Ni Una Menos: contra los femicidios, el ajuste y la pobreza
Asiete años de la primera marcha por Ni Una Menos, este 3 de junio volveremos a ser miles en todo el país, porque la violencia de género y los femicidios no tienen freno.
En lo que va de 2022, se han contabilizado 117 femicidios y travesticidios, 158 niños fueron asesinados en femicidios vinculados, e ingresan a la Justicia más de 60 denuncias al día por violencia sexual. El fracaso de los ministerios de las mujeres y diversidades como política de Estado para erradicar la violencia está a la vista, no sólo por las alarmantes cifras que se repiten año tras año: también porque esos organismos ocupan el centro de los cuestionamientos provenientes de un movimiento de mujeres y diversidades que nunca abandonó las calles.
La jornada llega, además, en una provincia atravesada por casos de violencia y abusos que involucran a funcionarios y a fuerzas policiales. En diciembre del año pasado, Juan Ledesma, titular del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), fue denunciado por su pareja por violencia de género y abuso sexual.
A los pocos días, fue detenido el exdirector de Defensa Civil de la provincia Diego Concha, por golpear y amenazar con arma de fuego a su expareja y por la violación a Luana Ludueña, bombera voluntaria que luego se suicidó debido al acoso que sufría para que retirara la denuncia.
Por si fuera poco, por estos días la Justicia de Cosquín solicitó el cotejo de ADN del mismo exfuncionario con material genético hallado en el cuerpo de Andrea Castaña, víctima de femicidio en el cerro La Cruz de Villa Carlos Paz, en marzo de 2015.
El desarrollo del juicio de Cecilia Basaldúa, a dos años de su femicidio, está tomando ribetes cada vez más oscuros, que dejan ver un entramado de complicidades y encubrimiento con fuerza policial actuante en Punilla.
En este escenario de impunidad, también se inscriben las muchas madres protectoras que denuncian abusos sexuales en las infancias y las adolescencias, cotidianamente silenciadas por la Justicia mediante la utilización de la figura (inexistente para la ciencia) del “síndrome de alienación parental” (SAP). Como se advierte, la violencia y la revictimización son endógenas a este régimen en descomposición.
Mientras las funcionarias del Polo Integral de la Mujer operan como meras observadoras de la realidad que nos atraviesa, el dato que redunda en estas áreas es el vaciamiento y la subejecución presupuestaria, denunciadas por sus propias trabajadoras. Lejos de ser el bastión para la apropiación gubernamental de nuestra causa, se ha convertido en el ejemplo fáctico de la incompatibilidad de cualquier salida para las mujeres bajo un Estado ajustador.
Ante la estafa del barniz “de género” de las políticas estatales, lo que necesitamos es un organismo autónomo, con presupuesto propio, independiente del Estado y de los gobiernos.
Por otro lado, que el movimiento de mujeres esté nutrido de un enorme contingente de protagonistas de la lucha piquetera es el resultado de una gran conclusión política: el ajuste es una de las peores violencias que padecemos. La que se expresa con crudeza en los índices de desempleo, precarización y pobreza.
Nuestro grito de Ni Una Menos es también un grito contra el pacto del Gobierno con el FMI. Es una condición urgente e ineludible para no seguir pagando la deuda usuraria y fraudulenta con la sangre de nuestras muertas. Así lo expresamos en las consignas del 8 de marzo y en la adhesión a la marcha federal piquetera, y tiene plena vigencia en la instancia de movilización que se avecina.
Como demostramos en el pasado, nuestro movimiento tiene la potencialidad para arrancar a este régimen capitalista y patriarcal en decadencia las conquistas que nos faltan.
El fracaso de los ministerios de las mujeres y diversidades como política de Estado para erradicar la violencia está a la vista.