Acortar la semana laboral, debate que crece en campaña
Para algunos, la semana laboral de cuatro días es un tema tan lejano como los 12.128 kilómetros que nos separan de Islandia, uno de los países donde se ensayó y avanza con éxito. Para otros, se trata de un mecanismo con cierta aplicabilidad en Argentina.
El debate en torno de la reducción de la semana laboral –sin reducción salarial– se aceleró con la pandemia, que impulsó cambios tecnológicos, desocupación, desigualdad y pobreza en igual intensidad. Comenzó en los países desarrollados y se registra, con matices y distintos grados de avance, en Colombia (bajará de 48 a 42 horas la semana laboral de manera gradual), en Chile y en Argentina.
El razonamiento es que la incorporación de tecnología dispara la productividad del empleo y abre margen para un mejor balance entre tiempo libre y laboral, sin reducir salarios. Eso, a la vez, eleva su rendimiento y baja costos operativos (beneficios para el empleador), ayuda a equilibrar cargas domésticas y habilita a la fuerza laboral más tiempo libre y ocasiones de consumo, lo que repercute de manera positiva en toda la economía.
La discusión es ardua, porque incluye un nuevo capítulo de la eterna puja distributiva entre empleadores y empleados. Y es tan diversa como la escala de cada economía (en Islandia hay mucho más para “repartir” que en Argentina).
Aquí y ahora gana vigor en el marco de la campaña electoral. Y promete avanzar posnoviembre en el Congreso, donde están vigentes dos proyectos presentados en 2020.
Uno es de Hugo Yasky (Ctera), diputado del Frente de Todos con alta chance de retener su banca. Propone reducir a 40 horas el actual tope de 48 que tiene la semana laboral, como un modo de “repartir el trabajo existente” y lograr mejor equilibrio empleovida personal. Apunta, entre sus argumentos, que Argentina integra el grupo de países latinoamericanos con jornadas semanales más extensas, a diferencia de Ecuador (40 horas), de Brasil (44) y de Chile (45).
Pablo Carro, diputado por Córdoba, es uno de los firmantes que apoyan la propuesta, aunque según sector y con aplicación gradual, pruebas piloto e incentivos para los empleadores.
El otro proyecto es de la diputada del FDT Claudia Ormachea (seis horas diarias y 36 semanales), quien proviene de la Asociación Bancaria, el gremio que lidera Sergio Palazzo, hombre con ingreso casi seguro al Congreso: es cuarto candidato en la lista donde Yasky está octavo.
En campaña, Palazzo tomó la bandera de la reducción de la carga horaria. “Entre 2000 y 2005, cada trabajador bancario administraba 300 cuentas de depósito; hoy son 1.078. Se triplicó la productividad, pero las condiciones de trabajo se mantienen”, cita desde su sector, insistiendo en que el salto abre el margen para dar el debate.
Para Palazzo, existe voluntad política en para avanzar, y la ley de teletrabajo es un antecedente.
El Ejecutivo nacional, sin embargo, no adelantó opinión contundente: ni a favor, ni en contra. Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de Gabinete, lo consideró hace días un “debate válido”. Otros funcionarios también hicieron guiños positivos.
Es más cauto el ministro de Trabajo, Claudio Moroni: admite que la idea avanza en el mundo, pero advierte que aquí un gran desafío para aplicarla es la “heterogeneidad” del mercado laboral. Léase: la mitad de la fuerza laboral es informal o cuentapropista, es decir, no tiene tope de jornada regulado por ley.
En el sector empleador, fue la Unión Industrial Argentina la primera en sentar postura. Daniel Funes de Rioja, su presidente, opinó que la idea busca repartir trabajo en lugar de generarlo, algo que el país necesita de manera acuciante. “El tiempo y la distribución del trabajo privado se dirime en la negociación colectiva, es un tema que ya puede resolverse en cada convenio, no requiere de una nueva ley”, cerró.
Analizar colectivamente cómo correr el foco, del tiempo trabajado al trabajo por objetivos, puede resultar, quizá, una parada previa útil y viable en el largo camino al 4x3.