Ataques oportunistas contra la universidad pública
En los últimos días, asistimos a distintos cuestionamientos y ataques discursivos, por parte de referentes mediáticos y políticos, contra docentes y contra la universidad pública.
El embate no es nuevo y suele ir de la mano de una concepción comercial y utilitaria de la educación pública, que milita de formas más o menos explícitas el arancelamiento y la privatización.
Lo que llama la atención es la superficialidad, la sobreactuación y la agresividad con que en los casos en discusión se plantearon las supuestas críticas.
En el primer caso, se montó un escándalo en torno de la opinión de una docente de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán, a quien filmaron en un pasaje de su clase. A partir de la pregunta específica de un estudiante, ella consideró que discursos como el de Viviana Canosa resultan “violentos o agresivos hacia determinadas minorías” y aclaró que, aunque la comunicadora está sostenida por un medio importante, “no es sólo culpa del medio, sino de la audiencia que consume ese programa”, lo cual “nos está diciendo algo de la sociedad”.
El registro, enviado a los medios de comunicación, fue usado como pretexto para que la propia Canosa y otros comunicadores se refirieran a la profesora Mariana Bonano como “adoctrinadora”, que “discrimina, persigue y vulnera la libertad de expresión”.
Días después, el diputado nacional Javier Milei, del partido neoliberal La Libertad Avanza, manifestó que las universidades públicas son “centros de adoctrinamiento”. En una entrevista con el periodista Lucas Morando, en el programa Casi Patriotas, por LN+, Milei declaró además que de llegar a ser presidente de la Nación “le daría otro formato” al Ministerio de Educación; “si no tiene escuelas, si la educación está en manos de las provincias”, dijo. Una declaración que –al margen de las ambigüedades, las chicanas que la rodearon y la carencia de sustento argumental– está en concordancia con su ya publicitado plan de arancelar las universidades, sean públicas o privadas.
En ambos casos, se trata de ataques a la universidad pública, sin fundamentos y con un alto grado de oportunismo, por parte de voceros de intereses y de un proyecto de país contrario a la ampliación de derechos de la ciudadanía, entre ellos, el derecho a la educación gratuita, laica y de calidad, fruto de luchas y de conquistas centenarias, como lo atestigua la historia de la Reforma Universitaria cordobesa y el derrotero de resistencias a gobiernos autoritarios y a políticas de ajuste económico, social y cultural protagonizado durante más de un siglo por la comunidad universitaria.
No obstante, también es necesario contextualizar estas declaraciones, desenmascararlas como intentos de demonización de la política, y plantear que sin una dimensión y un debate político genuinos, las universidades no existirían como ámbitos de ejercicio y de promoción de derechos humanos, sociales, culturales y políticos. Ni, en particular, como necesarias estimuladoras de conciencia sobre lo intrínsecamente política e ideológica que es la actividad de los medios masivos de comunicación, el periodismo y la comunicación social.
Como dice el comunicado del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán –al que adhirió la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de Argentina (Redcom), red a la que nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación pertenece–, “este tipo de ataques a la docencia universitaria que está formando ciudadanía, en el marco de la libertad de pensamiento que establece la Constitución Nacional y de la libertad de cátedra y de opinión que reconoce toda la legislación universitaria, sólo pueden provenir de aquellos a quienes les molestan estas libertades y que se creen intocables e irrefutables por el solo hecho de llamarse periodista, creyendo erróneamente que cualquiera que discrepe con ellos no puede tener la misma libertad de opinión y pensamiento que ellos reclaman para sí”.
En ese sentido, como docente y decana de una facultad de Ciencias de la Comunicación, también considero imprescindible alertar sobre cierto ejercicio antiético del periodismo, que se escuda tras la bandera de la “libertad de expresión” para propagar discursos de odio, ideologías anti-derechos, prejuicios atávicos y falsedades malintencionadas.
La verdadera libertad de expresión no es una coartada penal, ni un blindaje de impunidad, ni un “vale todo” que justifique el daño moral, la apología del delito o el menoscabo de la dignidad ajena.
Al contrario, es una garantía constitucional y social para el ejercicio del periodismo y la comunicación social con un compromiso con los valores de una sociedad genuinamente democrática. Alcanzar esa libertad –que día a día debemos defender, fortalecer y dignificar– también ha costado mucho, incluso el sacrificio de la vida y la libertad de periodistas y de comunicadores sociales que ejercían la profesión con rigor y compromiso democrático.
La verdadera libertad de expresión no es una coartada penal, ni un blindaje de impunidad, ni un “vale todo” que justifique el daño moral, la apología del delito o el menoscabo de la dignidad ajena