Debate abierto por la vacuna obligatoria para los trabajadores
Empresarios plantearon no pagar salarios a quienes no se inmunicen, aunque no hay posturas unánimes. Los gremios lo rechazaron de plano.
El planteo de la Unión Industrial Argentina de no pagar los salarios a aquellos trabajadores que se nieguen a recibir la vacuna contra el Covid-19 disparó el debate entre los distintos sectores de la economía.
En Córdoba, empresarios coincidieron en la importancia de la inmunización, aunque relativizaron la posibilidad de ir hacia un esquema de vacunación obligatoria como condición de ingreso a las plantas.
En tanto, referentes gremiales se opusieron a cualquier iniciativa de este tipo y pidieron incentivos.
Aunque existen coincidencias acerca de la preocupación que generan los casos de Covid-19 y la irrupción de la variante Delta, empresarios cordobeses relativizaron la posibilidad de ir hacia un esquema de inoculación obligatoria a su personal como condición para poder ingresar a las plantas o sedes laborales.
Tras las expresiones del titular de la entidad fabril nacional, Daniel Funes de Rioja, de que “quien quiera entrar a una fábrica debe vacunarse”, y mencionó inclusive la posibilidad de no pagar los haberes por los días de inasistencia, la polémica quedó servida.
Marcelo Uribarren, titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIA), coincidió con el criterio del dirigente nacional. “Para que las empresas consigan la inmunidad de rebaño, todos deben estar vacunados”, y en especial aquellas personas mayores de 60 años o con comorbilidades.
Advirtió, sin embargo, que el marco legal no permite no pagar los haberes caídos ni impedir que una persona no vacunada ingrese. “Tenemos que ver si habrá alguna norma nueva en ese sentido”, dijo. “La industria ha hecho un enorme esfuerzo en protocolos y readaptación de sus estructuras para continuar funcionando en pandemia y eso también debería tenerse en cuenta por parte de los empleados”, dijo.
Pero otros empresarios consultados por La Voz afirmaron que se respetarán los criterios individuales, aunque sí se definen políticas para impulsar la vacunación, inclusive con la participación de los gremios.
Eduardo Borri, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, puntualizó que la entidad tiene relevado que entre el 20 y el 22 por ciento de los empleados del sector no cuentan con la vacuna y han expresado su desinterés por recibirla.
Visto a la inversa, alrededor del 80 por ciento recibió al menos una dosis y espera la segunda.
“Es un tema con varias aristas. Por un lado tenemos a los mayores de 60 y personas con comorbilidades, ellos con la primera dosis debían volver a trabajar y se podía intimar para que lo hicieran. Si hubiera un criterio restrictivo, sólo podría aplicarse a este grupo de empleados”, explicó.
En la actividad metalúrgica de Córdoba, un 16% de quienes están encuadrados allí no se vacunaron. En cambio, en el resto del plantel, la decisión es “totalmente individual” y las empresas sólo pueden buscar incentivos o trabajar con los gremios –“que en general apoyan la vacunación”, dice el empresario– para que esa fracción concurra a vacunarse.
“Pero de ninguna manera nuestra industria va a impedirle el ingreso. Necesitamos de nuestra gente trabajando codo a codo. Sí consideramos que la segunda dosis es la que da mayor cobertura, por lo cual a quienes están de acuerdo habría que acelerarles el proceso”, dijo.
María Pía Astori, titular del Grupo Palmar-Astori, descartó de plano la posibilidad de obligar al personal. “Creemos en la libertad humana para decidir sobre su persona. Entonces cada uno decide qué hace con su cuerpo y con su vida. Y cómo la quiere llevar adelante”, refirió.
“Quien no se quiera vacunar no lo hará, pero no afectará su relación con la empresa. Sí le decimos que está bueno vacunarse, pero si no lo hace permanecerá igual en su trabajo”, explicó, quien también es titular de la Fundación Mediterránea.
En la industria automotriz cordobesa, con planteles masivos, el 80% del personal está vacunado, inclusive el 20% cuenta con dos dosis. En el porcentaje restante, muchos son empleados cuyas edades se ubican entre los 20 y los 30 años de edad.
“Estamos en una etapa de educación y de ayudarlos para que sepan cómo inscribirse, aun así algunos no tienen interés”, dijo una fuente del sector. Pero por el momento no se habla de sanciones. Un dato adicional es que bajo esas naves fabriles quedan pocos mayores de 60 años.
Gabriela Moreno, presidenta de la asociación que nuclea a los industriales de la alimentación (Adiac), sector de empleo masivo, sostuvo un criterio similar aunque con particularidades. “Apoyamos y comprendemos que cada persona es libre y tiene el derecho de hacer sus propias elecciones”.
Sin embargo, recordó que las empresas “vienen haciendo muchos esfuerzos y tomando medidas justamente para preservar la salud de todos los colaboradores y sus familias”. “Respetamos las decisiones personales, pero no podemos poner en riesgo al resto del personal y seguir haciéndonos cargo del costo de ellas”, advirtió.
Por su parte, Miguel Hames, titular de Cámara del Calzado de Córdoba, coincidió con la postura de la UIA. “Es de alto riesgo en las industrias porque, por ejemplo, al mediodía se comparte el comedor, ya que en industria el horario es corrido”, expuso. Hames aclaró, sin embargo, que en ese sector “la mayoría del personal está vacunado o pide hacerlo”.
Alejandro Romano, directivo de la pyme del rubro plástico Dixtron, entendió que la vacunación pasa por una decisión personal. “Creemos en la libertad de las elecciones. A quienes eligen no vacunarse les hacemos un compromiso de comunicación, cuidado y una metodología de acción para situaciones de contactos cercanos. Al resto le consultamos qué opinan al respecto y armamos juntos un acuerdo de convivencia”, resumió.
Otro empresario del sector metalmecánico, Juan Grundy, de Pistones Persan, dijo que debe primar siempre la decisión personal. “Es como si una persona por motivos religiosos no quiere hacerse una transfusión de sangre y la empresa le descuenta los días porque su enfermedad se prolongó por su creencia”, ejemplificó.
Sí planteó que el Poder Legislativo “debería contemplar un proyecto de ley en el que atienda este tipo de casos”, liberando al empleador de la responsabilidad y cargas económicas por las consecuencias de la no vacunación. “De lo contrario, en el momento de tomar personal se corre el riesgo de decidir la incorporación teniendo en cuenta las creencias de las personas”, advirtió.
Uribarren dijo: “En la industria, la gente trabaja en colectividad, no lo hace sola. Debe prestarse a las normas grupales. No debería trabajar”.