Por qué la política no entiende la tragedia educativa
De los 2.230.000 desocupados relevados como tales en la Argentina, el 54% tiene menos de 29 años. De nuevo: más de la mitad de quienes no tienen trabajo en la Argentina son jóvenes.
Terminar el secundario ya era una tragedia antes de la pandemia: apenas uno de cada dos lograba llegar al último año. Entre quienes lo logran, predominan las mujeres, de escuelas privadas, con intención de continuar estudios terciarios o universitarios.
Es “la paradoja Toyota”: necesitaba 200 pibes y pibas con escuela completa para tareas operativas en la automotriz, y en Zárate, donde funciona la fábrica, apenas hay 31 con ese perfil. A quienes tienen el secundario completo no les interesa trabajar en Toyota. El operario tiene un salario base de 99 mil pesos, en blanco, una rareza en el mundo juvenil. Pero, irónicamente, aquellas personas a las que les puede interesar ese perfil ni siquiera pueden acreditar haber terminado la escuela. “Se les hace difícil hasta leer un diario”, admitió el presidente de la firma en Argentina, Daniel Herrero.
No están claras aún las consecuencias educativas que causará la pandemia, pero seguro que agravará la situación. Porque aun quienes terminan la escuela lo hacen con saberes muy mínimos.
¿Cuál ha sido la estrategia del Estado? La respuesta inmediata que ha dado la dirigencia política, desde 2001 hasta esta parte, son los planes sociales: ayudas económicas permanentes, casi sin contraprestación laboral; a veces pidiendo la continuidad de los estudios, a veces no. Se termina el plan Progresar, por caso, que paga
3.800 pesos por estudiar, y se puede pasar al programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo, que paga 8.500 pesos y va hasta los 24 años. Y de ahí, al Potenciar Trabajo, que paga $ 8.500 y llega hasta los 29 años. Y luego, saltar al Argentina Hace o a algunos de los
141 planes que hoy ofrecen los diferentes ministerios nacionales, más los provinciales y municipales.
Con excepción de las pensiones no contributivas, que se pagan por discapacidad, por vejez o a madres de siete hijos, el universo de planes sociales más relevantes apunta al segmento joven.
El requisito para recibir una ayuda estatal, incluyendo la asignación universal por hijo, es no tener un trabajo en blanco, con excepción del servicio doméstico. Un incentivo directo para no buscar siquiera un empleo privado, porque del otro lado el Estado jamás deja de pagar el plan. O al menos nunca ha dejado de pagarlo desde 2001.
Es una encerrona imposible: la juventud no consigue trabajo, y cuando accede a uno, este es informal y mal pago. Y para los trabajos de 99 mil pesos, formales, hay que tener el secundario completo. Hay empleos buenos; pocos pero hay. Sin embargo, esos 1,2 millones de jóvenes hoy desocupados no califican.
La política no lee esta tragedia. No toma nota. Y lo que hace está absolutamente desacoplado de lo que pasa en la realidad. Ayer el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el que se presentó un programa para formación de programadores en dos etapas: una de introducción, de dos meses, y otra de seis, con cursado en modalidad mixta y contenidos específicos para cada sector de los que integran la industria del conocimiento. ¿Es en serio? Las tecnológicas están desesperadas por ingenieros, la demanda es permanente, pero es difícil que ello se solucione con un curso corto; más si el 80% de chicos y chicas termina el secundario sin poder hacer una operación matemática simple.
La inversión educativa nunca da resultados inmediatos. Habría que haber hecho la apuesta en 2001, en lugar de erigir una montaña de ayudas estatales, sostenidas porque en ese período se duplicó la presión impositiva. Son ya dos generaciones, hasta tres en algunos casos, que han crecido convencidas de que no hay oportunidades genuinas en el mercado laboral y buscan refugio en lo que se llama “economía popular”: feriantes, vendedores ambulantes, cooperadoras varias, agentes comunitarios y demás.
Es un colectivo condenado a la subsistencia, porque es difícil que un productor que vende lo que autocultiva en su huerta iguale los ingresos que puede obtener un operario de Toyota.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, acaba de otorgarle personería social (luego será la jurídica) a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), un colectivo que agrupa a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, a Barrios de Pie, al Movimiento Evita y a la Corriente Clasista y Combativa.
Son organizaciones que agrupan a buena parte de los jóvenes que no califican para Toyota y que quedaron encerrados en el relato oficial de que las oportunidades son para pocos, y siempre los mismos. Dos décadas íntegras hubo para hacer algo.
En dos décadas, el Estado argentino lo único que hizo es dar plan sobre plan.