Un abogado terminó condenado por estafas y amenazas
En juicio abreviado, Juan Gacitúa aceptó los 13 cargos de la acusación, pidió disculpas y pagará resarcimientos. Recibió una pena de tres años y 10 meses de prisión.
Pedir dinero a familiares de detenidos para “pagarles” a funcionarios públicos y así “favorecer” causas, instigar a testigos para que cambien su declaración y amenazar a una colega fueron algunos de los cargos que este lunes admitió el abogado penalista Juan Domingo Gacitúa (50) en un juicio abreviado en la Cámara 5ª del Crimen, por lo que recibió una condena de tres años y 10 meses de prisión.
Por otra parte, la sentencia incluyó la inhabilitación especial para ejercer la profesión durante cinco años y la prohibición por el mismo lapso para asumir cargos públicos.
Detenido desde noviembre de 2019, el abogado se mostró arrepentido, pidió disculpas en especial a la abogada que había amenazado, Mónica Picco, y a clientes víctimas. A ellos, les pagará resarcimientos económicos por el daño causado.
Picco, denunciante en la causa, comentó a La Voz que está satisfecha con la resolución del caso y que donará al Hospital de Niños de Córdoba los 10 mil pesos (más intereses) que le corresponden por resarcimiento simbólico. Además, Gacitúa pagará 170 mil pesos (más intereses) a una pareja que le abonó dinero hace varios años, lo mismo que a otro cliente que recibirá aproximadamente 20 mil pesos actualizados.
El juicio había celebrado su primera audiencia el pasado viernes, con la lectura de la acusación, y este lunes se arribó un acuerdo entre los defensores Roberto Lafouret y Carolina Testa, la fiscal de Cámara Gabriela Rojas Moresi y la querellante Picco. El juez Guillermo Lucero Offredi convalidó el convenio y condenó a Gacitúa a tres años y 10 meses de prisión y lo inhabilitó por cinco años para ejercer la abogacía.
Hubo una pequeña modificación al acuerdo inicial ya que las partes habían pactado una pena de prisión de cuatro años. Sin embargo, los defensores argumentaron una situación especial del acusado que tiene un hijo menor a cargo. Por esto, Lucero Offredi redujo en dos meses la condena.
Gacitúa seguirá detenido hasta el año próximo para alcanzar los dos tercios de la condena y solicitar la libertad condicional.
La admisión de culpabilidad, el arrepentimiento, el pedido de disculpas, la inhabilitación y el resarcimiento alcanzados en el debate abreviado viene a poner fin a una profusa y minuciosa acusación del fiscal instructor Juan Pablo Klinger, quien describió con lujo de detalles los 13 hechos que cometió Gacitúa y terminó por aceptar. Su impronta acusadora se vio plasmada al ser convocado al debate como coadyuvante de Rojas Moresi.
El abogado condenado era defensor de un quiosquero acusado por una serie de delitos dentro de Tribunales.
Klinger detuvo al abogado a fines de 2019 cuando este se venía desempeñando como defensor del quiosquero Juan Ariel Cejas, quien en ese momento estaba privado de la libertad, acusado por pedir dinero a particulares para “favorecer” causas. Con facilidad para ingresar a numerosos despachos de Tribunales 2, “el Ariel” también terminó condenado a tres años de prisión y hoy ya se encuentra en libertad condicional.
El expediente de Gacitúa era “contundente” en cuanto a figuras penales acusatorias: defraudación bajo pretexto de remuneración a funcionarios públicos reiterado (cinco hechos, en concurso real), defraudación bajo pretexto de remuneración a funcionarios públicos en grado de tentativa, amenazas reiteradas (cuatro hechos, en concurso real), coacción e instigación del delito de falso testimonio reiterado (dos hechos en concurso real).
Los 13 hechos
En las seis peticiones de dinero a familiares de detenidos, Klinger dice “que (ellos) confiaban en sus habilidades profesionales” y aclara que “no les podía cobrar honorarios por algún tipo de compromiso previo”. Por esto, “los inducía a error, engañándolos, haciéndoles creer que la vía más rápida para resolver favorablemente la situación procesal de la persona que se encontraba privada de su libertad era pagarle una remuneración –por lo general 5.000 pesos- a un funcionario público –comisario-, el que por dicha suma ‘agilizaría la planilla’ y de esa forma los despojaba de dicho monto”.
El fiscal aclaraba que en otros casos, “con el mismo fin y a través del mismo ardid, solicitaba diferentes sumas de dinero para supuestamente dárselas a policías investigadores o gente ‘de Criminalística’ para ‘parar las broncas’ de la investigación que se llevaba adelante”.
Buena parte del descubrimiento de estos presuntos hechos tuvieron que ver con el accionar de una colega, la abogada Picco, quien asesoró a una clienta y advirtió el accionar de Gacitúa. La letrada denunció que luego sufrió varios episodios de amenazas que también le valieron imputaciones a Gacitúa. A través de WhatsApp o de manera personal, Gacitúa habría anunciado males a Picco las veces que sintió que ella desnudaba su accionar, y en particular el día que su defendido Cejas cayó detenido.
También se reprochaba a este abogado haber influido sobre testigos a fin de modificar su declaración para favorecer a clientes -como Cejas- y pretendiendo falsear las actuaciones del fiscal instructor.
Por un lado, Klinger hablaba de “gravedad institucional que no puede ni debe soslayarse, porque como abogado matriculado y auxiliar de la Justicia”, el acusado “debe prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez y en servicio de la Justicia”.
Pero acaso lo más importante de estas consideraciones es lo que dijo el instructor respecto del enfoque que debe tenerse en este caso, más cuando la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres. “Considero que las acciones disvaliosas atribuidas al abogado Gacitúa, además de la inusitada gravedad institucional puntualizada, deben ser abordadas desde una perspectiva de género, atento a la marcada discriminación ejercida hacia sus víctimas, en casi todos los casos mujeres”, señaló el fiscal.
El fiscal que investigó el caso subrayó la necesidad de que se adoptara un enfoque de género en esta causa.