El 24% de los profesionales de la salud pública atiende la IVE en Córdoba
La organización Católicas por el Derecho a Decidir impulsó el estudio por el que se encuestó al 89,4% del personal de salud pública de la provincia.
La asociación Católicas por el Derecho a Decidir Argentina realizó un monitoreo en los meses de junio, julio y agosto de 2021 a través del cual detectó que el 24% de los profesionales de la salud pública en Córdoba atiende la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
El estudio ahonda en la condición en la que se encuentra el subsector de salud pública de la provincia respecto del acceso a métodos anticonceptivos y atención de la IVE/ILE y el nivel de formación sobre esta temática de los equipos de salud.
Para ello encuestaron un total de 721 efectores de salud, que constituyen el 89,4% del total (806) del subsistema público provincial. En el informe no está incluido el sistema privado de salud. Para la realización del relevamiento desde Católicas convocaron a la Red de profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir para conformar un equipo de trabajo que participe en el diseño y la implementación de la propuesta. Los encuestadores fueron también trabajadores del sistema de salud.
El informe fue presentado ayer por la asociación en la sede de la Nueva Casa del Docente (San Jerónimo 560) y en el evento participó Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud de la Nación.
Ana Morillo, encargada del relevamiento, advirtió que fue realizado a ocho meses de la aprobación de la ley y con un sistema de salud saturado por la pandemia y con poca difusión sobre la misma. “Detectamos muy poca aplicación de la interrupción legal del embarazo (ILE) y que falta trabajar en la provisión de métodos anticonceptivos. Hay muy pocos centros de salud que colocan implantes o el DIU. Creo que también hay que avanzar en cuanto al acceso de la ligadura de trompas y la vasectomía”, explicó.
“El monitoreo sirve como diagnóstico para que el Gobierno pueda trabajar en ello. “Si en Córdoba llegamos a un 24% de aplicación, que no es un mal número, en gran parte se dio por la conformación de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir previo a la ley, pero falta avanzar. Lo bueno es que el monitoreo sirvió también para que algunos centros de salud se sientan interpelados y de alguna manera activó que algunos comiencen a trabajarlo”, agregó.
Aborto
En este segmento del monitoreo en cuanto a la accesibilidad de la IVE, se detectó que 178 de los 721 efectores de la provincia de Córdoba (24,7%) dan respuesta hasta la semana 12 de gestación.
Por su parte, observaron que el 75,4 % no atiende casos de IVE, o realiza consejería y deriva con o sin turno programado. “Este porcentaje es el resultado de la suma de quienes no atienden (34,7%), quienes realizan consejería y derivan sin articulación (15,7 %) y quienes realizan consejería y derivan con turno (25%). Hay un 50% de efectores que no responde según lo que la ley establece, ya que no deriva con turno ni atiende”, indicaron en el estudio.
En cuanto a la distribución geográfica de los profesionales que atienden la IVE, detectaron que hay departamentos de la provincia que no cuentan con atención, como Río Segundo, Juárez Celman, Río Seco, Ischilín, Sobremonte y Pocho; y otros poseen sólo un efector como Tulumba o Presidente Roque Sáenz Peña.
La mayoría de los efectores que sí aplican se concentran en Córdoba capital donde residen 80 de los 178 profesionales.
En cuanto a los métodos usados, la gran mayoría (98,3%) indicó el tratamiento farmacológico como opción terapéutica. También se observó un 10.1% de efectores que realizan la técnica de aspiración manual endouterina (Ameu), y un 8,4% el legrado.
Sobre las dificultades que presentan las instituciones para aplicar la IVE, en el monitoreo detectaron que en primer lugar la falta de recursos humanos, con un 45,2%; en segundo lugar, la falta de insumos; en tercer lugar, dificultades en la infraestructura (falta de consultorios) con un 14% y en cuarto lugar la falta de capacitación para el abordaje (10,5%).
Un 8%o de los encuestados precisó como dificultad la objeción de conciencia, que fue manifestado “como un impacto de mayor carga laboral al personal que sí garantiza el acceso a IVE”.
Otras dificultades menores fueron la falta de articulación entre niveles (1,8%), la falta de recursos para el seguimiento (1,5%) y el impacto de la pandemia (0,4%).
El 18,8% de los encuestados manifestó no registrar dificultades.
El 69,3% de las personas encuestadas respondió que el personal de su institución requiere capacitación sobre la implementación de la ley.
En el informe hicieron hincapié en la “recarga laboral que sufren quienes resuelven estas prácticas, versus quienes no las resuelven” y manifestaron que esto conlleva “que las personas usuarias deban realizar traslados, a veces de kilómetros, para poder acceder a la práctica” cuando no hay profesionales en su zona. “En ciertos lugares comienza a garantizarse la prestación a partir de contrataciones puntuales de profesionales de la salud con perspectiva”, indicaron en el informe.
ILE , con escaso acceso
En cuanto a la interrupción legal del embarazo que la ley 27.610 habilita posterior a las 14 semanas en los casos que presenten un riesgo para la salud de la persona gestante o cuando son fruto de una violación, sólo 11 profesionales (9%) realizan esta práctica, que corresponde al segundo y tercer trimestre de gestación.
De esos 11 profesionales, cinco se encuentran en Córdoba capital. “De estos datos puede inferirse que se detectan barreras/obstáculos al acceso de la práctica, ya que es bajo el porcentaje de instituciones que cumplen con la ley”, expresaron.