El desafío de doblegar la inseguridad
La Justicia de la provincia de Córdoba tiene una agitada agenda de juicios contra malhechores que en los últimos tiempos perpetraron graves delitos, en el marco de una ola de inseguridad con componentes cada vez más violentos.
Es decir, los juicios que se ventilan en las distintas cámaras del Crimen son un indicador del incontenible accionar de delincuentes que matan sin contemplación alguna por robar un automóvil, una bicicleta o una moto.
A esa virulencia delictiva callejera, habrá que sumar los atracos a menudo con saldos igualmente trágicos a casas y a departamentos o en la calle. Así, las víctimas del delito van engrosando una cronología criminal para el espanto.
Es inconcebible que sujetos jugados a todo y muchas veces extraviados sin retorno por el consumo de drogas pesadas maten para hacerse de un teléfono celular.
Días atrás dimos cuenta de tres procesos judiciales que se debaten en la Justicia provincial, con varios acusados por homicidios en ocasión de robos.
Nada podrá remediar el dolor de los familiares de las víctimas, pero no deja de ser un avance de la Justicia en la tarea (a veces lenta) de investigar y condenar con la ley en la mano a los ejecutores de episodios criminales que se reiteran sin medida.
Habrá que coincidir, sin embargo, que el enjuiciamiento a un grupo de delincuentes no es por sí solo un indicador de que el flagelo de la inseguridad tiende a resolverse.
Hay contextos previos a esa instancia resolutiva mucho más complejos, por cierto. La mayoría de los sentenciados como autores directos o en grado de complicidad por hechos de homicidios en situación de robo son jóvenes que desde la niñez sólo encontraron el desamparo familiar y la vulnerabilidad social extrema. Es un tema delicado, que los sociólogos y expertos en otras disciplinas han debatido profusamente.
Pero es pertinente aclarar: un pasado y un presente infausto no justifica que alguien salga a robar y a matar. Hay millones de jóvenes que sufren las mismas ausencias y no por ello andan por la vida con una pistola en la mano.
Es el Estado el que tiene que dar las respuestas del caso. Pero difícilmente una víctima de un robo o un familiar de quien perdió la vida en tales circunstancias pueda admitir que este entramado forma parte de la decadencia social.
La otra cuestión que debe priorizarse antes de que un malviviente se siente en el banquillo de los acusados es la prevención constante que atañe a la Policía.
Es habitual escuchar las quejas de los vecinos por los escasos patrullajes en zonas urbanas saturadas por el delito.
También, elevan reclamos por las falencias en materia de obras de infraestructura, sobre todo por la falta de alumbrado público en calles con riesgos de emboscadas.
La realidad se muestra esquiva en el combate a la inseguridad. Las autoridades deben asumir el desafío, en bien de auxiliar a la ciudadanía acechada por el miedo.