Aborto: Delgado se expresó a favor de la cautelar
La IVE sigue vigente. Definirá el Tribunal Superior de Justicia.
Sin plazos fatales, será el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que definirá si toma o no el criterio del fiscal General de la Provincial, Juan Manuel Delgado, quien pidió que se aceptara la cautelar de Portal de Belén y se suspendiera el aborto legal en Córdoba.
El TSJ también tendrá que decidir sobre la recusación contra Delgado planteada por tres organizaciones que son parte en la causa: la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil por el Derecho a Decidir (Católicas por el Derecho a Decidir) y la Clínica de Litigio de Interés Público (Clip).
Delgado emitió su dictamen sin esperar que el TSJ resolviera si correspondía o no su apartamiento por haber adelantado opinión en contra del aborto legal antes de su nombramiento.
La causa principal, de fondo, todavía no subió al TSJ: sigue en poder de los jueces de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación: Ángel Antonio Gutiez, Gabriela Cáceres y Leonardo Massimino, quienes en abril admitieron el amparo, pero rechazaron la cautelar y dieron lugar a la apelación de Portal de Belén, sobre la que opinó (a favor) Delgado.
En su dictamen, Delgado y Bustos Fierro le reconocen a Aurelio García Elorrio la representación colectiva de “los niños por nacer” e incluso “los niños no deseados”.
Delgado firmó en conjunto con Bustos Fierro para “resguardar el dictamen” porque fue recusado.
Además del contenido y de su oportunidad en contexto preelectoral, en la Justicia llamó la atención el apuro: Delgado no esperó la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que no había decidido aún si lo mantenía o lo apartaba de tratar este tema, sobre el que ya había adelantado opinión antes de asumir su cargo.
El dictamen fue firmado el pasado 3 de agosto y no fue publicado ni difundido por la Fiscalía General. Y también llamó la atención que no contara con la firma de los otros fiscales adjuntos: Héctor David y José Gómez Demmel.
Hay que aclarar que el dictamen del fiscal General no es vinculante. Es requerido por el TSJ, pero no está obligado a seguirlo para dictar sentencia.
Esto es lo que enfatizan las abogadas que representan a las organizaciones que son parte de la causa, quienes se preocuparon ayer por señalar que la IVE sigue vigente en Córdoba.
El amparista, García Elorrio, celebró la decisión. “Ya una Cámara Contenciosa decidió el amparo, en segundo lugar hay una asesora letrada que decidió defender a los niños por nacer en ese juicio y ahora el fiscal General se suma a la situación. Estoy muy contento porque no estoy solo. Del otro lado está (Juan) Schiaretti, que quiere créditos internacionales y necesita darle duro al aborto en Córdoba y organizaciones muy fuertes. Es bueno que a los niños no los defienda una sola persona, sino que se vayan sumando otras”, dijo en un audio de WhatsApp minutos antes de abordar un vuelo de regreso a Córdoba.
El comunicado oficial
Luego de la publicación de La Voz, la Fiscalía General difundió un comunicado en el que el Delgado explica la secuencia de hechos que derivó en el dictamen. El relato de Delgado: “Arribada la causa a la Fiscalía General, se advirtió que a pesar de haber corrido traslado y remitido las actuaciones ante este órgano, el alto cuerpo aún no se había pronunciado en relación con la recusación con causa planteada respecto del doctor Juan Manuel Delgado en su carácter de fiscal General de la Provincia de Córdoba, ni en relación con el informe evacuado por este al respecto. Por lo tanto, a fin de cumplimentar con el traslado ordenado por el TSJ en el plazo de 48 horas y a fin de resguardar la validez de la intervención del Ministerio Público Fiscal en el proceso que pudiera causarse en la presente en razón de dicha recusación con causa, en el dictamen se aclaró que la vista se evacuaba de manera conjunta por el fiscal General Delgado y el fiscal Adjunto Pablo Bustos Fierro”.
Niños no nacidos y no deseados
En el dictamen, Delgado y Bustos Fierro se pronuncian a favor de reconocerle a Elorrio la representación de dos colectivos: “Uno, conformado por los niños no nacidos y no deseados por sus progenitoras en la provincia de Córdoba; el otro, por las niñas menores de 18 años a las que les están suministrando el producto misoprostol”.
Incluso, Delgado y Bustos Fierro contestan la vista remitida por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 1ª Nominación de Córdoba a favor de un amparo, con efectos suspensivos, de la aplicación de la ley de la IVE en Córdoba, al entender que “no se puede negar que, sin la tutela cautelar que se cuestiona, existe el riesgo grave e inminente de que una o más de las personas por nacer cuya representación colectiva ha asumido la amparista sean privadas de su vida”. En abril de este año la Cámara admitió el amparo, pero no concedió la suspensión de la aplicación de la ley.
En el dictamen de los fiscales generales principal y adjunto –designados por el gobernador Juan Schiaretti y ratificados por la Legislatura este año–, se comparten casi todos los argumentos de la apelación de Elorrio. Dicen, en el nudo de los argumentos: “El derecho a la vida de las personas por nacer y aun el derecho a la salud de las personas gestantes menores de 18 años sometidas a la droga misoprostol 200 en centros que carecen de la atención obstétrica adecuada –lo que pone en riesgo su derecho a la vida– no revisten igual jerarquía que el derecho a decidir, sino que es de grado superior. Sin derecho a la vida, ninguno de los demás derechos podrá ser ejercido”.
Todo podría resumirse en el último párrafo del dictamen de Delgado y de Bustos Fierro: “Atento a encontrarse en juego el derecho a la vida, el que como ya se dijo es el primer derecho que tienen las personas, y de no tutelarse adecuadamente procediéndose a la interrupción voluntaria del embarazo sería de imposible reparación frente a la hipótesis de que la demanda sea acogida, esta Fiscalía General recomienda hacer lugar a ambos recursos de apelación interpuestos por la parte amparista y despachar la medida cautelar pretendida con el alcance requerido”. Es decir, todo lo que pidió Elorrio.
El derecho a la vida de las personas por nacer está por encima del derecho a decidir, es de un grado superior.
Juan Manuel Delgado Fiscal General de la Provincia
Ya una Cámara había admitido el amparo, una asistente letrada tomó la defensa y ahora el fiscal General se suma.
Aurelio García Elorrio Abogado de Portal de Belén