La Justicia en cuestión
Sin dudas, el mensaje ha sonado fuerte y claro, como para que hasta el más desprevenido integrante del Poder Judicial, aun en remotos confines del país, lo registre: la Justicia anticorrupción es solo un eufemismo y nadie debería, ni por casualidad, pensar que se puede investigar al poder. Porque, lo dice el mensaje cursado desde la Justicia entrerriana, poder y corrupción van de la mano, y nadie debe interferir en semejante asociación, que en la Argentina tiene cada vez más manifestaciones concretas.
Fueron los integrantes del jurado de enjuiciamiento de Entre Ríos quienes, en un trámite exprés que no registra precedentes, decidieron destituir a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche por haberse atrevido a investigar una compleja trama de corrupción por la que durante más de 10 años el exgobernador Sergio Urribarri lideró un esquema de apropiación de millones de dólares mediante contratos truchos, lo que condujo a la reciente condena del exmandatario.
La respuesta ha sido contundente: la cabeza de la exfiscal debía rodar para que sirviera de ejemplo y a todos les quedara claro que la Justicia no es un poder independiente, y que sus intereses y los de la política no se rozan siquiera para no perturbar los negocios de los poderosos.
Para contrastar esa rara celeridad entrerriana, que hasta se dio el lujo de ningunear a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un juez federal mendocino procesado por asociación ilícita, lavado y otras pequeñeces sigue en su puesto –con competencia electoral–, dado que en el Consejo de la Magistratura no se consiguen los votos para ponerlo a derecho.
El caso de la exfiscal Goyeneche impacta directamente bajo la línea de flotación de una Justicia agobiada por la suma de inoperancia, complicidades diversas y politización, y vale para explicar buena parte de lo que nos pasa como sociedad, sobre todo si se pasa revista a las repercusiones del caso: más allá de la reacción de colectivos vinculados a la tarea judicial y el fuerte impacto periodístico que produjo, ha sido otro colectivo social, el de los dirigentes políticos, el que ha permanecido, salvo honrosas excepciones, ajeno a la cuestión.
Lo que tendría que haber generado una indignación en gobernadores, senadores y diputados apenas si mereció algún tuit aislado. No debe de ser casual.
La sociedad argentina esperaba de las distintas formas de oposición existentes –demasiado ocupadas en asegurarse un lugarcito en las próximas elecciones– una enérgica toma de posición en este tema y un respaldo contundente a quienes aún se empeñan en investigar al poder. Pero ello no ha sucedido, quizás porque quienes hoy no están en el poder no quieren ser los investigados de mañana.
En suma que se ha reeditado aquella costumbre de la antigüedad, la de matar al mensajero portador de malas noticias, práctica que goza de amplio predicamento. De todos modos, la sociedad argentina no puede permitirse ignorar el escándalo ético que representa el caso de la fiscal Goyeneche.