Cómo hacer sostenible el sistema
Aun con tres reformas de peso encima, a la Caja de Jubilaciones de Córdoba le falta el 23,4% de los recursos que necesita, todos los meses, para cumplir con el pago de 109 mil jubilaciones y pensiones.
No es un déficit menor. La cuarta parte, sobre todo cuando hablamos de un gasto anual de 83.896 millones de pesos, es una fortuna. Equivale a lo que pagaron de Ingresos Brutos los 290 mil contribuyentes (entre monotributo y régimen general) en todo 2020. Y aun así, no alcanza.
El déficit de 19.699 millones de pesos en 2020 supera, lejos, los 12.832 millones que se recaudaron por el Inmobiliario en todo el año.
La comparación da cuenta de la magnitud: todos los impuestos que pagan en Córdoba los comercios, los servicios y la producción se destinan, íntegros, al pago de jubilaciones y pensiones.
La falta de competitividad local y el tan hablado costo Córdoba es elocuente cuando se visibilizan comparaciones odiosas.
O sea, el déficit sigue siendo gigantesco, pese a que José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti asumieron, a su turno, el costo político de tres reformas. Además, fue Córdoba la primera que advirtió de la inequidad de lo que se llamaba “precoparticipación”: antes de distribuir la recaudación entre Nación y provincias, Anses se quedaba con una porción para el sistema previsional nacional, adonde fueron a parar los jubilados de 10 provincias. Córdoba y las otras 12 que no transfirieron no obtenían nada de ese reparto precoparticipable y recibían su parte de una torta que se había achicado 15%.
Hoy Nación les financia una parte a las provincias que se quedaron con sus cajas.
El otro problema es que ese déficit es incorregible, al menos dentro de los límites jurídicos y constitucionales que hoy existen en la Provincia.
Para avanzar de fondo podría haber tres medidas: eliminar la cifra del 82%, que figura en la Constitución provincial y pagar como hace Nación, que ronda el 65%; subir la edad jubilatoria para todo el mundo o al menos para las mujeres, que hoy se jubilan a los 60, o eliminar las pensiones para los casos en que el cónyuge sobreviviente tenga ingresos propios.
Habría, en el medio, algunas cosas menores por hacer, como subir la edad en ciertos regímenes especiales, como Salud y Seguridad. Ni se esboza una reforma constitucional; y del resto, nada de eso está en los planes.
En Córdoba alegan que a esos cambios los debe iniciar Anses, pero el organismo está de campaña: en lugar de ajustar el gasto, lo sigue ampliando.
Más allá de acotar el déficit al mínimo posible, el gran mérito de las reformas previsionales fue haber quitado a las partes los argumentos centrales que pateaban siempre para adelante la discusión. Ya no hay mucho derecho al pataleo.
Los gremios alegaban que el derecho de contar con jubilaciones más altas que en Nación era porque se hacían aportes personales más altos: 18% en lugar del 11% que se retiene en Anses. Imposible que reconocieran que esa diferencia era insuficiente. Ahora, el grueso de los trabajadores de la administración central aporta el 11%, con lo cual tienen siete puntos más de salario disponible. La Provincia hace aportes más altos y blanqueó las ayudas directas del Tesoro, que reemplazan lo que antes eran aportes personales.
La Nación cuestionaba condiciones de privilegio en el régimen cordobés: todas, con excepción del 82%, hoy son iguales que en Nación. Incluso el delicado 82% móvil fue forzado al extremo, con la anuencia del Tribunal Superior de Justicia, interpretando que ese 82% se calcula sobre el neto y no sobre el bruto.
La discusión es que sigue sin ser sostenible. Por más que los argumentos se hayan diluido, nunca se logró dar un debate serio con la oposición (que se supone pretender ser Gobierno) ni con los gremios sobre las opciones factibles para enderezar las cuentas previsionales en Córdoba. La discusión no es fácil e implica encontrar soluciones que no afecten directamente a quienes están próximos a jubilarse pero que necesariamente supondrán condiciones menos ventajosas de las que existen hoy. Implica asumir costos, que siempre se eluden cuando no se está en la vereda gobernante.
Los sectores productivos cuestionan la alta presión fiscal local y también conectan esos números odiosos. En la administración de Juan Schiaretti aseguran que hasta acá se llegó. Habrá que ver si el fisco sigue resistiendo.
Los sectores productivos cuestionan la alta presión fiscal local y también conectan esos números odiosos.