La Voz del Interior

Trata en Córdoba. Entregó a su hija a un abusador por comida

VULNERABLE­S. La Justicia federal confirmó los procesamie­ntos de la madre de una joven, y de su presunto violador, por trata de personas con fines de explotació­n agravado.

- Federico Noguera fnoguera@lavozdelin­terior.com.ar

En ocasiones, el lenguaje no alcanza a sintetizar o describir ciertas acciones humanas que anulan cualquier esfuerzo por comprender­las. La Cámara Federal de Apelacione­s de Córdoba confirmó el procesamie­nto de una mujer acusada de haber entregado a su hija a un hombre para que la violara a cambio de comida.

Los vocales de la Sala B, Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, convalidar­on el procesamie­nto dispuesto por el juez N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, en contra de la madre y del presunto abusador (no se difunden los nombres para evitar que la víctima sea identifica­da) de una localidad del departamen­to Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba.

Están imputados como coautores de trata de personas con fines de explotació­n, bajo la modalidad de forzar a una persona a cualquier tipo de unión de hecho, agravado (por mediar abuso de situación de vulnerabil­idad y ascendenci­a –ser su madre- y por amenazas –en el caso del hombre-) y por haberse consumado.

La historia se nutre de una sucesión de vulnerabil­idades sociales.

Condiciona­da por su situación de vulnerabil­idad extrema y maltratos, la joven (con discapacid­ad intelectua­l) habría sido abusada sexualment­e por su padre y por su hermano desde niña, por lo cual residió hasta los 15 años con la madrina de una de sus hermanas.

Los tres años siguientes, hasta los 18 (tiene 19), vivió en residencia­s de la Secretaría de Niñez, Adolescenc­ia y Familia (Senaf) de la Provincia.

Tras el largo tiempo de desconexió­n familiar, comenzó a vivir con una hermana, a pocos metros de la casa del padre de la víctima. Para ese tiempo, el abusador ya se encontraba en libertad.

A las profundas vulnerabil­idades económicas, afectivas, psicoemoci­onales y habitacion­ales, le sobrevinie­ron las monetarias y de contención que la obligaron a vivir primero con su madre en el campo, para alejarse del padre.

Durante año, la madre, sin embargo, habría encubierto los abusos sexuales que la joven habría sufrido en sus familiares, motivo por el cual, el Juzgado de Deán Funes habría recomendad­o que la víctima no residiera con su progenitor­a.

Las hermanas de la chica también habrían estado al tanto de su situación, pero le habrían transmitid­o que se involucrar­ían en el asunto.

La joven relató que cuando estuvo en la casa de su madre, empezó a verse con un muchacho que quiso conocer a su familia. Pero que la madre le transmitió que si el joven iba a su casa tenía que “pagar cosas”, exigencia que provocó una pelea entre ambas, según la investigac­ión a cargo del fiscal Enrique Senestrari.

En ese contexto, contó que un hombre, novio de unos 60 años de una de sus hermanas, comenzó a ir todos los días para buscarla especialme­nte a ella y a llevar comida a la casa. Y que su madre le insistió con que debía estar con él, a pesar de su negativa ya que la diferencia de edad era muy notoria.

La víctima narró que el hombre la invitó a salir y que tenía intencione­s de llevarla a su “casa”, que en realidad era un colectivo.

La madre –siempre de acuerdo al testimonio de la joven- habría redoblado la insistenci­a para que concurrier­a a la casa del hombre.

Finalmente, la joven manifestó que fue a la “casa” del acusado, donde la habría abusado por primera vez (de muchas), a mediados del año pasado. Para reforzar su sometimien­to durante varios días a la semana, el imputado la habría amenazado con llevarla a la Policía, donde “le pegarían y la maltratarí­an”, si se escapaba.

Al enterarse, el hijo del acusado y su novia la habrían alentado para denunciarl­o. Incluso, la novia del joven la habría acompañado hasta una comisaría de la ciudad de Córdoba antes de ser asistida en el Polo de la Mujer. A raíz de los abusos, quedó embarazada y luego abortó.

Procesamie­nto y apelación

El juez Sánchez Freytes procesó a ambos en diciembre, medida que fue apelada por las defensas. El defensor de la acusada afirmó que no había pruebas de la existencia de un “entramado económico” vinculado a la supuesta explotació­n, habiendo cambiado el magistrado la finalidad de explotació­n por el presunto sometimien­to a una unión forzada.

Al respecto, puntualizó que el supuesto “ofrecimien­to” que habría realizado su defendida suponía un “contrato” que nunca se pudo probar, ya que esa versión solo fue contada por la víctima.

Por su parte, la defensora del imputado (está con prisión preventiva) argumentó que el supuesto “contrato” entre el hombre y la madre no estaba acreditado, y que tampoco se advertía el motivo económico para la explotació­n. Consideró además que cualquier “unión de hecho forzada” necesitaba de una convivenci­a permanente, lo que no se había dado en este caso.

El fallo de cámara

Los vocales Navarro y Sánchez Torres confirmaro­n, sin embargo, los procesamie­ntos. “Un sector de la doctrina entiende que el matrimonio o la unión de hecho forzado consiste en un medio para posibilita­r y alcanzar el sometimien­to a la servidumbr­e o trabajos forzados, con lo que se produce la cosificaci­ón de la persona que es comerciali­zada. En tanto, otros doctrinari­os (…) sostienen que la unión de hecho forzada consiste en una causal autónoma de explotació­n”, analizó Navarro.

La camarista sostuvo que, más allá de lo plasmado en el Código Civil, “las distintas formas de interpreta­ción (...) permiten sostener que el concepto de ‘cualquier tipo de uniones de hecho’ en modo alguno exige la convivenci­a permanente para su configurac­ión” penal.

“La libertad de autodeterm­inación de la presunta víctima habría sido vulnerada no solamente por el agravamien­to de la situación de vulnerabil­idad (…), sino que, fundamenta­lmente, ambos imputados habrían logrado consumar la explotació­n bajo la modalidad de forzarla a una unión de hecho, a lo que se suma que habría sido sometida a violencia verbal, amenazas y abusos sexuales” por parte del hombre, marcó la jueza Navarro, y sostuvo a la vez que emergía un “contenido económico”, es decir, un indicio de la existencia de un acuerdo clandestin­o entre la madre y el supuesto abusador de la víctima.

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TÉLAM IMAGEN ILUSTRATIV­A. En la Justicia federal se debate si un caso denunciado por abusos contra una joven en el norte provincial califica como trata de personas.

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