Disputa agonal con deteriorado marco republicano
La comprensión de la disputa agonal en torno del Consejo de la Magistratura es plausible si el conflicto es analizado dentro de una crónica marcada por el deterioro de las instituciones de la República.
Para fortalecer la legitimidad y el buen funcionamiento de dicho cuerpo, la Constitución exige una composición equilibrada con representantes de los órganos políticos surgidos de la elección popular; con jueces de todas las instancias; con abogados de la matrícula federal y con representantes de la academia. A pesar de la claridad del texto, sucesivas mayorías parlamentarias han ido perdiendo la visión arquitectónica que su tarea demanda. El paroxismo en la tendencia se dio con la ley 26.855; brulote que irónicamente prometía la ‘democratización de la justicia’ (2013).
A contramano de la norma base
(art.114 CN), lejos de contar con una composición equilibrada que permita robustecer condiciones de legitimidad, independencia y aptitud técnica en los magistrados federales, lo concreto es que han prevalecido otros objetivos asociados a la búsqueda de ventajas y/o impunidad. La regla aritmética aplicada a la toma de decisiones en la selección y en los mecanismos de responsabilidad por parte de mayorías y minorías, de tal suerte, acredita cómo se ha ido consolidando un deterioro escatológico en la actuación del cuerpo.
Si esto es advertido, se entiende de paso también porqué fue reformada la primera ley reglamentaria 24.937
(1998). ¿Qué otra razón constitucionalmente relevante pudo sino motivar la dañina reducción de representantes introducida por la ley 26.080 (2006)? Cabe notar que durante más de 15 años, la norma vigente –fulminada por el fallo de la Suprema Corte
(16/12/2021)-, en rigor de verdad, es responsable de haber auspiciado una rémora de degradados resultados institucionales.
La Corte otorgó un plazo de 120 días al Congreso de la Nación para que sancione una nueva ley. Si así no sucediere, la sentencia amenazaba con restituir la composición originalmente establecida por la ley 24937.
Sin duda, esto no solo resulta problemático sino que dicha decisión puede abrir la puerta a un conflicto de poderes. No tengo espacio para detenerme en esta cuestión. De todos modos, intentaré explorar las deficiencias centrales que hoy asoman en superficie.
Nuestro máximo tribunal ha interpretado que un eventual acuerdo de los seis representantes del Poder Legislativo, más el representante del Poder Ejecutivo, es prueba suficiente de que la reglamentación ha quebrado el ‘equilibrio’ exigido por la Constitución y que dicho desequilibrio opera en favor del estamento político. Ahora bien, ¿es eso constitucionalmente inadmisible? Si bien es cierto que la actual composición del Consejo de la Magistratura no permite al oficialismo contar con los dos tercios necesarios para proponer amigos en las ternas o para promover la remoción de jueces que le hostiguen; la verdad es que la reducción de la representación de la segunda minoría parlamentaria; de los representantes de los magistrados; de los abogados y de la academia; sumado a la ausencia del Presidente de la Corte Suprema, todo junto, ha traído consigo la consagración de un estratégico ‘poder de bloqueo’ a favor del oficialismo. En mi criterio, ese es el nudo gordiano de la inconstitucionalidad. Y es eso, precisamente, lo que la división del bloque oficialista en el Senado pretende mantener.
En consecuencia, más preocupante que el contingente alineamiento de los representantes políticos del Consejo, lo inaceptable es que la reducción de 20 a 13 miembros ha consolidado un modelo de incentivos partisanos al interior del Cuerpo. Me refiero a un esquema estratégico de alternativas que le ha asegurado al oficialismo dos objetivos inconfesados. Por un lado, la capacidad de impedir la integración de ternas con aspirantes a jueces que no se reporten dóciles. Adviértase que ello era verosímil reuniendo tan solo 5/13 representantes. Por otro lado, sobre la base de idénticos números, esos mismos 5/13 representantes afines al oficialismo, estuvieron siempre en condiciones de blindar a jueces venales amigos de cualquier intento de formación de causa ante el jurado de enjuiciamiento.
Una causa letal –sino el mayor obstáculo- para el desarrollo del país, sostengo, es la débil aptitud intelectual y moral de demasiados líderes políticos que, desconociendo el efecto duradero de sus trapisondas en la cultura constitucional, empecinan energías en forzar ventajas injustificadas y cortoplacistas.
La política se hace en el barro; es cierto. Pero en las comunidades políticas decentes, cuando la misma tiene impacto constitucional, está claro que sus perfiles son moldeados con un cincel de cristal.