia de género: “Era una chica joven, había tenido vaivenes en su relación con el imputado, luego lo dejó, pero este tipo de personalidades no admiten que una mujer tenga una nueva relación”.
“Lo que surge del primer fallo es que hubo prejuicios, porque el jurado por mayoría entendió que como ella tenía otra relación él había sido estigmatizado y humillado en el pueblo, y eso fue justificativo para atenuar la pena”, cuestionó Almirón.
“Para mí no fue justo que apliquen el atenuante, porque aunque hubiere habido infidelidades el crimen no es la solución, ahí hubo violencia, hubo control. Si bien 22 años es una pena alta, no es suficiente, y entiendo que esa mujer merecía que él recibiera la pena que verdaderamente le correspondía: perpetua”, concluyó el fiscal.
La sentencia había ido en consonancia con el pedido de la defensora oficial que representó a Aguirre en el juicio: admitió ante tribunal el crimen pero sostuvo que lo hizo porque mediaron circunstancias extraordinarias de atenuación
La Cámara de 7ª del Crimen será ahora la encargada de volver a juzgar el caso.
Los jueces técnicos, en contra
En el debate de la Cámara 8ª del Crimen los jurados populares resolvieron por mayoría condenar a Aguirre a 22 años de prisión, aplicando atenuantes, pese a la postura de los jueces técnicos que no estaban de acuerdo con atenuar la condena.
En los fundamentos de esa sentencia, el presidente del tribunal, Juan Manuel Ugarte, aclaró que durante la deliberación se expuso a los jurados populares la doctrina local sobre el alcance de la violencia de género y la necesidad de implementar correctamente los nuevos paradigmas con base en las legislaciones nacional y provincial, y a la luz de la normativa convencional.
“Debemos abandonar aquella típica frase de que ‘la madre es sagrada’ y actualizarla por esta nueva de que ‘toda mujer es sagrada’. Ello como índice de dirección a erradicar la discriminación sufrida por la mujer a lo largo de los siglos y proteger ese sentido de lo vulnerable”, precisó el presidente del tribunal.
“No escapa a mi criterio que esta es la protección que en este juicio nos ocupa, pero gráficamente se debe indicar que también los niños, las personas con capacidades diferentes, los ancianos y todo aquel que se considere vulnerable, debe ser objeto de protección”, apuntó Ugarte, quien se encargó de aclarar en los fundamentos que los jueces habían tenido una visión amplia, a diferencia de la mayoría del jurado popular.
Cumplió la amenaza
Rosana del Valle Salinas fue asesinada el 29 de octubre de 2016, cuando esperaba a su novio en una parada de ómnibus en la localidad de La Pampa, departamento Totoral.
Rosana había denunciado a su expareja, Aguirre, por amenazas, y aunque había una orden de restricción, el hombre la contactaba con frecuencia ignorando la prohibición.
“Si algo les pasa a las chicas o te llego a ver con otra persona, te voy a cagar matando”, le había dicho días antes del crimen, según la investigación. Esa madrugada la sorprendió en la parada del ómnibus, la golpeó en la cara, la apuñaló hasta matarla y huyó. El femicida fue detenido al día siguiente.