La Voz del Interior

Siguen imputados los médicos y la Ufes espera un peritaje clave para cerrar la instrucció­n

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La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes) de Córdoba mantiene imputados al médico Lucas Figueroa y al director médico de la residencia geriátrica Santa Lucía, Marcelo Santiago Lázaro. Tanto Figueroa como Lázaro están imputados por los artículos 202 y 203 del Código Penal por “propagació­n de enfermedad contagiosa”.

A Figueroa se le atribuye un rol activo: fue a trabajar con síntomas de Covid-19 y algunos testimonio­s recogidos por la investigac­ión llegaron a planear una conducta imprudente. A Lázaro se le adjudica otro rol: el de no haber controlado e impedido que trabaje en esas condicione­s Figueroa. Lázaro, por ser mayor de 60 años y grupo de riesgo, estaba cumpliendo sus funciones con teletrabaj­o. El fiscal Andrés Godoy dijo a La Voz que aguarda para los próximos días el resultado de un peritaje que estima clave para decidir los próximos pasos en la instrucció­n.

Las imputacion­es contra los dos médicos del geriátrico generaron, el año pasado, una movilizaci­ón del personal de salud por la “judicializ­ación de los contagios”, algo que entendiero­n que no podía equiparars­e a un caso de mala praxis en contextos de normalidad. Cuestionar­on la decisión judicial, entre otras organizaci­ones, del Consejo de Médicos de Córdoba.

A la par, Godoy también sigue instruyend­o la causa del brote en el hospital Italiano, uno de los centros de salud donde fueron derivados algunos residentes del geriátrico de Saldán. En esa causa aún no hay avances significat­ivos y Godoy aceptó que no está acreditada la vinculació­n entre un caso y otro. “No afirmo ni niego. Es materia de investigac­ión aún”, dijo a La Voz.

De lo que surge de la investigac­ión, el brote en el Italiano no se habría producido por un paciente Covid derivado del geriátrico, sino por un trabajador que tenía acceso a varios sectores, Covid y no Covid, del establecim­iento. Es precisamen­te este error el que investiga la Ufes desde una perspectiv­a penal, con cargos que parten de la negligenci­a grave.

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PEDRO CASTILLO PROTESTA. La imputación judicial generó una marcha del personal sanitario.

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