Bolivia: imputan a Macri, Bullrich y Aguad
ARMAS. La investigación fue solicitada por el fiscal federal Claudio Navas. Por ahora, sólo analiza si hubo delito aduanero en el envío de las armas a Bolivia.
El fiscal federal Claudio Navas solicitó ayer iniciar una investigación contra el expresidente Mauricio
Macri por el supuesto contrabando de armamento a Bolivia en la crisis institucional que registró ese país en noviembre 2019.
Según la acusación del Gobierno de Bolivia, respaldada por la administración de Alberto Fernández, en noviembre de 2019 la administración Macri envió 70.000 cartuchos de balas de goma y gases lacrimógenos para dotar a las fuerzas de seguridad en medio de la represión contra la sociedad que estaba manifestándose en las calles por la caída de Evo Morales.
El pedido de Navas para investigar a Macri y a ex funcionarios fue presentado ante el juez en lo penal económico Javier López Biscayart. La solicitud es para que se impulse una investigación criminal por los delitos de contrabando “agravado por el número de personas, por haber presuntamente participado funcionarios públicos y por ser armas de guerra”.
Además de Macri, Navas imputó a su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y al de Defensa, Óscar Aguad; así como al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García y tres funcionarios de Gendarmería.
El lunes pasado la gestión de Fernández había presentado una denuncia penal contra el ex presidente Macri, Bullrich y otros por el presunto delito de “contrabando agravado de armas” a Bolivia.
Fue el primer paso formal que dio la administración Fernández tras la denuncia que promovió el jueves previo el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, quien afirmó que “Macri proveyó por debajo ‘material bélico’ al régimen de facto de Jeanine Añez para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza”.
Ayer, el fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.