Límites a quienes buscan perpetuarse indefinidamente en el poder
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) pone límites a la voluntad de los gobernadores de perpetuarse indefinidamente en el ejercicio del poder.
El triunfo de Roberto Quintela en la gobernación de La Rioja y el logro de la mayoría de los convencionales constituyentes nos sorprendió por el cariz de las propuestas en materia judicial.
Contemplan la facultad del Ejecutivo de controlar a los jueces a través de una comisión que evalúe su salud física y psíquica; y la atribución del gobernador de vetar las sentencias de los tribunales.
En la misma dirección, les prohíbe a los medios de comunicación el cuestionamiento de las decisiones de los poderes políticos, ya que ello entorpecería la acción de gobierno.
La constitución de Irán concede esas facultades al líder religioso del país. De modo tal que Quintela se ha erigido en una suerte de ayatollah.
Luego, en la semana, la CSJN dictó dos sentencias que impiden la reelección del gobernador Sergio Uñac, de San Juan, y la candidatura a vicegobernador del actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, porque su voluntad de seguir en el ejercicio de esas funciones contraría lo que disponen las respectivas constituciones provinciales. Ello a pesar de que recibieron el aval de las cortes supremas en ambas provincias.
La CSJN suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan a cinco días de los comicios; los expedientes en los que decidió estaban en condiciones de ser resueltos desde hace 14 y 26 días, respectivamente. La CSJN cita los precedentes que frenaron aspiraciones reeleccionistas por violar las constituciones locales, incluso con suspensión de las elecciones en tiempo de descuento: cuando en 2013 la Corte suspendió los comicios de Santiago del Estero cinco días antes.
Esas elecciones a gobernador, previstas para el 27 de octubre, se celebraron finalmente el 1 de diciembre de 2013.
Luego de que el fallo de la CSJN suspendiera las elecciones en Tucumán y San Juan por considerar que incumplían la Constitución Nacional (CN) respecto de las reelecciones, Manzur convocó a una conferencia de prensa para anunciar que declinaba su candidatura a vicegobernador.
La decisión del máximo tribunal sobre Tucumán y San Juan generó un enorme revuelo político, y el peronismo en general se alineó detrás de los gobernadores afectados, para atacar al máximo tribunal y denunciar proscripción por parte de la Justicia.
Consideramos que la competencia de la CSJN está justificada por tratarse de una cuestión de eminente interés institucional, en la que se encuentra en juego la continuidad del sistema representativo y republicano (artículos 1 y 5 de la CN).
No se debe olvidar el carácter supremo de la CN (artículo 31). Además, nos parece una intervención razonable de la CSJN que no altera ningún artículo de la parte dogmática de la CN. La CSJN expresa que la alternancia en el ejercicio del gobierno es de la esencia de un sistema republicano.
Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la autoridad supranacional reconocida como última instancia judicial en la CN (artículo 75, inciso 22) sostuvo hace alrededor de una década en una sentencia que la reelección ilimitada de los titulares de poderes ejecutivos es contraria a la forma republicana.
Sabias palabras que hablan a las claras de la necesidad de preservar en todo momento la salud institucional de una república.
En un país como el nuestro, en el que todo sirve para justificar las pretensiones de los gobernantes, lo que redunda en la peor de las situaciones –corrupción junto a impunidad–, las decisiones de nuestro máximo tribunal nos ilusionan, ya que van en el sentido contrario, con la posibilidad de que nuestra maltrecha república pueda renacer prontamente y así salir de la decadencia actual.
Por último, nos parece loable la aspiración de la oposición de Formosa de oponerse por vía judicial a una nueva reelección del gobernador Gildo Insfrán, después de 30 años en el ejercicio del Ejecutivo. Semejante situación ofende a toda la sociedad. Ojalá que la CSJN falle en ese sentido, ya que de hacerlo seguiría el camino de más de una década de lucha contra los feudos provinciales.
Consideramos que la competencia de la Corte Suprema está justificada por tratarse de una cuestión de eminente interés institucional.