La quimera del salario básico universal
Se suele decir que toda regla tiene su excepción. El famoso teorema de Baglini (por el exlegislador radical Raúl Baglini) está experimentando ese fenómeno.
A mediados de la década de 1980, en plena discusión por la deuda externa, el entonces diputado mendocino deslizó un razonamiento que cristalizó luego para definir un hábito de la política vernácula: cuanto más lejos está un partido o un dirigente de acceder al poder, más irresponsables son sus propuestas. Y viceversa.
En las últimas semanas, legisladores que integran la coalición oficialista han presentado proyectos que van a contramano de la racionalidad fiscal y de las metas que el propio Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La novedad más reciente de esta saga –hija putativa del divorcio de los Fernández– es la iniciativa del diputado Itai Hagman (acompañado por sus pares Natalia Zaracho y Federico Fagioli) para implementar un salario básico universal.
La idea hunde el dedo en un tema de alta sensibilidad, que es la definición de acciones sustentables y efectivas para achicar las tasas de pobreza y de indigencia, en especial esta última.
Pandemia y después
El impacto de la pandemia reavivó en muchos países el debate por un ingreso universal, de la mano de transferencias o ayudas directas que los gobiernos instrumentaron ante semejante shock de oferta y demanda.
En Argentina, esa secuencia giró alrededor del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), complementado con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
En esencia, la nueva propuesta no es “universal”, sino que apunta a un grupo con vulnerabilidad sociolaboral que coincide con la cantidad de beneficiarios del primer tramo del IFE: alrededor de nueve millones de personas.
De llevarse a cabo, recibirían el equivalente al valor de la canasta básica alimentaria (CBA) para un adulto, que ronda los 13.500 pesos.
Según el texto del proyecto, el plan pretende, con un solo instrumento, cumplir con 11 objetivos. Cualquier especialista en el diseño de políticas sociales advertiría esa inconsistencia.
Pero lo más importante y realmente tangible es “reducir sustancialmente la tasa de indigencia”. Al fin y al cabo, poner plata en el bolsillo facilita cumplir con eso. Lo mismo ocurre cuando se propone “ampliar la cobertura del sistema de seguridad social”, que ya de por sí es amplio y cuyo peso recae sobre las espaldas del 18 por ciento de la fuerza laboral.
Otro objetivo es “redistribuir el excedente producido por nuestra sociedad”, cuando el producto interno bruto (PIB) por habitante es casi 10 puntos menor que el de 2012. La torta para repartir es cada vez más chica, y eso ocurre porque no hay crecimiento real y se sufre descapitalización y pérdida de productividad.
Pero el costado más débil es el del financiamiento. Se menciona un costo fiscal de 1,5 billones de pesos, equivalente a 2,1 por ciento del PIB, que podría bajar a 0,6 por ciento y quedar en alrededor de 430 mil millones de pesos con una reorganización del universo de políticas sociales.
En rigor, ese punto está en los argumentos, pero no en el articulado, por lo que nada asegura que se vaya a cumplir.
El año pasado, un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que hay unas 22 millones de personas que reciben asistencia social. Hace 20 años eran dos millones. Y la pobreza continúa siendo un problema grave.
Pero, además, no hay una sola pista para saber de dónde saldrá la plata. En todo caso, la estamos imaginando: emisión o más presión fiscal.
Y es que el proyecto valora el antecedente de las moratorias previsionales, sin reparar en el descalabro financiero que provocaron. “Un punto de partida debería ayudar a distinguir lo no contributivo de lo contributivo, como medida de ordenamiento esencial. De lo contrario, se profundizan los déficits estructurales”, opina Lucas Navarro, economista y consultor del BID.
En esa línea, cree que los datos que dejó la registración para el IFE “deberían ayudar a afinar la sintonía sobre ese universo con mejores incentivos”. El crecimiento de la informalidad ha sido elocuente.
Quizás, más que abrazarnos a una quimera, lo innovador sería imaginar caminos posibles para impulsar la formalización, con mejores estímulos ligados a la formación y a la inserción laboral genuina.
Legisladores oficialistas promueven esa medida para reducir la indigencia, pero sin pistas sobre cómo financiarla.