Facturas truchas. La “doble vuelta” de la otra megaevasión
Hay 19 acusados, uno de ellos detenido. Se trata de la investigación que tiene entre los imputados al conocido economista Nadin Argañaraz. Rige el secreto de sumario.
Un detenido y 18 imputados más. Y una sospecha de cientos de millones de pesos evadidos, según los cálculos que realizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
En la torre de los Tribunales federales de Córdoba, se conoce a esta causa como la “otra” megaevasión. Es que, de manera paralela, desde el segundo semestre de este año dos largas investigaciones por supuestos delitos tributarios saltaron a la luz pública.
Por un lado, una presunta “usina” de facturas truchas, causa que ya tiene más de 40 imputados.
Por el otro, una doble maniobra en la que también se presume que el objetivo era eludir al fiscal, expediente que alberga 19 nombres, entre los que figura el reconocido economista Nadin Argañaraz.
Su presencia entre los sospechosos imputados el pasado 7 de este mes hizo que esta causa concentrara numerosas miradas de diferentes sectores ligados a los círculos de influencia en Córdoba. Desde entonces, el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro, mantiene un estricto secreto de sumario.
Pese a esto, La Voz ha logrado reconstruir de qué se trata la investigación que nació hace más de dos años a partir de diversos cotejos que realizó la Afip y que se llevó adelante bajo el más absoluto hermetismo, hasta que a principios de este mes se ordenaron los allanamientos.
Antes, en septiembre, hubo una puja entre dos jueces para dirimir quién finalmente quedaba al frente del expediente. Bustos Fierro, a quien le tocó el caso por primera vez, pidió apartarse por decoro, ya que dijo conocer a uno de los posibles imputados. Ante esto, la investigación pasó a manos del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja,
quien entendió que su colega no tenía argumentos sólidos para dejar la causa. Ante esto, dirimió la Cámara Federal, que ordenó que Bustos Fierro se hiciera cargo.
En términos simples, en Tribunales Federales se habla de una “doble vuelta” para intentar evadir impuestos, sobre todo IVA y Ganancias.
Por un lado, se investiga una maniobra con facturas apócrifas en perjuicio de la Afip, similar a la megaevasión, que habría comenzado a ejecutarse, al menos, en 2017.
Por otra parte, se sospecha de una triangulación ficticia con las exportaciones, desde 2019, con el objetivo de eludir el cepo y defraudar a la Aduana. El delito bajo sospecha: violaciones al régimen penal cambiario.
“Simulaban exportaciones con el objetivo de poder acceder a dólares legales”, sintetizó una fuente que sigue muy de cerca este expediente.
La presunta maniobra lejos está de ser simple. Se sospecha que creaban sociedades anónimas simplificadas (SAS) y que operaban en el mercado único y libre de cambios (Mulc), entre otros puntos que figuran en la causa.
Para la investigación, Matías Gonzalo Lafuente Silviotti sería el cabecilla de esta presunta maniobra dual. Fue detenido en su domicilio del country La Rufina e imputado como organizador de asociación ilícita y lavado de dinero, y también por violar el régimen cambiario y por alteración dolosa de registros.
Entre los investigados, figuran Ana Paula Ruffa, Francisco Adolfo Lafuente, Teresa del Valle Silviotti, Jorge Alfredo
Centeno Novillo, Gabriel Céspedes, Claudio Abregú Vukovic, Eduardo Carlos de la Fuente, María Teresa Díaz, Nadín Argañaraz, Marcelo Daniel Ferraris, Sergio Aram Derhagopian, Sebastián Toranzo, Cristian Luis Ríos, Nicolás Ezequiel Reyna Ontivero, Santiago Agustín Gobbi Fenoglio, María Candela Burgos y Sergio Eduardo Scravaglieri.
Varios de ellos presentaron en las últimas semanas pedidos preventivos de eximición de prisión, que le fueron otorgados sin oposición de la fiscalía.
Las fuentes consultadas agregaron que hay más personas bajo sospecha y que incluso a algunos de quienes aún no fueron imputados ya les “revisaron” sus cuentas bancarias.
Sebastián Toranzo tiene una particularidad: figura en las dos causas por megaevasión. En el marco de la otra investigación, fue allanado el 21 de octubre pasado.
Sobre Argañaraz, en tanto, trascendió que quedó bajo sospecha por unas facturas apócrifas que habrían sido presentadas en el balance interno del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que el economista fundó y dirige. Por esto, fue imputado por el presunto delito de administración fraudulenta.
Al ser allanado en su domicilio particular, se le secuestraron 380 mil dólares. La Afip le inició un proceso de fiscalización para que explique el origen de ese dinero.
En su momento, su abogado Tristán Gavier aseguró que Argañaraz iba a poder explicar “cada centavo ante la Justicia”.
Los investigadores añadieron que el secreto de sumario actual obedece, entre otras cuestiones, a que se está analizando toda la prueba recolectada en los operativos y no se descarta ampliar algunas de las imputaciones a delitos más graves, como es el lavado de activos.
Uno de los imputados también figura en la megaevasión desbaratada en agosto último.