Se tensa la relación entre Nación y Schiaretti por el avance judicial.
APERTURA DE SESIONES. Las críticas del Presidente al Poder Judicial tienen impacto local. Los diputados schiarettistas mantienen su postura de no dar cuórum a las leyes que reclama el FPV.
“No cuenten con nosotros”. Lacónico, un integrante del bloque schiarettista en Diputados fue tajante respecto del posicionamiento que tendrán esos cuatro parlamentarios alineados al gobernador Juan Schiaretti respecto del pedido que lanzó ayer el presidente Alberto Fernández para que se aprueben en la Cámara Baja una serie de proyectos de interés para el Poder Ejecutivo.
Dos de esas iniciativas no pudieron ser aprobadas el año pasado porque el Frente de Todos no logró reunir los votos necesarios de sus aliados, entre ellos estos cuatro cordobeses. Ayer, el Presidente anunció el envío de una serie de proyectos, entre ellos uno que tiene por objetivo restarle poder a la Corte Suprema de Justicia, con la creación de un tribunal intermedio. Para la oposición, la movida es una maniobra que busca beneficiar a la vicepresidenta Cristina Fernández en los procesos abiertos que tiene por presunta corrupción.
En el bloque Córdoba Federal se abstuvieron de opinar sobre el duro discurso que emitió el jefe del Estado en contra del Poder Judicial al abrir el período de sesiones ordinarias de este año.
En agosto de 2020, cuando la presión social reclamó un posicionamiento claro del gobernador Schiaretti sobre el proyecto de reforma de la Justicia federal que obtuvo media sanción del Senado, los schiarettistas anunciaron que no darán cuórum y que votarán en contra si el proyecto es habilitado para su debate en el recinto.
Esa posición de rechazo se trasladó también, luego, para la otra iniciativa que está frenada en Diputados: las flexibilizaciones impulsadas por el oficialismo para la designación del Procurador General.
Ayer, el Presidente, en medio de ácidos cuestionamientos vertidos a jueces, fiscales y camaristas de todos los niveles –dijo que el Poder Judicial “está en crisis” y que “parece vivir en los márgenes del sistema republicano”–, anunció que buscará convencer a los gobernadores para obtener respaldo de los diputados provinciales para su idea de crear un tribunal que, en lugar de la Corte, se aboque a las causas en las que deben resolverse arbitrariedades en los procesos judiciales.
Aunque no lo mencionó, esos procesos incluyen las investigaciones que tienen en el banquillo de los acusados a Cristina Fernández.
La constitución de este tribunal también será rechazado por los legisladores que responden al mandatario provincial, pudo saber La Voz de fuentes de ese bloque.
La decisión del schiarettismo de mantenerse contrario a los intereses del Gobierno nacional en el plano judicial profundiza la distancia política entre la Casa Rosada y la administración provincial en momentos en que va perdiendo fuerza la posibilidad de que se llegue a un acuerdo electoral entre Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos para los comicios legislativos de este año.
Críticas
Al ahondar sobre su idea de ampliar la conformación de un Tribunal Federal de Garantías, el Presidente comentó que ese órgano tendrá competencia exclusiva en cuestiones de arbitrariedad y sólo se podrá acceder por vía del recurso extraordinario. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, indicó.
La propuesta ya venía siendo analizada en el seno del Gobierno. La idea quedó plasmado en el trabajo que el jefe del Estado le encomendó a una comisión de expertos que estuvo integrada, entre otros, por Carlos Beraldi, abogado y asesor de la vicepresidenta. Beraldi es un ferviente impulsor de la teoría del “lawfare”, con la que Fernández de Kirchner se defiende ante los procesos judiciales que enfrenta.
En medio de severos cuestionamientos, el titular del Ejecutivo también anunció que el Gobierno propiciará el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal.
También adelantó que este año buscará, a través de otro proyecto, reformular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, aseguró.
Cuando detalló los “privilegios” del Poder Judicial hizo foco en el no pago del Impuesto a las Ganancias. “Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las Ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, resaltó.
Además, durante su discurso, el mandatario enumeró “desvíos” en los que incurren los funcionarios judiciales como, entre otros, “los femicidios que se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, las “excarcelaciones improcedentes” y “las detenciones preventivas innecesarias”. También incluyó dentro de las críticas el “per saltum que le asignó extrema gravedad” al traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Disfruta de privilegios. Alberto Fernández Presidente
En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible.
Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces.