La ciudad del futuro tiene que tapar los baches
Tras 12 meses de pandemia, conflicto gremial y cambios puertas adentro del municipio, Martín Llaryora ayer pronunció un discurso que apuntó a la ciudad que está afuera del Palacio 6 de Julio.
Los objetivos más importantes planteados fueron la descentralización operativa del municipio, un sistema más eficiente de recepción y resolución de los reclamos de los vecinos, inversiones para el fortalecimiento de los esquemas de salud y educación municipal, una nueva regulación del uso del espacio para frenar la descontrolada expansión urbana y tres ejes en materia de transporte: 160 kilómetros de nuevos tramos de ciclovías, empezar a concretar el Ferrourbano con la Nación y dotar de tecnología a los colectivos para hacer más eficiente esa prestación.
En el mismo discurso dejó claro que para que esos proyectos de futuro no les suenen a ciencia ficción a los cordobeses, primero tiene que tapar los baches.
Está en marcha una inversión de 610 millones de pesos financiada por la Nación y ayer Llaryora anunció 1.200 millones adicionales para reparar la red vial. La magnitud de la cifra evidencia la gravedad del problema que las calles representan para el peronismo en la Capital.
El otro anuncio que apunta a los reclamos básicos de los vecinos –son los que preocupan puertas adentro del Palacio 6 de Julio– es la instalación de 15 mil nuevas luminarias. Esos dos rubros son las principales fuentes de malhumor vecinal, junto a la red cloacal, cuyas mejoras están en marcha con una megainversión de la Nación y la Provincia en redes troncales y duplicación de la planta de Bajo Grande.
Llaryora se mantiene inamovible en el rol de gestor, sin referencias partidarias: no nombró al peronismo.
Agradeció a su “gran amigo” Juan Schiaretti y a la diputada Alejandra Vigo por las inversiones de la Provincia en la ciudad y el trabajo conjunto, pero también recalcó que avanza con la Nación –lo hace a través del senador Carlos Caserio, hoy enfrentado al schiarettismo– en la planificación del demorado Ferrourbano. Está claro que no es tiempo de definiciones políticas para el intendente.
Hizo menciones aisladas a la herencia del exintendente Ramón Mestre, que el año pasado había insumido buena parte del discurso, y esquivó por completo el tema que supuso un intenso conflicto de más de seis meses en plena pandemia: el recorte a los empleados municipales, que a lo largo de 2020 tuvieron una baja promedio superior a los 30 mil pesos mensuales en sus recibos de sueldos.
Llaryora en su primer año recortó en los hechos el poder de obstaculización de los tres gremios históricos del municipio –Suoem, UTA y Surrbac– y los eliminó del discurso público. El modo en que se manejó en cada caso fue muy diferente: sólo hubo enfrentamiento con los municipales. El gremio de los recolectores se transformó en un aliado inmediato de la actual gestión y el de los choferes mantiene un acuerdo que dejó fuera de escena a los tradicionales paros de transporte en la Capital.
Llaryora también ignoró por completo las críticas de la oposición por los casi 700 monotributistas y por la ampliación del programa de servidores urbanos, que superan los 1.800. Sólo mencionó que se “fortaleció” ese programa social de 10 mil pesos mensuales y que los beneficiarios fueron equipados para que puedan prestar servicios. Los opositores, a coro, sostienen que se trata de un municipio paralelo.
Lo real es que, por ahora, a Llaryora le preocupa más el enojo de los vecinos que el de los opositores.
La agenda de modernización que impulsa Llaryora se choca con el estado de las calles. La prioridad hoy son los baches.