Para que la educación sea prioridad
En este tiempo de campaña para las elecciones legislativas de medio término, cobra vital importancia que, como ciudadanos, otorguemos valor a esta elección y que reclamemos calidad de representación.
Conforme a la ley vigente en nuestro país, este año tenemos elecciones legislativas nacionales para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de las bancas del Senado.
El próximo 12 de septiembre son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), que no definen cargo, sino a quiénes serán los candidatos en las elecciones generales que se llevarán a cabo el 14 de noviembre.
¿Por qué, pese a la apatía, el descreimiento generalizado hacia la política y las miles de preocupaciones “reales” que nos ocupan, debemos esforzarnos en darle transcendencia a esta instancia electoral?
Porque el Poder Legislativo es el más representativo de la ciudadanía y, como tal, debe ser el reflejo de las distintas posturas, ideologías, prioridades y concepciones políticas, esencia misma de la democracia.
Porque el Poder Legislativo es el contralor de los demás poderes del Estado, sobre todo del Ejecutivo, que en muchos casos se ha atribuido competencias propias del Parlamento, concentrando y centralizando el poder, erosionando así la garantía de la división de poderes, socavando la institucionalidad y afectando, por lo tanto, nuestro Estado de derecho.
El Frente de Todos sólo requiere de 10 bancas más de las 51 que renueva para conseguir cuórum propio en Diputados, y que ya goza de ese beneficio en la Cámara Alta. No es en absoluto saludable para nuestro sistema republicano de gobierno la “confusión” de atribuciones, la superposición de poderes y el desvanecimiento del control en las acciones del Ejecutivo nacional, en este caso.
Porque los candidatos piden nuestros votos y es momento de que quienes somos los verdaderos titulares del poder soberano exhortemos a quienes pretenden ocupar esos lugares de extrema responsabilidad para que se expresen de manera contundente en contra de las arbitrariedades y el atropello institucional, que promuevan el Estado de derecho y procuren la defensa irrestricta de la democracia.
También porque para decidir a quiénes conferirles nuestro voto de confianza necesitamos conocer sus posiciones y propuestas serias y tangibles, atinentes a aquellos temas que nos afligen, nos alarman, nos ofuscan como sociedad.
A los argentinos en general, y a los cordobeses en particular, nos preocupan varios frentes: la inflación, el desempleo, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la pobreza, la falta de educación. Y “todos los problemas son problemas de educación”, como decía Domingo Faustino Sarmiento; frase que luego de 150 años de enunciada adquiere plena vigencia. Desde el crecimiento económico genuino hasta la seguridad, pasando por la igualdad de oportunidades y la equidad distributiva, se encuentran asociados a la educación.
Sólo si priorizamos la educación podremos vencer la pobreza que hoy nos golpea con el terrible dato de que la mitad de los niños menores de 18 años viven en estado de extrema vulnerabilidad, tanto a nivel nacional como provincial.
La pandemia, el confinamiento, el cierre prolongado de las escuelas y la migración abrupta hacia la virtualidad han expuesto de la manera más cruel las brechas tecnológicas, las acuciantes desigualdades sociales y la falta de políticas públicas educativas.
La crisis sin precedentes generada por el Covid-19 ha causado la mayor disrupción que haya sufrido la educación en la historia reciente, lo cual supone un problema gravísimo (catástrofe educativa, en el decir de Unicef) al corto y largo plazo, pero también la oportunidad generacional de reimaginar la educación y la enseñanza.
El precipicio educativo al que nos arrastraron el Gobierno nacional y el de la provincia con sus improvisaciones y con falta de legítimo interés en esta materia durante la gestión de la pandemia (y también desde años anteriores) hizo surgir una potente voz que puso en discusión la clausura de las escuelas y colocó a la educación en el centro del debate público: la de los padres en representación de sus hijos.
Fuimos nosotros, los padres, las familias, la sociedad civil quienes nos expresamos y movilizamos para exponer que la virtualidad había convertido a la educación en un privilegio para aquellos estudiantes que cuentan con acceso a internet, dispositivo y acompañamiento para el aprendizaje en el hogar; que 1,1 millones de chicos argentinos se habían desvinculado de sus escuelas y que en la provincia de Córdoba los alarmantes niveles de deserción que ya padecíamos (más del 40 por ciento en la secundaria) se vieron incrementados al finalizar el ciclo lectivo 2020.
La educación no es un acto de caridad: es una obligación del Estado. Son los miembros del gobierno quienes deben garantizar, velar y defender el derecho a la educación, a su acceso y calidad.
Con esta premisa, encuadrados en esta tragedia educativa en la que estamos inmersos, conscientes de que estamos a días de elegir a nuestros representantes en el Congreso de la Nación, y con el objeto de ejercer nuestro derecho al sufragio de manera responsable, les solicitamos a todos y cada uno de los precandidatos su acompañamiento y apoyo expreso a este reclamo social, si es que lo comparten, y nos den a conocer sus ideas, proyectos o planes por proponer desde sus bancas, en caso de resultar elegidos, para el enorme desafío que implica replantear la educación pospandemia, para transformarla, para actualizarla, para mejorarla; para plantear, generar, sostener y defender políticas públicas educativas a corto, mediano y largo plazo.