Intemperie. Una niña hospitalizada, la punta del iceberg sobre las residencias
La investigación por las sospechas de abuso que detonaron la ida del titular de la Senaf ya empieza a mostrar un llamativo descontrol interno. Hubo allanamientos y se multiplican las suspicacias.
Cada mujer y varón que llega a alguna de las 37 residencias de la provincia (14 oficiales y 23 organizaciones en gestión asociada al Estado – OGA–) carga una enorme mochila repleta de rocas sobre sus espaldas. Están allí porque son producto de un fracaso del que son las primeras víctimas: cuando traspasan el umbral de estas casonas que dependen de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), ya no hay nada más que hacer para vincularlos con su familia.
En cada uno de estos casos, no alcanzó la intervención estatal con su núcleo más directo y, tampoco, con su familia ampliada (tíos o abuelos, por ejemplo). La Senaf constató que no había nadie que pudiera ocuparse de estos niños y niñas para asegurar el respeto de sus derechos más elementales.
Quedaron a la espera de una familia de acogimiento o de una adopción. Pero hoy están allí, en las residencias, que ya no son institutos ni orfanatos.
Son los casos más extremos, representados en 470 niños y adolescentes de hasta 21 años desparramados en las 37 residencias provinciales. Casi 500 biografías que son la punta de un iceberg mucho más profundo...
(”Hijos de nadie”, La Voz,
26/11/2018). .......................................................................... Desde hace dos semanas, una densa bruma rodea las residencias oficiales de Córdoba. Las gruesas sospechas que se abrieron a nivel judicial sobre los presuntos abusos y maltratos que habría sufrido una niña vulnerable alojada en uno de estos espacios generó una convulsión política en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, cartera de la que depende la Senaf.
El ministro Julián López le pidió la renuncia (o sea, echó) al titular de la Senaf, José Piñero, a quien acusó de no haber avisado a tiempo sobre lo sucedido con la pequeña.
El funcionario desplazado respondió con una carta al gobernador en la que señaló al ministro por no haber respondido a tiempo una larga serie de demandas, entre las que se destacaba la falta de verduras, frutas y hasta ropa interior en esas residencias.
Pero detrás de la disputa política existe otra realidad: la que se reproduce en el interior de las residencias. Una cotidianidad que ahora la Justicia
y la Policía han comenzado a revelar y que empieza a mostrar notas para el asombro.
Fuentes judiciales, policiales y de la propia Senaf fueron consultados para esta nota. También se hizo contacto con el Ministerio de Justicia, de donde se respondió que por ahora no habrá respuestas sobre este caso, ya que está actuando la Justicia.
Parte de esta historia comenzó a escribirse el pasado 6 de este mes. Tras un brote de coronavirus que no dejó de aumentar desde septiembre, ese día Elena Domínguez, a cargo del área de Servicio de Salud de la Senaf, ordenó reorganizar las residencias.
En concreto, dispuso que a partir del sábado 7, en la residencia Eva Perón –ubicada a un costado de la calle Padre Claret, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba– se iba a alojar a niñas y niños de las diferentes residencias que tuvieran Covid.
Pero esto no fue todo: también se indicó que todo el personal estable de esa residencia tenía que marcharse de allí, ya que los empleados podían tener coronavirus o ser conen tactos estrechos. Así, ingresaron otros encargados, la mayoría proveniente del Programa de Acompañamiento Hospitalario, que responden a la licenciada Mónica Rosales.
En su mayoría se trata, según coincidieron media docena de fuentes de la Senaf consultadas para esta nota, de militantes políticos de Unión por Córdoba que cobran un sueldo precario como “voluntarios”. No tienen preparación profesional o de oficio especial para esta tarea. Varios de ellos fueron relocalizados desde otras residencias.
El dato es clave en esta madeja que ahora la fiscal del primer turno de Delitos Sexuales, Alicia Chirino, está intentando desmontar.
A partir de entonces, y hasta el jueves 19 de este mes, según contarían luego las adolescentes más grandes, en el Eva Perón el ritmo cotidiano cambió por completo. Los horarios del día se extendieron hasta bien entrada la madrugada y las horas de dormir se corrieron hacia la mañana y la tarde. “Vivían de joda”, graficó una de las fuentes, que escuchó todo primera persona.
Incluso, el domingo 15, un grupo de empleados elevó una nota interna a Elena Domínguez en la que denunciaban una supuesta serie de anormalidades. Describieron que uno de los coordinadores solía acostarse en un colchón con las adolescentes, que de manera permanente había “toqueteos” entre ellos y que hasta ingresaba en la pieza de una de las jóvenes menores de edad en plena oscuridad.
También dejaron asentado que los horarios internos ya no se cumplían, que se había alterado el ritmo de la medicación para niños y adolescentes que la estaban tomando y que la situación interna se estaba desbordando.
Recién el miércoles siguiente, una pequeña de 12 años allí internada, que tiene problemas de salud mental, fue derivada al Hospital Pediátrico, ya que estaba descompensada a raíz de una sobremedicación, según advirtieron los médicos que la recibieron.
Los galenos también observaron marcas en su cuerpo compatibles con golpes, y tras una revisación más profunda el jueves a media mañana denunciaron ante la Justicia que sospechaban que la niña también había podido ser abusada.
Operativos
La causa recayó en la fiscalía de Chirino, que de manera veloz ordenó una serie de allanamientos que ejecutó la Policía Judicial y el área de Protección de las Personas de la Policía, según confirmaron fuentes judiciales. Hubo procedimientos en la residencia y también en los domicilios de los “coordinadores” temporales, según trascendió. Fue entonces que los investigadores también empezaron a observar falencias de control interno.
“Hubo un descontrol de planillas; ni estaban asentadas las direcciones de los empleados que efectivamente estuvieron esos días en la residencia”, contó una fuente, que agregó que la fiscal está evitando tener un contacto directo sobre algunos aspectos con la Senaf, ya que los nombramientos fueron responsabilidad de este organismo.
Sobre el funcionamiento de la residencia, otro de los informantes fue bastante gráfico: “No había planillas de nada en esos casi 15 días, ni siquiera sobre qué medicamentos suministraron a los chicos, a qué día y a qué hora. A diferencia de cuando estaba el grupo normal de empleados, que sí tenía una base actualizada, ahora no se encontró nada”.
Aún no está el informe del peritaje final, pero los últimos datos que maneja la Justicia no son concluyentes sobre que la niña haya sido violada.
Hay un dato que llamó mucho la atención a los empleados más antiguos de la residencia: cuando la niña fue internada (este viernes le dieron el alta), llegó con pañales, pese a que en la residencia, al menos hasta el viernes 6, nunca los había necesitado.
Los médicos del Pediátrico también resaltaron en la denuncia que a la niña le habrían suministrado un potente fármaco antipsicótico, cuya utilización en la residencia plantea toda una serie de interrogantes entre los investigadores.
La situación lejos está de circunscribirse sólo a la residencia Eva Perón. Desde hace tiempo proliferan las denuncias en las diferentes unidades judiciales sobre niñas y niños que se escapan de estos lugares y que, tras deambular varios días, son encontrados y devueltos allí. En el medio, mientras están a la intemperie, quedan a merced de todo tipo de atropellos.