Narcos. Hay cuatro detenidos por matar a Claudio Torres
Fueron apresados el mismo día en que la Justicia federal condenó a 18 integrantes de la banda.
El 16 de enero de 2019, Río Cuarto se vio conmocionada por una cruenta balacera. Apenas se bajaba de un Audi TT, el llamado “zar de la droga”, Claudio Torres, fue acribillado a balazos. Su compañero de viaje, Gabriel Bossi, resultó ileso.
El asesinato sacudió la investigación de una organización de narcolavado que desde 2014 tenía en sus manos el juez federal Carlos Ochoa. En octubre de 2021 hubo un intento fallido de juicio abreviado. Las partes insistieron y este viernes el TOF 2 lo convalidó, con penas mínimas, inferiores a los cinco años y ocho meses de prisión. La sentencia se dictó para 18 imputados. La mayoría de los condenados ya han sido excarcelados.
Para el juez Ochoa, la organización de narcolavado era liderada por Claudio Torres, Andrés y Mariano Rivarola, Gabriel Bossi, y Cristian Ortiz. Compraban marihuana y cocaína en Nordelta, José C. Paz, Tortuguitas –en Buenos Aires–, y en Rosario –Santa Fe–. Transportaban los estupefacientes ocultos en diferentes vehículos, los almacenaban en Río Cuarto con colaboración de un jefe policial (Gustavo Oyarzábal, también condenado), los vendían en Córdoba, en Puerto Madryn, en San Luis o en Chile, y lavaban el dinero obtenido. Así, durante al menos cinco años.
La banda funcionó hasta el asesinato de Torres. Los investigadores, además de realizar decenas de allanamientos y secuestros de más de 60 autos de alta gama, joyas y armas, detectaron un presunto vínculo de Mariano Rivarola y Ortiz con la resonante causa “Yerba Mala”, un cargamento de 2,7 toneladas de estupefaciente interceptado por un juez de Bell Ville en 2017.
El narcoescándalo llegó a Córdoba (TOF 2) con la calificación de “organización y financiamiento de actividades propias del narcotráfico, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad”.
El fiscal federal Carlos Gonella consideró, en cambio, que la imputación debía ser “asociación ilícita”, en concurso real con “lavado de activos” (sólo en algunos casos agravado por habitualidad), lo que posibilitó el acuerdo y juicio abreviado. Si bien las multas podrían ser hasta por 10 veces el monto de las operaciones detectadas, en este caso sólo se computó el doble (el mínimo). La Justicia también decomisó bienes por montos millonarios, entre vehículos e inmuebles a los que, una vez que quede firme la sentencia, se les daría un destino social.
¿Sicarios locales?
Sorpresivamente, en la Justicia provincial, el fiscal del Tercer Turno de Río Cuarto, Fernando Moine, comunicó este viernes cuatro imputaciones por el asesinato de Claudio Torres, tres de ellos involucrados en la causa federal. Cristian Ortiz (quien estuvo prófugo de la Justicia federal por el narcoescándalo varios meses) y Mariano Rivarola serían los presuntos autores materiales. En tanto, los partícipes necesarios serían Jonathan Nicolás Palacios, quien el 29 de abril había sido excarcelado por la Justicia federal en la causa narco, y Néstor Nicolás Robledo, quien está detenido por otro delito en Villa María y sería oriundo de Rosario.
Aunque los presuntos autores serían miembros de la banda de Torres y no sicarios desconocidos, se mantiene la presunción de que se trató de un crimen por encargo, aunque no está explicitado quién sería el autor intelectual. La calificación legal del hecho es “homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y alevosía” en perjuicio de Claudio Lorenzo Torres (y tentativa de homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Gustavo Germán Salinas –un pariente de Torres que fue herido en una pierna durante la balacera–).
Condenas acordadas
En el TOF 2, el que recibió la pena más alta es precisamente Cristian Ortiz (detenido): cinco años y ocho meses de prisión y multa de dos millones.
A Mariano Martín Rivarola (detenido) le dieron cuatro años y cuatro meses de prisión y multa de ocho millones y a Andrés Rivarola (en libertad), cuatro años y un mes de prisión (el fiscal sólo lo acusó por lavado), y una de las multas más altas: 27 millones.
En tanto, el exjefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia, Gustavo Oyarzábal (detenido), como “partícipe necesario”, acordó una pena de cuatro años y 10 meses de prisión, además de inhabilitación especial por siete años.
La defensa de Gabriel Bossi (detenido) aceptó cinco años de prisión y una multa de 5,2 millones (en forma solidaria con su pareja, Tatiana Gallo, condenada a tres años de ejecución condicional).
Entre el resto de los condenados figuran Samuel Marcelino Mansilla (dirigente del Surrbac), a quien le unificaron a 12 años la pena por diferentes delitos.