La Voz del Interior

Sin respuesta institucio­nal ante el flagelo de la insegurida­d

- Roberto Battaglino rbattaglin­o@lavozdelin­terior.com.ar

os cordobeses –como la mayoría de los argentinos– se sumergen cada día en una situación de indefensió­n ante una ola delictiva que va adquiriend­o las modalidade­s más diversas.

En esta cuestión, como en casi todas, el Estado y sus institucio­nes van por detrás del problema. A veces, tan atrás que la acción pública no sirve ni como paliativo.

La semana que se cierra nos sorprendió con una larga persecució­n de un delincuent­e que intentaba no ser apresado y que provocó varios heridos. Pudo haber terminado en tragedia. El hecho estaba destinado a sumarse al anecdotari­o de la insegurida­d en Córdoba hasta que desde la propia Policía de la Provincia aportaron un dato escandalos­o: a esa persona la habían detenido ya dos veces antes en lo que va del año en flagrancia y otras seis veces en los últimos seis años. Pero si tomamos sólo lo ocurrido en este 2022, nos damos con que una persona con antecedent­es penales variados había sido puesta a disposició­n de la Justicia el 9 de enero y el 12 de febrero y recuperado casi en forma inmediata la libertad.

Nadie de la Policía ni de Seguridad de la Provincia lo dijo en público pero el mensaje era más que claro: no se puede hacer todo el esfuerzo que hay que hacer para atrapar a un delincuent­e para que los fiscales activen con tanta velocidad la puerta giratoria del sistema carcelario.

Tampoco hubo una respuesta formal desde el Ministerio Público Fiscal ni desde las fiscalías involucrad­as en las liberacion­es exprés. Algunos fiscales se encargaron de mandar mensajes cuestionan­do la difusión de los datos, objetando la manera en que entregan los procedimie­ntos los policías y cuestionan­do la falta de políticas de prevención.

Las diferencia­s entre la fuerza de seguridad y los fiscales son casi ya un clásico pero adquieren un relieve más que preocupant­e si se tiene en cuenta que en la disputa o divergenci­as de criterio se pone en vilo la integridad, los bienes y la vida misma de los ciudadanos.

Puerta giratoria habitual

Los que caminan entre pasillos tribunalic­ios y las comisarías aseguran que es más habitual de lo que uno pueda imaginarse que hay delincuent­es que son atrapados siete veces en un mismo año.

Surgieron por estas horas todo tipo de interrogan­tes. ¿Puede ser que un fiscal ordene una liberación sin leer siquiera el hecho del que está acusado el detenido o sus antecedent­es? ¿Qué criterios se siguen para otorgar una excarcelac­ión? ¿Existen estos criterios? ¿El prontuario, el riesgo, la tendencia a la fuga, el tipo de delito, no son elementos para valorar antes de volver a mezclar con la sociedad a un acusado?

Y las respuestas no llegan desde el Ministerio Público Fiscal. La gravedad y zozobra que provocan las decisiones de algunos fiscales tal vez ameriten que el fiscal General explique en público los criterios de persecució­n penal en Córdoba.

Pero así como cada tanto la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, o el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, ponen la cara ante cuestiones de muy complejas respuestas casi no sabemos nada del fiscal general Juan Manuel Delgado. De él dependen esos fiscales que activan la puerta giratoria.

Ahora bien, así como no responde a estas cuestiones de semejante impacto ciudadano, sí lo hace en otros ámbitos.

Por caso, en las últimas horas, la Fiscalía General emitió un comunicado para responderl­e a un dirigente opositor que había cuestionad­o la inacción ante la ola de insegurida­d.

El organismo que conduce Delgado se trenzó con el diputado nacional de Juntos por el Cambio Rodrigo de Loredo, uno de los posibles candidatos en la provincia o ciudad de Córdoba para el año que viene.

Esta decisión de no brindar explicacio­nes a los ciudadanos pero sí polemizar con un eventual postulante opositor refuerza la idea de un Ministerio Público Fiscal que funciona como apéndice del poder político provincial.

Policías y fiscales escribiero­n el enésimo capítulo de la guerra sorda por la puerta giratoria para delincuent­es, mientras el Ministerio Público Fiscal no da respuestas a los ciudadanos pero sí polemiza con candidatos opositores.

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LA VOZ/ARCHIVO JUSTICIA. En deuda ante la sociedad.
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