“Las políticas sociales deben estar afuera del debate electoral”
El ministro de Desarrollo Social nacional elogió el programa de empleo de Schiaretti. La mayor inversión es de alimentos.
Julián Cañas
Con una amplia experiencia en la gestión de políticas sociales (fue secretario de Desarrollo Social de la Nación, entre 2003 y 2007 y luego ocupó el mismo cargo pero en la provincia de Buenos Aires, entre 2007 y 2013), el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se mostró optimista de que la campaña electoral no afectará la administración de los planes sociales.
El funcionario nacional habló en el programa Voz y voto que se emite por Canal 10 y no ocultó la buena relación que tiene con la gestión del gobernador Juan Schiaretti.
–¿Cuál es la mayor inversión social durante este segundo año de pandemia?
–El mayor aporte está siendo la tarjeta Alimentar. Hasta mayo asistíamos a madres con niños de hasta 6 años. Ahora pasamos hasta los 14 años. En total, son cuatro millones de niños y niñas que reciben esta asistencia en todo el país. Son 18 mil millones de pesos mensuales. En Córdoba son 1.400 millones de pesos que se giran cada mes y que llegan a 177 mil beneficiarios cordobeses. También están los planes Potenciar Trabajo y Urbanización de Barrios, con una gran inversión.
–¿Cuándo hubo mayor reclamo de asistencia social?
–El año pasado, entre abril y mayo. Pasamos de ocho a 11 millones de personas que tuvieron asistencia alimentaria. Hoy, hay 10 millones, bajó un poquito la demanda de alimentos. Objetivamente hay un poco más de actividad económica, fundamentalmente en la construcción y textil. Hay más changas. Pero el problema principal es la suba del precio de los alimentos. Mucha gente hace changas, pero no le alcanza y por eso va un comedor comunitario.
–Teniendo en cuenta que no hubo un acuerdo electoral entre la Nación y el gobernador Schiaretti, ¿esto puede afectar la relación de gestión entre ambos gobiernos?
–No, para nada. Con el ministro (Juan Carlos) Massei tengo un contacto permanente. Llevamos delante de manera conjunta varios programas, como la urbanización de barrios, los jardines maternales, el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar. Trabajamos de manera articulada. Me parece que hay que sacar a las políticas sociales del debate electoral. Hay políticas que son de Estado, como lo es la Asignación Universal por Hijo (AUH). La puso un gobierno y la siguió el que lo sucedió. Yo aspiro, por ejemplo, a que el plan de urbani–Sí, zación de barrios se mantenga con el tiempo. Estamos hablando de 4.400 barrios en todo el país, donde viven más de cuatro millones de personas. El objetivo es a 10 años, urbanizando 400 barrios por año.
–Es una buen mensaje, pero en campaña las diferencias políticas suelen afectar a las gestiones.
–Yo creo que la sociedad está dos pasos adelante de la política y se da cuenta de todo. Yo, por ejemplo, rescato mucho el Programa Primer Paso (PPP) que se aplica en Córdoba y busco generar mecanismos similares a nivel nacional. No tengo dudas de que será una campaña corta por el tema de la pandemia. No está en la cabeza de la gente el tema electoral. Yo camino todas las provincias y la preocupación de la gente pasa por la vacunas, que cada vez están llegando en mayor cantidad, y la cuestión del precio de los alimentos. También la cuestión de conseguir trabajo es otra preocupación. Nadie habla de candidaturas.
–Usted dice que el mejor plan social es el trabajo y que su objetivo es crear fuentes laborales ¿la pandemia retrasó esta iniciativa?
en el primer momento de la pandemia, el año pasado. Ahora veo crecer el trabajo para la gente más necesitada en la construcción, lo textil, la producción de alimentos, en el cuidado de personas y el reciclado. Tenemos un millón de personas en el Plan Potenciar Trabajo, de las cuales 27 mil son de Córdoba. Reciben la mitad de un salario mínimo por 25 horas de trabajo semanales y las empresas completan el otro 50% del salario mínimo. La otra alternativa es brindar máquinas y herramientas para algún emprendimiento, y la tercera variante es que estudien. Son las tres posibilidades para recibir el plan social. Si no lo hacen, el primer mes cobran el 50% del ingreso y el segundo mes se lo suspende. Ya hay 36 mil personas que dejaron de pertenecer a este plan por no cumplir con algunos de estos tres requisitos.
–¿Qué opina del salario universal que reclaman las organizaciones sociales?
–Creo que en Latinoamérica hay que ir hacia un esquema de un salario universal básico. El año pasado, en medio de la pandemia aplicamos el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Lo recibieron nueve millones de personas. Ahora tenemos esta realidad: hay tres millones de personas que volvieron a la situación anterior a la pandemia. Otros tres que están en camino de recuperarse y otros tres que tienen muchas dificultades para conseguir trabajo. Hoy no están las condiciones fiscales para implementar un salario universal, pero hay que ir hacia ahí.
Objetivamente hay más changas porque se recuperaron sectores como la construcción y textil. Es preocupante el precio de los alimentos.