Una democracia para la decadencia
El país necesita emprender un proceso revolucionario en paz para organizar la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro.
Es fácilmente auscultable el sordo clamor de una sociedad angustiada, desilusionada, desamparada e incomprendida por dirigentes e instituciones que indignamente especulan con las soluciones estructurales que la grave situación evidencia.
Algunos sostienen que deben ser los gobiernos los que resuelvan los dilemas, sin advertir esta crisis ética y moral, y a su vez invalidando el papel de las entidades intermedias que se interponen entre comunidad y Estado, siendo las apropiadas para asumir responsabilidades por estar consustanciadas con cada estigma que afecta a la sociedad en su conjunto.
Dijimos que en Argentina todo está contaminado por esta crisis y sólo queda, para aquellos que pueden, ajustarse a las desgraciadas circunstancias de una economía desquiciada, a un proceso político delirante y extraviado, y al crimen de una descomposición social sin precedentes.
En los sucesos de 2001/2, surgió como grito atronador el “que se vayan todos”. Y nadie se fue, sino que quienes se sumaron terminaron siendo fieles aprendices de las formas espurias de triunfar sin importar principios, virtudes o valores.
Porque es hora de que como sociedad argentina aceptemos que esta realidad que coarta no sólo derechos, sino también fe y esperanza, proviene de un modelo de gobernanza ya obsoleto y culpable del evidente retroceso productivo, del decrecimiento de la Justicia y de la decadencia política.
Es fundamental –como ciudadanos– reconocer que ya no sirve para nada el simple papel que este modelo nos exige de ser votantes para creer que somos democráticos, sabiendo que, siendo los actores esenciales en una democracia, finalmente nos tratan como convidados de piedra.
Los partidos fueron suplantados por coaliciones que suelen servir para ganar una elección, pero demostrablemente inútiles para gobernar. Y lo peor es que elegimos legisladores, intendentes, gobernadores y presidente para que sean empleados de la corporación partidaria que los promocionó, cuando nuestra Constitución dice que el pueblo gobierna a través de sus legítimos representantes. Y aquí es bueno precisar que una auténtica democracia es aquella en la que el gobierno representa al pueblo, gobierna a favor del pueblo y lo hace con el pueblo.
Por lo tanto, con sólo institucionalizar el protagonismo de los sectores organizados de la sociedad ponemos en marcha un proceso revolucionario en paz, agregando a la participación de los partidos, a las entidades intermedias de trabajadores, empresarios, comerciantes, profesionales, investigadores, docentes, etcétera, etcétera, trascendiendo con propuestas a través de las políticas de Estado e incluso con la ejecución de las mismas, mediante la complementación público-privado.
Es de imaginar que para emprender un proceso revolucionario en paz lo primero es acordar entre los partidos y demás instituciones la creación de un “ámbito de coincidencias esenciales” que motive la concertación en los temas que hace tiempo ya deberíamos haberlo hecho.
Ello supone dejar de lado presupuestos personales, partidarios, religiosos o clasistas, y poner a nuestra sociedad y al país en la mira de nuestras preocupaciones y ocupaciones.
Como pueblo pobre, mal nutrido y sumido en deplorables condiciones políticas, económicas y sociales –con dirigentes que engordan su egoísmo en plena crisis–, jamás podremos salir de esta encrucijada, a no ser que nos decidamos a protagonizar con el recupero de los principios, valores y virtudes cercenadas una revolución en paz que logre superar definitivamente esta decadencia.