Que la opacidad no se use para quedarse con las dosis
Desde el inicio de la pandemia, hubo una sola constante: la improvisación y la falta de anticipación del Gobierno nacional. Como si fuera poco, ahora vemos con dolor cómo se suma la inmoralidad en la gestión de un bien escaso como es la vacuna contra el Covid-19.
Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Mientras el mundo se preparaba para la pandemia, el ministro de Salud Ginés González García aseguraba que el virus no iba a llegar a la Argentina.
Mientras otros países comenzaban a plantear la apertura de las escuelas, el presidente Alberto Fernández pedía por cadena nacional que niños y niñas les mandaran dibujitos por Twitter.
Mientras a nivel global se acopiaban testeos, en la Argentina teníamos la tasa más baja de la región.
Mientras el mundo empezaba a encontrar el equilibrio entre salud y economía, en el país llevamos la cuarentena hasta el límite del agobio de muchos sectores de la economía.
Todo esto en un contexto de restricción de las libertades individuales y violación de los derechos humanos y, también, de aumento de casos de violencia institucional.
Sin excepción
Córdoba no fue la excepción. Por más que el gobernador se esfuerce en mostrarse como algo distinto, nos encontramos, una vez más, con los mismos métodos en la Casa Rosada y el Gobierno de Córdoba.
Durante todo 2020 fueron funcionales acompañando cada una de las leyes nacionales –algunas, hasta perjudiciales para Córdoba– y ahora incluso se replica desde el cordobesismo el “vacunatorio VIP”. Vacunaciones furtivas, discrecionales e ilegales.
Primero decenas y luego centenares de funcionarios, empresarios, gremialistas y amigos del poder, arropados en una muy cuestionable figura de “trabajadores estratégicos”, que tardíamente se pretende justificar con una reglamentación hecha a medida.
En los últimos días, conocimos que cerca de 500 personas fueron vacunadas de manera indebida en la provincia apelando a atajos discursivos para ponerse al frente de la fila.
Personas que no debieron vacunarse y están vacunadas.
Personas que, aunque están habilitadas para vacunarse, recibieron su dosis semanas antes de lo debido. Personas que, pese a haber sido vacunadas, no figuran en ningún registro oficial.
Saltarse la fila
Ahora, cuando lo que podía ser previsto y evitado se hace evidente, la política tiene que dar el ejemplo. La escasez de vacunas por la falta de gestión y la inmoralidad en los criterios de distribución no pueden pagarse con la vida de más ciudadanos/as y con la credibilidad de las instituciones.
A diferencia de lo que dijo el Presidente, saltarse la fila sí es un delito, más aún cuando pone en riesgo la vida de las personas.
Tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, manejo de información privilegiada y malversación de fondos públicos son algunos de los tipos penales que podrían encuadrar en lo sucedido.
Más allá del encuadre legal, quien se salta la fila le está robando la vacuna a su abuelo.
Saltarse la fila es quitarle las dosis al personal sanitario que falta ser inmunizado y que está en la primera trinchera, expuesto a una carga viral que pone en riesgo su vida.
Saltarse la fila es que personas con comorbilidades puedan fallecer por no recibir su dosis a tiempo.
Queremos que este bien público, que marca para algunos la diferencia entre la vida o la muerte, no sea un botín más del clientelismo en el proceso de apropiación del Estado.
Información necesaria
En este delicado contexto, pedimos una vez más tanto al Gobierno nacional como al de la provincia que, en cumplimiento del derecho al acceso a la información pública, exhiban los listados completos de todas las personas que fueron vacunadas hasta el momento, y que quienes lo hicieron violando el orden pre
A diferencia de lo que dijo el Presidente, saltarse la fila sí es un delito, más cuando pone en riesgo la vida de las personas.
visto por los protocolos respondan ante la Justicia y la sociedad.
Es con información veraz y completa que se reconstruye la confianza. También creemos imprescindible que, a partir de ahora, cuando empiecen a llegar –si se cumplen los pronósticos– vacunas de distintas partes del mundo, se garanticen los máximos controles y la transparencia en la gestión.
No debe ser la opacidad el recurso para que se queden con el Estado y los recursos públicos.
Esta campaña de vacunación –uno de los retos más grandes que enfrenta la humanidad– debe ser realizada abriendo las ventanas del Estado, echando luz y permitiéndonos a todos los ciudadanos y ciudadanas y a quienes ocupamos responsabilidades en organismos legislativos que ejerzamos nuestro derecho a controlar. Sólo de esta forma se reconstruirá la confianza pública, base para nuestra sociedad democrática.
Queremos que este bien público que marca para algunos la diferencia entre la vida y la muerte no sea un botín más.