Blas y el costado oculto de la realidad

Luis Novaresio no pudo contener la emoción. Ocurrió la semana pasada, cuando terminó de realizar una entrevista con Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, el adolescente asesinado hace un año por policías cordobeses. El periodista del canal A24 de la ciudad de Buenos Aires recordó que hacía pocos días una joven le había preguntado por qué él había querido ser periodista y que ello lo obligó a reflexionar: “Me parece que el sentido de esta profesión, que tiene mucho de vanidad, mucho de frivolidad, es poder contar una historia. Yo creo que si algún tiene sentido esta profesión, es que esa historia no sólo sea un relato, sino que sea un relato que sirva para modificar lo que está mal. El periodismo es contar aquello que no se quiere contar, aquello que se quiere ocultar, aquello que está mal. Y esto está horrible. Lo que ha pasado con Blas es horrible. No lo conozco a (Juan) Schiaretti, en mi vida lo vi; es de los políticos que no tienen contacto con los medios. Pero si yo fuera familiar de Schiaretti, le estaría levantando el teléfono y le diría ‘gobernador, usted no puede no conmoverse con esto’. Gobernador, si el sentido del trabajo nuestro es contar historias y mostrar lo que no está bien, el sentido de su laburo es evitar que esto se repita y que se haga justicia”.

Hace un año que el llamado “caso Blas Correas” tiene una cobertura informativa notable. Trece policías imputados y enviados a juicio forman parte de la mayor causa con uniformados con los dedos pintados que se recuerde en Córdoba en mucho tiempo.

Para encontrar un antecedente similar, hay que remontarse a abril de 1991, cuando un juez acusó a 13 policías por las torturas seguidas de muerte que sufrió en la misma Jefatura un detenido, Mario Oscar Sargiotti, cuyo cadáver había sido encontrado flotando en el río Suquía en diciembre de 1990. Ocho policías terminaron condenados por aquel escándalo.

Doce meses después del asesinato de Blas, el caso ya reveló demasiado: policías que disparan sin protocolo; uniformados que llevan armas en el baúl de los patrulleros para “plantárselas” a una víctima de “gatillo fácil”; agentes que están en la calle armados sin una formación adecuada, y un descontrol de parte de quienes los deberían controlar.

En este primer aniversario de dolor, los padres de Blas volvieron a reclamar explicaciones oficiales. Reiteraron que esperaban un gesto del gobernador que nunca les llegó. Se mostraron conformes con la acusación contra 13 policías que el fiscal José Mana pidió llevar a juicio. Pero advirtieron que lo sucedido no se puede reducir sólo a este grupo de uniformados. El mismo fiscal lo subrayó en el expediente: fue un caso de violencia institucional.

Por ello la interpelación es mucho más profunda. Se remonta al menos a dos décadas en las que las políticas de seguridad siempre terminaron en crisis. Años en los que el filtro, la selección y la formación de los policías quedaron en deuda, postergados por la urgencia de tener siempre cada vez más efectivos en actividad.

“No marcho por Blas, porque a él no lo voy a tener más, sino para que nunca más haya una madre que pase por lo que tuve que pasar yo”, dijo Soledad Laciar, y dejó un testimonio a futuro.

Hace un año, a pocas horas de haberse conocido el crimen, escribimos en La Voz: “Blas ya es sinónimo de lo que no queremos más. El término ‘gatillo fácil’ desnuda todo un fracaso. ¿Quién le puede explicar hoy a una familia que un adolescente de 17 años fue asesinado por balas del Estado sólo porque el amigo que manejaba no frenó en un control policial? (...). En el contrato social, hay límites intraspasables. Y la mera sospecha de que policías puedan haber matado a un adolescente y luego intentado ‘plantar’ un arma y alterar la escena del crimen forma parte de esos actos públicos que obligan a reacciones contundentes”.

Todo lo peor se fue confirmando a lo largo de la investigación. Las reales noticias policiales, dice un axioma añejo, terminan por ser el punto de intersección entre el periodismo y los verdaderos dramas humanos. Pensar en Blas, analizar lo que ocurrió, indagar en las turbulentas aguas de la Policía, preguntar y cuestionar también forman parte de la crónica roja de cada día. Con la pretensión de no tener que repetirlas.

Trece policías imputados y enviados a juicio forman parte de la mayor causa con uniformados con los dedos pintados que se recuerde en Córdoba en mucho tiempo.