La Corte Suprema y la institucionalidad
La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que implicó suspender los actos electorales previstos para este domingo 14 en las provincias de Tucumán y de San Juan, generó fuertes controversias sobre la supuesta injerencia de la Justicia en la política dentro del sistema democrático republicano vigente en la Argentina.
Se le reprocha al máximo tribunal que se maneja con tiempos que no sincronizan con los de la ciudadanía. Pero cuando se pronuncia sobre un tema importante, se le sigue reprochando su sentido de la oportunidad.
La Corte avaló el pasado martes 9 la cautelar que presentaron quienes entendían que era anticonstitucional la pretensión de Juan Manzur y de Sergio Uñac de sucederse a sí mismos, pese a lo que las constituciones provinciales especifican al respecto. Por esa razón, ambas elecciones debieron ser aplazadas.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, los tres magistrados supremos que firmaron el fallo, se ganaron así las críticas de la Argentina feudalizada y de todo un oficialismo que ha elegido una vez más a la Corte como su enemiga favorita.
Lo que el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, prefiere ignorar es que la Corte no hizo sino ratificar sus anteriores fallos en la materia, en los casos de Santiago del Estero y de Río Negro, por lo que mal podría contradecirse.
Por cierto, el primer mandatario no está solo, ya que lo acompañó en la diatriba el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien cuatro años antes había solicitado igual resolución en Río Negro y la había celebrado con la misma energía que hoy emplea en condenarla. Vaivenes del tiempo.
El punto es que la Suprema Corte sólo hizo su trabajo, ese que se le reprocha no realizar en tiempo y forma, el mismo que merece un rosario de reproches ahora que efectivamente el máximo tribunal se expidió. Y al hacerlo, buscó salvaguardar la salud institucional del país en momentos en que todas y cada una de las instituciones parecen en estado crítico, mientras un Poder Ejecutivo, del que se esperaban actitudes proactivas y capacidad de trabajo, disimula su estruendoso fracaso enredándose en peleas estériles.
Un párrafo aparte merece el momento elegido por la Corte para pronunciarse, apenas cinco días antes de los comicios provinciales ahora suspendidos.
Es cierto que el tema llegó al máximo tribunal hace pocas semanas, pero los magistrados podrían haberse evitado el engorro si hubiesen actuado con mayor celeridad. El fallo en cuestión debió emitirse mucho antes, a efectos de evitar suspicacias, máxime tratándose de algo que ya antes el mismo organismo había resuelto.
Más allá de lo políticamente objetable, el fallo de la Corte Suprema de Justicia debe ser entendido como un llamado de atención sobre la anomia generalizada del país, en un momento de extrema debilidad institucional. Que algunos hayan hecho lo que de ellos se espera, en momentos en que muchos eluden sus responsabilidades, no es poco.