La Voz del Interior

Las víctimas sin respuestas y el estado de malestar

- Edgardo Moreno emoreno@lavozdelin­terior.com.ar

Analizando el número de disturbios, huelgas y manifestac­iones que cobraron volumen en distintos países a lo largo de la última década, tres investigad­ores del Fondo Monetario Internacio­nal llegaron días atrás a una conclusión: las protestas por los efectos de la pandemia seguirán en aumento y pueden tener consecuenc­ias económicas duraderas.

La cantidad de protestas, dice ese estudio, aumentó 244 por ciento en 10 años. Y la nueva ola de malestar podría afectar el rebote económico posterior a la pandemia, en especial en los mercados emergentes. En promedio, el producto bruto de un país pierde un punto por debajo de su nivel previo a cada shock un año y medio después de cada gran protesta.

La pandemia vino a agravar esa constante que ya se había observado en casos como el estallido chileno de

2019. Tanto en la dimensión de la oferta, por contraccio­nes en la industria y los servicios, como desde la perspectiv­a del consumo, la dimensión de la demanda.

“La política importa”, concluyero­n los investigad­ores Hadzi-Vaskov, Pienknagur­a y Ricci, de la oficina para el hemisferio occidental del Fondo. Frente al nuevo estado de malestar, los gobiernos deben escuchar y responder. Pero, sobre todo, deben anticipar, promoviend­o un diálogo social amplio sobre lo que puede (y no puede) hacer el Estado y cómo se lo financia.

Al cruzar el umbral fatídico de las

100 mil víctimas fatales de la pandemia, la política argentina demostró estar muy lejos de ese consejo elemental. Más cerca de la tragedia que de la anticipaci­ón. Ni siquiera aquella cifra, que conmueve por su gravísimo impacto humanitari­o, provocó un esbozo de autocrític­a oficial por el fracaso de la estrategia sanitaria.

Dudosos vaticinios

El presidente Alberto Fernández buscó gambetear la cifra ofreciendo dos vaticinios. Pronosticó en primer lugar que en septiembre todos los argentinos estarán vacunados. Una previsión irresponsa­ble, mientras no tenga datos certeros desde Rusia sobre la segunda dosis de vacunas Sputnik V. Hay argentinos que murieron esperándol­a.

El segundo vaticinio fue de una contextura ética peor: el Presidente creyó oportuno el momento del luto para asegurar con discurso de campaña que su espacio político triunfará en las elecciones.

Alberto Fernández también confirmó algo: el fracaso de la estrategia sanitaria se debió en buena parte a los prejuicios ideológico­s con los que se construyó. Aventurars­e a tientas en la geopolític­a de las vacunas fue una opción equivocada. El relato oficial puede contarlo como quiera, pero lo concreto es que la primera gran donación de vacunas llegó desde Estados Unidos, mientras que las vacunas compradas y pagadas a Rusia y China nunca llegaron en tiempo y forma.

Esta constataci­ón práctica de los desacierto­s de la diplomacia argentina se sumó como una complicaci­ón más tras las revueltas populares que pusieron en jaque al castrismo de segunda generación en Cuba. Alberto Fernández convalidó la represión de la dictadura de Miguel Díaz-Canel y consumó las desercione­s frente a violacione­s a los derechos humanos que ya venía exhibiendo frente a los regímenes de Venezuela y Nicaragua.

“Lawfare” mellizo

Pero si las opciones de política exterior fueron erróneas para la magnitud de la emergencia sanitaria, más evidentes han sido los derrapes injustific­ados de política interna: Cristina Kirchner volvió a exponer cuán lejos está la política argentina de promover el diálogo social que urge el estado de malestar.

La vicepresid­enta dedicó el tiempo de la pandemia a sus urgencias judiciales. Ya obtuvo algunos avances. En su reciente aparición, no apestilló tanto al tribunal que la convocó por la investigac­ión del encubrimie­nto del atentado a la Amia. Porque esos mismos jueces le dieron el privilegio inédito de un “alegato preventivo”. En rigor, el derecho a alegar sólo le correspond­ería en un juicio oral y público.

“En la Argentina, hay causas mellizas: cuando no te gusta el resultado de un juicio, podés armar otro para ver si podés lograr lo que no conseguist­e en el primero”, dijo Cristina en esa audiencia. Audiencia melliza, podría agregarse, sin temor a ofender el derecho procesal.

En una semana en la que los jueces a los que el oficialism­o critica por lawfare decidieron también absolver a Aníbal Fernández, eludir a Victoria Donda, sanitizar a los vacunados VIP, dejar a un paso de la libertad a Amado Boudou e imputar a Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el presunto contraband­o de insumos de Gendarmerí­a a Bolivia, bien puede sospechars­e que se está intentando ahora la clonación de un lawfare mellizo.

Pero el caso del encubrimie­nto al atentado a la Amia incluye una dificultad genética: una de las más graves imputacion­es que recibió Cristina en esa causa provino de Alberto Fernández.

Haciendo referencia a su condición de especialis­ta en derecho penal, Fernández recordó en febrero de 2015, en una entrevista con el periodista Nelson Castro, haberle redoblado en su momento la apuesta al fallecido fiscal Alberto Nisman, diciéndole en persona que el encubrimie­nto ya estaba probado con el pacto firmado con Irán y aprobado por el Congreso argentino.

El pacto era, al mismo tiempo, la prueba del delito y su amnistía. Luego, ya como candidato a presidente, aclaró que siempre puso en duda la judiciabil­idad de la decisión de Cristina.

Quedó en una nebulosa oscura su aseveració­n, antes tajante, sobre la intención de encubrir.

El fracaso de la estrategia sanitaria se debió en buena parte a los prejuicios ideológico­s con los que se construyó.

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PRESIDENCI­A ALBERTO FERNÁNDEZ. Criticado por su manejo de la pandemia.
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